COPRODUCCIÓN DE LA PAZ SOCIAL: LA ELEVACIÓN DE LAS PENAS PARA ADOLESCENTES VISTAS SEGÚN LAS TEORÍAS DE ELINOR OSTROM

La ciencia económica también ha analizado la paz. Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía (2009) –primera y única mujer en recibir el premio Nobel de economía– fue una estudiosa de los modos de gestión de los recursos comunes. En sus escritos describe la multiplicidad de esquemas que diseñan los usuarios de recursos agotables (pescadores) o de uso común (educadores, centros de policía) para lograr un conjunto de reglas que permitan enmarcar la toma de decisiones en un esquema que haga cumplir las normas acordadas, todo esto tomando en cuenta los conflictos de interés dentro del mismo grupo.

Combatió la idea de Samuelson (1954) de que, a similitud de los bienes privados, los bienes comunes solo pueden ser de dos tipos, o excluibles (aquellos no posibles de consumir sin pagar) o “sin rivalidad” (consumibles o usufructuados por un solo individuo en desmedro del resto). Un ejemplo de esto es el conocimiento, que no rivaliza, ya que aquellos quienes lo comparten no pierden nada mientras que otros ganan. Los esposos Ostrom “sustituyeron el concepto de rivalidad por uno de “sustracción en el uso” lo cual conceptualizaba la gradualidad del usufructo por una o varias personas o grupos y subdividía la clasificación de bienes y servicios en 4 tipos que identifican mejor los incentivos que encaran las personas en su uso y gerencia” (Ostrom, E., 2009: 412-413).

En vista de la variedad de posibilidades administrativas mixtas que surgen de la anterior clasificación luchó por derribar las barreras entre lo definido como Gobierno (administración pública) y como sociedad civil (administración privada) por considerar que entorpecía la búsqueda de soluciones efectivas arguyendo que este esquema implicaba pre-suponer que las personas eran solo “consumidores o votantes” (Ostrom, 2009: 410) y nunca tomadores activos de decisiones y/o supervisores comprometidos con su cumplimiento.

Esto la llevó a descomprobar la tesis de la “contribución cero” que sostiene “que al menos que la cantidad de personas sea muy reducida, o que exista algún medio de coerción que obligue a los individuos a actuar en el interés del bien común, individuos racionales y egoístas se comportarán de manera que no permita satisfacer los objetivos del grupo o comunidad” (Ostrom, E., 2000: 137).

En otras palabras, que las personas solo aportan a una causa si aumenta su beneficio propio. Las investigaciones de Elinor Ostrom encontraban que las personas si cooperaban entre sí en aras de un objetivo para la comunidad, “incluso no derivasen ningún beneficio personal de esto e incluso a veces a un costo” (Ostrom, E., 2000: 142).

Al estudiar los problemas de escala en la provisión de servicios públicos Ostrom encontró que las organizaciones o ciudades pequeñas y medianas eran mucho más efectivas monitoreando el rendimiento y reduciendo los costos incurridos en los servicios a sus ciudadanos. El ejemplo más famoso de esto fue su estudio de los departamentos de policía en ciudades grandes y pequeñas (Ostrom, Elinor.; Parks, R.; Whitaker, G.; 1973a).

Con sus estudios Elinor y su esposo Vincent Ostrom demostraron que el “policentrismo” –o la gestión desde muchos focos o centros– no resultaba un esquema caótico en relación a los esquemas centralizados, sino que podía proveer arreglos productivos muchas veces inmejorables si las partes funcionan como un sistema. Define un sistema como una situación donde “una pluralidad de tomadores de decisiones se toman en cuenta desde un punto de vista competitivo, establecen mecanismos contractuales o cooperativos y tienen recurso a mecanismos centrales para resolver conflictos” (Ostrom; Tiebout y Warren; 1961: 871).

E. Ostrom sostiene que los sistemas complejos funcionan mejor que sistemas simples y centralizados debido a que “la magnitud óptima de una organización para la producción y provisión de bienes y servicios difiere radicalmente para distintos tipos de bienes y servicios. Si el bien o servicio es uno caracterizado por deseconomías de escala entonces es mejor provisto por pequeñas unidades” (Ostrom, 2012: 56). La paz social y la educación son ejemplos de servicios que requieren atención a nivel individual. ¿Qué tiene que ver esto con la propuesta legal de aumentar las penas penitenciarias a los menores que incurren en delitos, cada vez más comunes y además, espantosos? Veamos.

