SOBERANIA AGROALIMENTARIA: CARACTERISTICAS

 Introducción

Por décadas, la liberalización del comercio se ha presentado como el único sendero al desarrollo y el objetivo de todas las naciones civilizadas. Su terminología se volvió el lenguaje aceptado de la economía y sus conceptos formaron la columna vertebral para estructurar a sociedades completas. Hoy, el consenso se ha roto tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Pero neciamente subsisten los términos y por tanto constituyen un obstáculo para diseñar nuevos modelos de manejo sustentable, para proponer alternativas al degradante sistema de libre comercio.

La práctica mercantilista de alimentos se basa en una lógica de producción con fines de satisfacer al mercado. La perspectiva no reside en buscar una alimentación sana y conforme a las exigencias de conformar un ser humano integral, saludable, equilibrado con su medio social y natural, con la capacidad de vivir con sabiduría y no solamente con conocimiento, sino que, por el contrario, reside en alimentar las tendencias del mercado sin importar que estas impliquen la destrucción del medio ambiente y del ser humano mismo. Las exigencias de certificación, por ejemplo, están más sujetas a los parámetros de marketing y publicidad que a aquellos referidos a la protección del medio ambiente. No es casualidad que la deforestación y la erosión de tierras es un proceso creciente (Martínez,2005).

La economía moderna no produce los bienes y servicios que necesita la población, sino las mercancías que generan beneficios de lucro privado. Subordina a la lógica mercantil las necesidades humanas básicas, incluida la alimentación y para ser atendidas por la economía, deben expresarse bajo la forma precio. A partir de aquí, la lógica de la vida queda supeditada a la lógica del mercado. Es decir, se produce para cubrir intereses privados y no necesidades humanas colectivas.

Antes de producir riqueza, el capitalismo necesita producir hambre y desprotección social, para empujar a los individuos a acudir «libremente» al mercado de trabajo. A su vez, la producción de riqueza social en el capitalismo, necesita convertir los trabajos en trabajo asalariado, única mercancía capaz de producir plus‐valor. Una vez que las personas han perdido sus medios de producción y sus redes sociales de reciprocidad, se ven obligadas a buscar un trabajo asalariado (empleo), que les proporcione recursos monetarios para adquirir en el mercado las mercancías que satisfarán sus necesidades.

La expansión de la lógica del beneficio en la alimentación exige reducir el trabajo necesario en la agricultura. Para ello, incorpora los métodos de la producción industrial a gran escala en la producción de alimentos, porque con ello consigue aumentar la productividad del trabajo agrario, mediante la especialización productiva y la incorporación masiva de tecnología. Esta dinámica coloca en el puesto de mando a la competitividad y el beneficio económico, degradando todos los límites ecológicos, territoriales, humanos, sociales y culturales. La concentración creciente de la población en las ciudades y la expansión del modo de vida urbano (aunque se viva en el campo), están impulsadas por una lógica económica que fuerza a la población a abandonar las zonas rurales, a contratarse como asalariada y a depender del mercado para vender su fuerza de trabajo y comprar sus medios de subsistencia. Aunque la finalidad natural de los alimentos sea satisfacer una necesidad humana básica, también deben comportarse como una mercancía. Sólo son producidos en la medida en que generan beneficios para el capital. La globalización es la extensión y la consolidación del modo de producción capitalista, que no es sólo un modo de producción económico sino también social, es decir, político, cultural y psíquico (Castro y Amador, 2007).

Consecuencias que ha originado la agricultura convencional: (Romera y Guerrero, 2007):

• Alto coste energético, disminución de la relación energía obtenida/ energía utilizada en su producción, debido a que al utilizar energía fósil, ésta no es renovable y es agotable en un plazo determinado de décadas, y por otro lado que los fertilizantes sintéticos, son productos de elevado consumo energético.

• Pérdida de fertilidad y erosión de suelos, debido a la excesiva explotación a que están siendo sometidos (monocultivo, mecanización).

• Problemática del monocultivo, grandes extensiones de tierra dedicadas a un solo cultivo, favorece la aparición de plagas y resistencia, provocando un abuso en el uso de agroquímicos.

• Degradación de los bienes naturales y el ambiente, con problemas como: contaminación de aguas superficiales y subterráneas por agroquímicos, del aire y disminución de la biodiversidad debido a la deforestación.

Todos estos problemas han sido reconocidos mundialmente, como en los informes presentados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2007), y por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2007).

Globalización agrícola y dependencia alimentaria

La OMC (Organización Mundial de Comercio) considera la liberalización del comercio como la vía para el desarrollo de los países pobres, la seguridad alimentaria de sus poblaciones y para alcanzar el nivel de consumo medio de los países desarrollados. Por el contrario, el comercio global genera una dependencia cada vez mayor del mercado y el incremento de la desigualdad preexistente entre países ricos y pobres, abocando a estos últimos a no poder alimentar a su población con sus propios recursos.

El proceso de globalización, impulsado por la transnacionalización de la producción y los sistemas productivos y de propiedad del capital, en el comercio global y mercado desregularizado, conduce a la aparición de una burguesía transnacionalizada asentada en la cúspide del nuevo (des)orden global neocolonial.

Por décadas, la liberalización del comercio se ha presentado como el único sendero al desarrollo y el objetivo de todas las naciones modernas. La expansión de la lógica del beneficio en la alimentación exige reducir el trabajo necesario en la agricultura. Para ello, incorpora los métodos de la producción industrial a gran escala en la producción de alimentos, porque con ello consigue aumentar la productividad del trabajo agrario, mediante la especialización productiva y la incorporación masiva de tecnología. Esta dinámica coloca enfatiza en la competitividad y el beneficio económico, degradando todos los límites ecológicos, territoriales, humanos, sociales y culturales. Sólo son producidos en la medida en que generan beneficios para el capital.

La globalización es la extensión y la consolidación del modo de producción capitalista, que no es sólo un modo de producción económicoproductivo, sino también social, político, cultural y psíquico. Los rasgos de este modelo de producción, distribución y consumo de alimentos son:

a. colocación de la eficiencia económica y la competitividad como la finalidad básica de la producción de alimentos;

b. importación a la agricultura industrializada, el aumento constante de la escala de la producción y la orientación hacia la exportación;

c. cambio cultural de la figura del campesino que produce alimentos sanos para las personas, al empresario agrícola que triunfa enriqueciéndose;  

d. empleo intenso de tecnología: maquinaria, irrigación, semillas híbridas, fertilización y lucha contra plagas y enfermedades con productos químicos y otros;

e. desconsideración, por ineficientes, de las formas tradicionales de la agricultura de cada territorio, junto con los conocimientos asociados de manejo de suelos, agua, semillas, cultivos y otros.

Los cambios tecnológicos en la agricultura convencional fortalecen el desarrollo de un fuerte proceso de capitalismo desigual, que incrementó las formas de artificialización de la naturaleza, convirtiendo a los países latinoamericanos en fuentes productoras y proveedoras de materias primas para el mundo industrializado, que refleja un proceso de degradación:

-Rápido desplazamiento de la agricultura productora de alimentos de consumo local,

-Crecimiento de la agricultura de exportación que empujó a los sistemas de producción tradicional hacia tierras más frágiles y marginales,

-Deterioro de intercambio desde mediados del siglo pasado por la escuela cepalina, que implica una sobreexplotación de recursos y sub-valuación de productos cuya distancia es más desfavorable para toda la Región,

-Expansión de los sistemas de agroexportación y su concentración que además, implica una ampliación de las tierras disponibles para sostener la escala, incrementando la deforestación y apertura de la frontera agropecuaria y el desplazamiento de pequeños y medianos productores, junto a las economías campesinas e indígenas, con costos sociales y ambientales no considerados. El proceso de agriculturización mono‐productiva, es un claro síndrome de insustentabilidad o de «subdesarrollo sustentable»,