Por una parte, la teoría económica asume que todos los entes son racionales, conocen todas las estrategias posibles para enfrentar una situación; los resultados pueden lograrse con estos y tienen internalizados un orden de preferencias en base a lo anterior. ¿Podría decirse que el delincuente menor de edad es un ente racional?

La evidencia sugiere que muchos cumplen con los postulados mencionados más arriba. Ejercen actividades de riesgo en el entendido de que la recompensa lo vale. En la aplicación de su razonamiento costo-beneficio, su costo de oportunidad de no cometer una delincuencia es de cero o cercano a cero. Y en caso de ser atrapados, entienden su preferencia ante la ley, o se la han dado a entender.

Sin embargo, su horizonte y sus opciones son limitadas (por ejemplo, no hay trabajo, su elección es entre ocio y delincuencia) y sus aspiraciones, muy puntuales. Vista la relación costo-beneficio si no se sale con las suyas, podría decirse que el delincuente (y no necesariamente menor) es un ente racional y calculador en el corto plazo, pero irracional en el largo plazo pues no tiene sentido arriesgarse a años de prisión por cometer un delito cuya recompensa solo cubrirá un período corto de necesidades o satisfacciones. Lo lógico sería que un delito que conlleva a 10 años de prisión, reportase beneficios que cubrieran 10 o al menos 5 años de gastos, no uno o dos meses, o peor, semanas.

Por otra parte, resulta que la paz social no es ni un bien “excluible” ni un bien “sin rivalidad”. No es excluible porque no se puede cobrar su usufructo (una vez existe, está disponible gratuitamente) y no es “sin rivalidad” porque el usufructo de la paz por una persona o grupo no reduce la posibilidad de otros de disfrutarla. Por el contrario, la paz social presenta la característica de que requiere que todos contribuyan para que una vez lograda la generalidad pueda disfrutarla en la medida deseada indistintamente de su nivel de aporte.

Ostrom define la paz social como un bien de “alta dificultad de exclusión” y “baja sustracción en su uso” o baja rivalidad (Ostrom, 2009: 413). Y sus investigaciones verifican otro hecho importante, que el contexto en el cual se trata de ofrecer un bien como la seguridad ciudadana cambia la actitud de quien lo ofrece (Ostrom, 2009: 413). Esta conclusión se deriva de sus estudios sobre los departamentos de policías que se vuelven menos efectivos y más distantes cuando pasan de patrullar a pie (y conocer de cerca a la gente) a patrullar en carro (Ostrom y Whitaker, 1973b). Esto es de suma importancia práctica.

Ostrom dice que es un error y una “regresión teórica” considerar a todos los entes sociales como involucrados en un “dilema del prisionero” –personas atrapadas en una situación sobre cuya estructura no pueden incidir– y señala que los usuarios de un bien público no están limitados por ese supuesto (Ostrom, 2009: 416). En realidad, los entes sociales –y aquí interfiere el entorno y su disposición individual– tienen como recurso la comunicación y la negociación entre las partes.

También refuta la teoría económica clásica diciendo que “presupone que los bienes comunes no son de nadie, por lo que el gobierno debe intervenir de manera centralizadora para imponer nuevas externalidades (políticas públicas) para prevenir la destrucción de ellas por los usuarios, dado que no pueden hacer otra cosa que destruir los recursos sobre los cuales descansa su propio futuro y el de los demás” (Ostrom y Gardner, 1993: 95). Visto así, los ciudadanos somos ciegos.

Pero Ostrom encontró múltiples casos donde los usuarios de bienes comunes se organizaron para resolver sus propios problemas. Sus estudios la llevaron a la realización de que la producción de servicios, en contraste con la producción de bienes, requiere de la participación activa de quienes supuestamente reciben el servicio. Dice: “Si los estudiantes no están activamente involucrados en su propia educación, alentados por sus familias y amigos, lo que hagan los profesores tendrá poco impacto en las habilidades adquiridas. Si los ciudadanos no reportan eventos sospechosos a la policía, es poco lo que se puede hacer para reducir el crimen ni resolver los casos” (Ostrom; 1996: 1079).

Ostrom y su equipo de investigadores “desarrollaron el término coproducción para describir las relaciones que pueden existir entre “productores” de servicios públicos (policías, profesores, trabajadores de la salud) y los “clientes” quienes desean ser transformados por el servicio en personas mejor educadas, saludables y seguras. La coproducción es una forma de sinergia entre lo que realiza un gobierno y lo que ocurre con los ciudadanos” (Ibid.). Ostrom consideraba que la coproducción de muchos bienes y servicios públicos era “crucial para lograr mayores niveles de bienestar, particularmente en países en vías de desarrollo” (Ostrom; 1996: 1083). [El subrayado es mío].

Sus críticas al academicismo en estos temas eran fulminantes: “los libros de administración pública enfatizan las habilidades administrativas necesarias para una burocracia y nunca la habilidad de resolver problemas conjuntamente con los ciudadanos; los libros de economía señalan la necesidad de la intervención estatal si falla el mercado, los libros sobre ciencias políticas estudian los mecanismos de partidos y de estrategias legislativas visualizando a los ciudadanos como votantes y espectadores y nunca tratando sobre cómo se producen y entregan los servicios públicos… hasta los libros sobre gobiernos locales señalan la descentralización como evidencia de la fragmentación y no como la existencia de una organización que opera a muchas escalas diferentes” (Ostrom, 1996: 1083). Correctamente señala que “las recetas de políticas contemporáneas tienden a recomendar la visión de Smith sobre el orden del mercado para los bienes privados y la visión de Hobbes sobre el Estado soberano para los bienes colectivos” (Ostrom, 1998: 4).

Sobre las soluciones propuestas por personas distantes y/o entidades centralizadas a los problemas de otras comunidades señala Ostrom que “cuando los analistas perciben que las personas estudiadas están atrapadas asumen que elementos externos a la situación pueden explicar cuáles cambios en las reglas permitirían a los individuos en cuestión mejorar su situación… se presume que la dinámica del cambio debe venir desde fuera y no desde la auto-reflexión y la creatividad de los involucrados para reestructurar sus propios patrones de interacción” (Ostrom, 2009: 416-417). Esto implica infantilizar al ciudadano y desposeerlo de su capacidad participativa.

Ostrom muestra cómo la experiencia del colonialismo ha reforzado el supuesto teórico de que es necesario un gobierno central para suplir y organizar toda forma de acción colectiva, basado en la experiencia del manejo dado a la irrigación de tierras en países de África y Asia y perpetuado por los gobiernos que los suplantaron. (Ostrom y Gardner, 1993: 95).

Argumenta que resulta de particular importancia en el caso de la provisión de servicios públicos comprender que el receptor no es un “cliente” pasivo sino un ciudadano quien tiene un rol activo en la consecución final del proceso. Si esto fuese cierto el aporte del ciudadano y del empleado público no son enteramente sustituibles uno por el otro (funciones no lineales) y la mejor forma de operatividad es la coproducción. En términos de una función de producción, el óptimo se representa como los puntos sobre una curva que recoge las diferentes combinaciones de factores. De las sinergias resultantes se obtienen generalmente un producto mayor para un gasto dado y una tendencia a maximizar la participación de las contrapartes que en otros esquemas suele ser inferior al potencial (Ostrom, 1996: 1079-1081).

La seguridad ciudadana en todos sus aspectos: prevención, monitoreo, castigo y reinserción, es un excelente ejemplo de una sinergia público-privada que, además, es policéntrica (disperso geográficamente) por naturaleza. ¿Reducirán las mayores penas el crimen juvenil?

Solo si se asume que los menores se enterarán y tomarán una decisión racional a la hora de cometer los hechos (muchos de ellos propulsados por mayores a quienes nunca denuncian). Y si se asume que tienen alternativas viables a sus problemas, a quienes recurrir, y más aún, se asume que su salida a mayor edad los disuadirá de repetir en vida adulta hechos similares y que podrán reinsertarse exitosamente en la sociedad que una vez ofendieron.