-Artificialidad de los alimentos en los países desarrollados para los habitantes de urbanos, que esconde la presión sobre los agricultores y los sistemas por cada año, producir más y a más bajo precio,

-Cambios sociales, sanitarios y nutricionales con la aparición de nuevas infecciones y enfermedades crónicas,

-Creciente perdida de la soberanía alimentaría y debilitamiento de los sistemas de desarrollo local,

-Compromiso político e institucional con las políticas de desarrollo de los organismos internacionales que han generado más problemas que las soluciones,

-Compromiso científico tecnológico con la productividad de los sistemas de agroexportación y escaso desarrollo y generación de conocimiento apropiable para los sistemas de producción local,

-Fuerte compromiso de los medios de difusión masiva (prensa, radio y escrito) con los modelos de promoción de la agricultura industrial y

-Fuerte injerencia de las corporaciones transnacionales en las decisiones nacionales sobre «desarrollo rural» (WWF, 2006).

La agricultura de la revolución verde, modelo de agricultura establecido después de la Segunda Guerra Mundial se basa en monocultivos, uso indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes químicos importados, y alto consumo de agua y energía. Este modelo de producción agrícola, al igual que la aplicación de cultivos transgénicos, ha conducido a la desaparición de variedades de plantas nativas y tradicionales, afectando la biodiversidad, al tiempo que ha multiplicado las plagas y enfermedades de los cultivos de importancia económica. Asimismo, ha causado erosión, salinización y compactación de los suelos, erosión genética y cultural, además de mayor dependencia de las empresas que impulsaron el modelo. Pero, la revolución verde consiguió el desarrollo del mercado mundial de alimentos, a costa de la soberanía y la seguridad alimentarias de miles de millones de personas en el mundo (Armiño, 2000).

La dependencia alimentaria de los países no industrializados no se debe tanto a las subvenciones que reciben los agricultores de los países ricos como a un modelo de agricultura y alimentación industrializada y productivista, orientada a la exportación.

Dicho modelo es causante, en los países industrializados de la inseguridad alimentaria por «comida basura». Pero, en los países no industrializados, es causante de los monocultivos para la exportación, responsables del hambre, el subdesarrollo y la dependencia. Lo que podrán conseguir los países pobres y, especialmente, los llamados «emergentes» con una mayor penetración en el mercado es, tan sólo, que sus propios capitales puedan competir en los mercados internacionales desde una posición más favorable, a costa incluso, de la seguridad alimentaria de su propia población, de la expulsión del agro de sus propios campesinos, y del hambre y la muerte de su propia población.

La participación de los países más débiles en los mercados internacionales es a costa de su producción tradicional, su comercio local, sus recursos naturales y su soberanía alimentaria. Así, la mercantilización alimentaría mundial ha demostrado su incapacidad para proteger la soberanía y seguridad alimentaría nacional.

El mercado agroalimentario es un mercado globalizado, oligopólico, que esta intervenido políticamente, y cuando entramos en el supermercado a hacer la compra, en realidad estamos realizando un acto que condiciona la salud, el ambiente y la vida humana, porque está participando en un sistema que organiza y ordena todo maximizando y privatizando los beneficios en muy pocas manos, y a la vez socializando los gastos y sufrimientos.

A pesar de sus consecuencias catastróficas, no se pone fin a este modelo porque es el más eficiente para generar beneficios económicos. La Revolución Verde es una de las principales causas del aumento de la deuda exterior de los países empobrecidos (Vía Campesina,2004). La agroexportación en gran escala genera mucho desempleo porque la agricultura familiar y los empleos generados son trabajos temporales, mal pagados y precarios.