Por otro lado, el Estado no puede proveer la paz social de manera unilateral e impositiva sin destruir lo mismo que desea lograr. Por esto la consecución de la paz social requiere de la coproducción o la participación involucrada de las comunidades que generan la delincuencia según el esquema descrito por Ostrom.

Porque la paz social no es un bien común sin dueño, como el aire.

Los delincuentes son un producto de su sociedad y de sus acciones: reflejo y problema de todos. Planteado como está, el problema tiene dos raíces a las cuales se podría atacar. El descarrilamiento de jóvenes en busca de beneficios de muy corto plazo a costos muy altos (para ellos y para la sociedad) y la impunidad supervisada por el sistema la cual reduce los costes a cero y aumenta exponencialmente sus beneficios mal habidos, propulsando la espiral descendente de la cultura de la delincuencia y la inmoralidad.

Llama la atención que la medida de aumento de penas surge en un contexto en que está aumentando la violencia económica definido como el incremento de la distancia entre los niveles más altos y bajos de ingresos y de oportunidades, en un momento de crecientes injusticias resultante de abusos de poder político (hay numerosos legisladores con causas legales pendientes por todo tipo de crímenes), y además, en el contexto de un proceso creciente de monetización de todo lo tangible e intangible. Lo cual nos lleva a otro aspecto:

Crímenes de Menores vs Crímenes contra Menores

Esta es una sociedad donde los menores son muy, muy agredidos. Contrario al clásico discurso de amor y compasión hacia el niño, la realidad es otra. El 32% de los menores viven en hogares monoparentales, normalmente bajo una madre soltera y de estos, el 20% vive con menos de dos dólares/día (Banco Mundial; 2007), el 37% no vive con ningún padre (Diario Libre, 22 abril, 2013). Conocen el abandono y la irresponsabilidad desde temprano tolerando grandes cargas: su propio cuidado, el cuido de hermanos menores, labores domésticas y hasta la búsqueda de ingresos, no todos de manera lícita.

Encuestas demuestran que el 83% de los hogares dominicanos ejerce el castigo físico infantil (Plan Internacional; 11 de abril, 2012 y SIN; marzo 22, 2011). Un estudio de la UASD encontró hace varios años que alrededor de un tercio de sus estudiantes reportaban haber sido agredidos sexualmente antes de los 18 años. Recientemente, el Dr. Rafael García Álvarez, director médico del Instituto de Sexualidad Humana de la UASD, declaró que “el abuso sexual es una epidemia en el país” y reporto hallazgos de violaciones en la infancia o adolescencia del 30% en las mujeres y del 10% en los hombres (Periódico Hoy, 11 de marzo, 2013), o sea, que un 40% de la población reportaba haber sufrido la forma máxima de abuso de este tipo.

Como resultado, un 9% de la población femenina da a luz entre los 15 y 19 años, presentando la República Dominicana una tasa de embarazo del 33.1% antes de los 20 años (Organización Panamericana de la Salud; 2000). Más impactante es que el 2% de los embarazos en Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, entre enero del 2009 y abril del 2010 fueron de niñas de 14 años o menos (La República, 29 octubre 2010). Y según el Observatorio Nacional sobre Migración y Tráfico de Mujeres y Niñas “Brasil y la República Dominicana figuran entre los cuatro países del mundo con el mayor número de mujeres víctimas de trata para fines de explotación sexual” (Montaño et al.; 2007).

Este festival de lascivia e irresponsabilidad es alimentado mediante un carnaval mediático compuesto por música con letras deplorables e ídolos que tipifican anti-héroes ejecutando anti-comportamientos. Lo aberrante se ha vuelto la norma. Supuestamente por presión económica, las madres envían a embarazarse a sus hijas, a vender estupefacientes a los niños y la prostitución infantil es algo aparentemente común, organizada y supervisada por agencias que incluyen estamentos oficiales.

El padre José Luis Alemán expuso la complejidad de la situación: “Y, como si fuese poca cosa, los oficios riesgosos (ejercidos por menores) por serlo son mucho mejor pagados que los tradicionalmente bien vistos. El ingreso medio de la prostitución infantil en las Filipinas, Colombia, Jamaica, París, República Dominicana (Bogaert y otros, principios de los noventa) es notablemente mayor que el del salario mínimo real, hasta 150 veces más en Jamaica en 1993; los estudios del “rendimiento” del crimen organizado muestran la misma desproporción. En Santiago de los Caballeros, el mencionado estudio de prostitución infantil en el país mostró que las niñas de la ciudad vivían algunos días con sus padres perfectamente conscientes de la situación y también celadores de su moral barrial” (Alemán; 2005).

“A través de una Consulta Nacional sobre los Derechos de la Niñez, realizada en el año 2002, se escuchó hablar a 227 niños y niñas entre 6 y 12 años de edad sobre los temas que más les preocupaban. Entre estos los más señalados fueron: la violencia en las familias, la incomunicación, la carga de trabajo doméstico, la violencia e inseguridad en los barrios donde viven, la pobreza en sus hogares (que según estimaciones de la CEPAL, alcanza a un 55.8% de esta población) y la irresponsabilidad de los profesores y profesoras que no cumplen con sus horarios de trabajo” (UNICEF; 2002).

De estos, no todos, ni siquiera la mayoría, incurren en la delincuencia, pero una mayoría de los delincuentes provienen de este perfil, el resto proviene de los estamentos que se abrogan el derecho de fomentar la cultura de desigualdad y abuso de poder. Ya que es la descomposición social, más que la pobreza material, el factor central que destruye el deseo noble de respetar reglas y comportarse como ciudadano respetable y responsable afectando la paz social a nivel macro.

Ostrom encuentra que los esquemas de coproducción, donde el gobierno y los ciudadanos trabajan en conjunto en una diversidad de entornos abiertos y enclavados en la sociedad aumenta la productividad y tiende a aminorar la corrupción, un comportamiento del egoísta racional que “generalmente se ampara detrás de las puertas cerradas que separan a los servidores públicos del público a servir” (Ostrom, E., 1996: 1083). Esta cita evidencia la importancia de atacar el crimen en sus raíces, en el crimen organizado, o el amparado por estructuras de poder y acostumbrado a la impunidad.

Estudios sobre la obra de Vincent Ostrom, esposo y colaborador de Elinor, señalan que en su esquema “así como el de los clásicos griegos y los teóricos de la ley natural, se postula un conflicto entre la ley y la moralidad, y este conflicto es policéntrico, no está situado en un solo individuo” (Wagner, 2005: 177). Si la descomposición social refleja un proceso de divorcio entre la ley y la moralidad, entonces la solución es también policéntrica, debiendo originarse en numerosas fuentes y verse amparada por la generalidad de la población.

Para analizar la interacción que se da en una situación de gerencia de bienes comunes es útil recurrir a la clasificación desarrollada por E. Ostrom sobre de los tipos de “jugadores”. Estos son: 1) los “free riders” o “aprovechados”, 2) los “egoístas racionales” quienes no colaboran para el bien común, solo aportan en la medida que acreciente el bienestar propio¹, 3) los “cooperadores condicionales”, aquellos quienes cooperan en la medida que creen y verifican que un número suficiente de otros jugadores reciprocan sus esfuerzos y 4) los “castigadores” quienes están dispuesto a penalizar a los “aprovechados” aun a un costo propio, pero también a gratificar a los colaboradores (Ostrom, 2000: 142).

Trasponiendo esta clasificación a nuestro medio los jugadores en la cancha de la paz social serían:

1. Los aprovechados ―–delincuentes quienes se benefician de lo que no producen a costas de la buena voluntad y la impotencia de los demás;
2. Los egoístas racionales –quienes suben sus muros, contratan un guachimán, y se gastan una fortuna en alarmas, cámaras, armas, vidrios blindados, etc.;
3. Los cooperadores condicionales –algunos idealistas (generalmente en proceso de decepción) quienes trabajan a muy pequeña escala en el servicio y la concertación social; y,
4. Los castigadores –mayormente policías o militares aunque también pudiera decirse de los pocos ciudadanos quienes desafían presiones y se arriesgan para denunciar un crimen o corregir lo mal hecho con un buena palabra.