Transnacionalización y agricultura

América Latina es la región con mayor biodiversidad agrícola del mundo, factor muy importante para la sustentabilidad de la agricultura. Esto es fruto de miles de años de trabajo de pueblos indígenas que ha dado como resultado el desarrollo de sistemas productivos únicos. Sin embargo, como consecuencia de la deuda externa y de factores estructurales neocoloniales, se ha impuesto en América Latina un modelo de monocultivos destinado a la agroexportación de «commodities». Este modelo ha contribuido a la expansión de cultivos transgénicos socavando con la soberanía alimentaría de nuestros pueblos y nuestra biodiversidad, y favoreciendo a empresas transnacionales.

La concentración del poder corporativo es el rasgo real de la economía global en el nuevo milenio. Nuevas y extraordinariamente poderosas configuraciones de corporaciones están reemplazando a los gobiernos y diseñando nuevos mecanismos de control monopolístico sobre los recursos y la tecnología; mientras, en el plano nacional, las elites dominantes (políticoempresariales) se vuelven cómplices de este proceso.

Durante la última década se ha generado un acelerado proceso de concentración asombrosa de poder corporativo que atraviesa prácticamente todos los sectores de la economía global. Esta consolidación del poder corporativo se refleja en las disparidades entre ricos y pobres del mundo. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 1% de la población más rica del mundo percibe la misma cantidad de ingresos que el 60% de la población mas pobre (WWF,2006).

Las grandes transnacionales controlan todos los sectores de la cadena de producción, por lo que es difícil que en el marco de la lógica impositiva y de acumulación de capital que ellas manejan, permitan que otras visiones tengan cabida. Esto implicaría que posibiliten distribuir más equitativamente las ganancias de la venta de productos y también romper con el paradigma mercantilista, y no es esa precisamente la intención de la acumulación de capital.

Estas empresas degradan la calidad de producto por la cantidad, el trabajo por el desempleo y la seguridad alimentaria por la dependencia tecnológica. No han contribuido en nada a reducir el hambre y la pobreza en el mundo, por el contrario, han favorecido la desnutrición, en particular de los niños de las regiones pobres.

El enemigo real de los agricultores y consumidores son los precios bajos de las cosechas, que siguen cayendo aún cuando los precios al consumidor suben y suben. Esto es porque las fuerzas principales que dictan los bajos precios para los agricultores son las mismas que dictan los precios altos para los consumidores: el control monopólico que corporaciones como Monsanto, Dupont, Syngenta, Dow, Aventis, Pulsar, Cargill, Archer Daniels Midland, Dreyfuss, Bunge, Nestlé, y otras, que ejercen sobre el sistema alimentario.

Hay cinco áreas donde los intereses transnacionales han tenido un impacto negativo sobre los sectores rurales (indígenas, campesinos) latinoamericanos: (Vía Campesina,2002).

• Estos sectores han sido empobrecidos y desahuciados por las exportaciones americanas de alimentos subvencionados y en general por el apoyo americano para eliminar las barreras arancelarias que protegen a los productores locales.
• El programa americano de erradicación de drogas está poniendo en peligro el sustento de cientos de miles de campesinos y socava las economías, el comercio y de servicios que dependen del gasto de los productores.
• El proceso de «urbanización forzada» de millones de campesinos es el resultado de miles de millones de dólares en programas de contrainsurgencia que han aterrorizado el campo, destruido casas, producción y socavado cualquier tipo de inversiones que hubieran creado puestos de trabajo y distribución justa.
• La militarización americana hacia Latinoamérica y su alianza entre los sectores élites llevan al crecimiento de un «déficit alimentario», porque la mayoría de los productores de alimentos básicos para consumo local son pequeños.
• El pago insistente de la deuda externa por parte de USA y FMI, desestimula las posibilidades de un desarrollo nacional, local.
• Las transnacionales americanas y sus diversas variantes de «desarrollo nacional» (alca, tlc, ppp, cbm) impactan negativamente en la agricultura y áreas rurales.

La ofensiva del capital financiero internacional por el control de la agricultura, se manifiesta de la siguiente manera:

Primero, por conducto de sus excedentes de capital financiero; los bancos pasaron a comprar acciones de centenares de empresas que actuaban en diferentes sectores relacionados con la agricultura. Y a partir del control de la mayor parte de las acciones, promovieron un proceso de concentración monopólica.