La teoría convencional “racional” dice que a mayor descarrilamiento violento mayores y más duras medidas, si posible con la ayuda de más tecnología. Pero los estudios de Ostrom evidencian que las fuerzas policíacas pequeñas eran más eficaces que las grandes –medido por la satisfacción ciudadana– y que estaba inversamente relacionada con la distancia entre los agentes y la población. Mientras más pequeña la fuerza policíaca, más rápidamente respondían a las llamadas de emergencia. Cuando usaban carros en vez de patrullar a pie, se perdía el contacto con los residentes y se reducía la eficacia de acción contra los delincuentes. La tecnología contribuía a la distancia. Este hallazgo fue válido incluso para los suburbios negros de Chicago cuya pequeña policía era tan efectiva como la de la metrópolis cuyo financiamiento era 1,000% veces mayor (Ostrom, E.; Parks, R.; Whitaker, G.; 1973a).

¿Y qué decir de la asociación lineal entre la frecuencia de la violencia y la extensión de las penas? Aquí otro ejemplo de que el paso del nivel micro al nivel macro no necesariamente guarda proporcionalidad. Una cosa es que a mayor crimen mayor pena y otra es pretender combatir una delincuencia creciente con creciente prisión. No toma mucho esfuerzo ver que esto puede convertirse en una escalada interminable. Si se determina que una sociedad se encuentra en el empeine de la curva de la criminalidad y la delincuencia cabe replantearse el esquema completo desde sus bases y no atacar cada síntoma como una lesión independiente. Esto no significa dejar de castigar a los ofensores, significa que además deben establecerse medios para disuadir el crimen en sus orígenes.

En relación a esto Elinor Ostrom dice: “Deben desarrollarse políticas públicas que promuevan comportamientos socialmente beneficiosos ya que la políticas basadas en incentivos para los egoístas racionales (quienes solo actúan para maximizar el interés propio) han resultado mal direccionados y tal vez, hasta han evitado la formación de normas sociales que pudieron haber fomentado la cooperación” (Ostrom, 2000: 154).

Por falta de cooperación y de solidaridad y de vergüenza para con el otro, la sociedad se ha ido descomponiendo en una carrera para ver quien consigue más, cueste lo que cueste, por un lado, y por otro, quien hace menos para enfrentarlo ya que su aislamiento crece.

La evidencia de sus estudios sobre los juegos cooperativos demuestra que la repetición de los ejercicios de interacción cooperativa resulta en el aumento y la evolución de la cooperación, cuando se esperaba todo lo contrario. Es decir, “que una vez las personas inician un proceso que intenta la gerencia común del bien público hay una tendencia a continuar el proceso de manera más profunda y a ampliarlo a otros aspectos de preocupación común” (Ostrom, E., 2000: 140). La gente aprende a cooperar y lo encuentra productivo por lo que continúa.

Esto es muy importante, pues los estudios de Ostrom “corroboran los hallazgos de los psicólogos evolucionarios de que los humanos no son muy adeptos a los fines de resolver problemas de forma lógica”. Lo que se sabe es que los humanos más bien razonan de manera específica a cada caso en base a principios deontológicos, es decir, principios éticos y morales “aprendidos en su cultura y familia… que es la que determina… el costo intrínseco o angustia que sufre un individuo al fracasar en el uso de esa norma… esto implica que … los individuos se comportan diferentemente ante una misma situación objetiva dependiendo de que tanto valoren la conformidad (o la desviación) de la norma” (Ostrom, E., 2000: 143).

Se ve, pues, que para erradicar un comportamiento delincuencial debe erradicarse el contexto que la propicia –que no es la pobreza propiamente dicha– una tesis sustentada por José Luis Alemán (1982). Más bien se debe a un contexto social que violenta todos los niveles y todos sus aspectos: lo que debería ser un esquema de interacción cuyo objetivo central sea la consecución de un mayor bienestar social para todos.² Además, debe proveerse un contexto social en que los individuos valoren la conformidad a las reglas de común acuerdo basado en una cultura que castigue la delincuencia emocionalmente con el rechazo familiar, social y político. Esto nos lleva a planteamientos de moral y ética.

Nuestra reacción de aumentar las penas es una sobre-simplificación de la tarea porque todo individuo se enmarca en un entorno que lo califica, lo contextualiza, lo motiva o desmotiva, lo premia o castiga.