Segundo, mediante la dolarización de la economía mundial. Esto permitió que las trasnacionales se aprovecharan de las tasas de cambio favorables y entraran en las economías nacionales comprando fácilmente a las empresas locales dominando así los mercados productores y el comercio de los productos agrícolas.

Tercero, utilizando las reglas impuestas por organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos multilaterales, que normalizaron el comercio de productos agrícolas según los intereses de las grandes empresas, y obligaron a los gobiernos serviles a la liberalización del comercio de estos productos.

Cuarto, gracias el crédito bancario. La producción agrícola, cada vez más dependiente de insumos industriales, quedó a merced de la utilización de créditos bancarios para financiar la producción. Y éstos financiaron la implantación y el dominio de la agricultura industrial en todo el mundo.

Quinto, en la mayoría de los países los gobiernos abandonaron las políticas públicas de protección del mercado agrícola y de la economía campesina.

De esta situación de la crisis surgen las siguientes importantes lecciones:

a -el mercado desregulado no solucionará el problema, sino, por el contrario, la agravará.

b -los campesinos y los pequeños agricultores no se benefician con los altos precios, a diferencia de los especuladores y los comerciantes en gran escala.

c -los trabajadores agrícolas y quienes en el mundo rural no tienen acceso a la tierra, han sufrido enormemente el aumento en los precios de la comida. Lo mismo ha sucedido con los consumidores urbanos pobres.

d -el libre comercio no resolverá la crisis, sino que, por el contrario, la agravará.

Así, la salud de la población, tanto urbana como rural, está siendo seriamente afectada por la exposición a los agrotóxicos, los cuales continúan causando intoxicaciones y muertes, enfermedades crónicas, cáncer, malformaciones congénitas, abortos y otros problemas reproductivos, violando los derechos humanos a la salud, a la vida y a un ambiente sano para hombres y mujeres, adultos y niños en América Latina.

Las transnacionales están utilizando su poder económico para ganar enorme poder político, del cual obtienen ventajas y tornan a los gobiernos serviles a sus intereses, mediante chantajes, sobornos y convirtiendo la democracia en una farsa plutocrática. Esta enorme concentración corporativa se ha apoyado en las nuevas tecnologías, como la ingeniería genética e imposición mundial de sistemas de propiedad intelectual, en detrimento de los pueblos del mundo.

Esta situación viene acrecentándose con el surgimiento de los supermercados globales, como Wall‐Mart, que acaparan todo el proceso de almacenaje y distribución de productos, pueden aplicar políticas de venta «dumping», quiebran las empresas locales y se apoderan de los mercados de venta nacional. Esta concentración corporativa representa enormes riesgos para el derecho de todos, como consumidores, productores y como ciudadanos, a decidir sobre nuestra propia vida, en lo que respecta la alimentación, la salud y el ambiente, por que las empresas tienen una intención perversa con la lógica de lucro desregularizado y la concentración de riqueza, lo que generará más pobreza.

Para las grandes potencias, la producción de alimentos es un asunto estratégico y un tema de seguridad nacional. Por lo que, la uniformación alimentaria, la agricultura industrializada y el monopolio corporativo son las características que bien describen a los agroquímicos y transgénicos o agrocombustibles, que nada tienen que ver con la solución del hambre en el mundo, como lo mercadea la agroindustria, sino que el mercado desregularizado genera una mayor dependencia de los agricultores con las empresas proveedoras de insumos agroindustriales.

Las transnacionales agroalimentarias impulsan una forma de subordinación desestructurante sobre los agro‐productores de América Latina. Así, las transnacionales (norteamericanas, europeas) se benefician e incrementan sus ganancias y debilitan nuestras economías. El productor es obligado a vender en condiciones de ruina, que no remuneran su fuerza de trabajo y ni los costos que invirtió. Por eso se ve envuelto en un acto marginado y entra en un intercambio desigual y en un proceso de explotación que no está regido por leyes del mercado, sino políticas.

Esta forma de subordinación tiende a degradar la forma productiva de los campesinos y arruina a los pequeños y medianos empresarios agrícolas, en tanto no regenera el ingreso suficiente para reproducir el nuevo ciclo agro‐productivo. La exclusión de los campesinos resulta de decisiones de expansión y de lucha por los sectores dominantes internos y entre países que involucran formas de sujeción de las agroindustrias transnacionales sustentadas en la imposición política. Por ello, la solución solo puede venir también de medidas políticas de defensa de la autonomía y soberanía política agroalimentaria nacional.

Subsidios agrícolas y libre comercio

Uno de los grandes mitos divulgados por elites y organismos internacionales es que el libre comercio ha ayudado a los agricultores pobres en el mundo. La realidad es que ha dejado a los agricultores a la merced del libre comercio acelerando su destrucción.

Las exportaciones agrícolas en el comercio mundial se han enfatizado en maximizar los rendimientos de las cosechas, con los agricultores añadiendo agrotóxicos a sus cultivos. Ya prácticamente no se da la rotación de cosechas, sino que utilizan toda la tierra para plantar cultivos subvencionados como el maíz y trigo, creando así monocultivos que requieren aún más agroquímicos, destruyendo la biodiversidad.

Al bajar los precios, los mercados se saturan de mercancías, la caída de precios en el mercado crea la necesidad de utilizar subsidios para el agricultor, los cuáles son ofrecidos solamente a los grandes agricultores y a los agro‐negocios. Los grandes terratenientes se enriquecen, ya que el precio de la tierra sube y las rentas también y a los agricultores no les alcanza ni para comenzar una nueva cosecha. Así se crea una gran burbuja en la economía que inevitablemente se revienta cuando los subsidios no son suficientes para compensar los precios tan bajos del mercado, y los agricultores se quedan en la bancarrota. Así, esta supuesta ventaja del libre comercio matará de hambre a los agricultores y encarecerá la vida para los consumidores (urbanos y rurales).

Los alimentos se convirtieron en un factor político de dominio mundial debido al declive de la hegemonía económica de USA en relación a Alemania con Japón en los años setenta y la caída de la productividad industrial.

Así, la estrategia de competencia se centro en seis procesos:

a. Expansión de la superficie cultivada.  Róger Martínez Castillo: Soberanía agroalimentaria: características, obstáculos y perspectivas

b. Impulso de una producción excedentaria basada en elevados subsidios.

c. Establece precios «dumping», altamente competitivos a nivel internacional.

d. Presión internacional para reducir los subsidios en los países rivales.

e. Impulso de acuerdos comerciales en los pasases latinoamericanos y la presión para abrir las fronteras y reducir los aranceles en ellos.

Así, los alimentos se han convertido en un arma de competencia por la hegemonía mundial y esto tiene su connotación política. Hay muchas formas de subsidio, pero los que más nos atañen tienen que ver con la producción y con los costos de la exportación. Por ejemplo, mientras los productores de los Estados Unidos tienen subsidios, muchos gobiernos de América Latina irresponsablemente han ido reduciendo los recursos para investigación, capacitación y asistencia técnica a los agro‐productores nacionales. Así, los pequeños productores tienen un limitado acceso a la tierra en cantidad y calidad, sobre todo los pueblos indígenas, cuyos cultivos son presa fácil de las inclemencias del clima.

Esto es una pelea de tigre suelto (transnacionales) contra burro amarrado (productores nacionales). Sin embargo, hay gobiernos que están del lado del tigre suelto.

Los pequeños productores están a merced de las condiciones que imponen los supermercados: les exigen volúmenes de producción inalcanzables y controles fitosanitarios exagerados; les pagan en forma diferida provocándoles una mayor descapitalización, los castigan por asuntos de apariencia de los productos que no tienen nada que ver con el valor alimentario.