Un aumento de penas a crímenes más frecuentes y horrendos es una reacción racional, pero no es una solución. Si asumimos que estamos en un contexto de dilema del prisionero (sin recurso a comunicación entre las partes) terminaremos muchos siendo más víctimas del crimen y habrá muchos más criminales prisioneros, y

por más tiempo, pero todos estaremos peor. Si asumimos que es responsabilidad de un ente externo e impersonal como el Estado resolver los problemas de nuestra juventud, producto de la sociedad que todos conformamos y, de alguna manera, construimos día a día, nos toparemos con actitudes distantes e impersonales de quienes han caído en la delincuencia, lo cual inevitablemente entorpece su rehabilitación.

Al margen de las consideraciones de tipo preventivas, la solución tiene dos elementos a dilucidarse: una de salud pública y otra de seguridad pública. En este sentido, las decisiones a tomar deben enfocarse diferenciando entre la disuasión al delincuente por su propio bien y el deseo de proteger a la ciudadanía inocente de personas incapaces de mantener un comportamiento socialmente aceptable. Esta diferenciación es parte integral de lo que se pudiera definir como “justo”. A riesgo de ofrecer una definición de justo que sea discutible, se plantea que la justicia al menos debiera ser coherente.

Conclusión

Cuando la delincuencia pasa de hechos aislados a ser un mal sistémico creciente conviene reevaluar los modos de interacción de los actores sociales y cuales factores están afectando su esquema de motivaciones y concepciones. Siendo la paz social un bien público y siendo la seguridad ciudadana un servicio público, los estudios hechos por Ostrom sugieren que la forma más efectiva de alcanzar este complejo objetivo es por medio de la “coproducción”. Es decir, por medio de una cooperación entre la ciudadanía y su Estado, lo que a su vez requerirá la integración de la moral familiar y la ética del Estado.

Resumiendo, la paz a la cual todos aspiramos requiere de medidas que fomenten la cooperación a pequeña escala entre todos los “jugadores”. La evidencia revisada por Ostrom apunta hacia un éxito mayor, mas sostenido y con capacidad para extenderse y profundizarse en la población una vez se intenta la coproducción. No intentarlo y confiar en su lugar en medidas distantes y tajantes nos convierte en “egoístas racionales” quienes, efectivamente, son capaces de auto-destruir su propio medio de sustento, en este caso una sociedad. Vemos así que la intervención estatal no es suficiente, tal vez ni siquiera el primer paso. Necesitamos comportarnos más como “cooperadores condicionales” y “castigadores” altruistas, propiciando una reacción de cooperación recíproca del resto y dispuestos a asumir un costo para lograr la colaboración de los “aprovechados”.

Pienso que Elinor Ostrom estuviera más de acuerdo con un esfuerzo social integral que con simplemente aprobar penas más severas que no contribuirán por si solas a resolver un problema tan complejo y que pudiera hasta empeorarse por ser reflejo de las muchas inequidades e injusticias de derecho y bienestar.

Así, “su visión es federalista pero nunca jerárquica”, pues cuida el valor de la libertad individual y “va más allá de la simple descentralización”. Igualmente su visión sobre las finanzas públicas recuerda los esfuerzos multidisciplinarios (economía, sociología, ciencias políticas, geografía) de la tradición germánica del Staatswissenchaften (Ibid: 174).

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Ellen Pérez-Ducy

Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, posee una maestría en Finanzas por la Universidad de Illinois en UrbanaChampaign. Entre sus estudios y publicaciones se encuentran El Proceso de Desarrollo Económico de Corea del Sur (1989), Economic Conditions for the Development of Capital Markets in Emerging Countries (1992), Financial Leakages in Tourism (2002), Predominio Fiscal en la R.D. (2003), Neutralidad Monetaria antes y después de la crisis bancaria (2004) y el libro La Obra del Dr. José Luis Alemán, S. J. (2012). Fue consultora de la UNCTAD y la OIT y docente de Finanzas internacionales en INTEC y PUCMM. Desde 2002 se desempeña como Consultor Económico del Banco Central de la Republica Dominicana.

Email: e.perez@bancentral.gov.do