La política agrícola oficialista consiste en eliminar progresivamente las tarifas, las barreras no arancelarias y los subsidios a la exportación, así como garantizar que los niveles de seguridad alimentaria no sean restricciones disfrazadas dentro del comercio. Este enfoque no toma en cuenta que el sector agrícola apoye funciones sociales esenciales, como garantizar la seguridad alimentaría y proteger a trabajadores y sectores rurales de la volatilidad de los mercados internacionales.

CUADRO NO. 1

Perspectivas comparativas

La imposición de la política agrícola de expansión norteamericana, apoyada en muchos casos por los gobiernos latinoamericanos, ha generado un profundo cuestionamiento en la región que se expresa en múltiples movimientos rurales, que se identifican en tres tendencias principales:

• Impulso de movimientos indígenas o campesinos que cuestionan el desarrollo neoliberalismo desde una perspectiva nacional.
• La formación de movimientos que cuestionan el modelo de desarrollo desde una perspectiva sectorial, dentro de un contexto de lucha contra el ALCA y los Tratados de «libre» comercio, impuestos por Estados Unidos a nuestros países en la región. 
• La formación de organizaciones regionales que intentan dar una respuesta colectiva al proceso de globalización desregularizada.

Estos movimientos han propuesto la transformación del modelo de desarrollo desde distintas perspectivas, pero siempre superando el marco sectorial, para encausarlo en un contexto de estado plurinacional. La utilización de los alimentos como un arma de dominio por parte de los Estados Unidos ha generado la devastación rural así como un profundo descontento social.

Esta nueva forma de dominio norteamericano y las corporaciones multinacionales tiene impactos en varios niveles: (Oxfam, 2003).

• Exclusión y empobrecimiento de los productores rurales.

• Deterioro de la calidad de los alimentos que se importan y afectan a la población de los países latinoamericanos, y

• Incidencia sobre la soberanía política de los estos países.

El debate sobre los problemas de la agricultura y la alimentación en el mundo globalizado reconoce la confrontación entre dos grandes modelos de desarrollo rural, el modelo dominante neoliberal está impulsado por las grandes empresas transnacionales de la agroindustria y basado fundamentalmente en la producción para la exportación, por parte de las elites endo‐coloniales nacionales y otro basado en la economía local, fundamentada en la propuesta de la Soberanía Alimentaria. Ambos modelos están tanto en los países ricos como en los países empobrecidos, rompiendo con las clásicas diferencias norte/sur (Toledo1990).

CUADRO NO. 2

Modelo comparativo de desarrollo agrícola

Cont. cuadro No. 2

Impacto de los derechos de propiedad intelectual: características críticas

Entre las amenazas a la biodiversidad, se genera la monopolización de invenciones, basadas en la biodiversidad que hayan realizado los países industriales por medio de los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS) y la UPOV, relacionados al comercio. Estos obligan a los países tropicales a aceptar fuertes derechos de propiedad intelectual de procesos y productos que se basen en recursos biológicos. Ello implica que el control de todo el proceso en manos de los propietarios, generalmente de corporaciones extranjeras del norte, donde los países están muy adelantados en sus innovaciones biotecnológicas mediante patentes; pero paradójicamente en detrimento de los mismos pueblos indígenas, que viven en esas áreas biodiversas.

Sin embargo, el Convenio UPOV implica que si una empresa se dedica a manipular semillas y logra, mediante cruces, y selección, o bien mediante experimentación genética, una nueva variedad, podría llegar a adquirir derechos de propiedad intelectual sobre las mismas, ya sea mediante la adquisición de un certificado de obtentor o bien de una patente.

Las corporaciones globales están usando sus instrumentos de dominio mundial como la OMC, BM, FMI, para facilitar acceso a los recursos de la biodiversidad. Esto influencia directamente negativamente a las formas de vida de los pueblos indígenas y su biodiversidad de la que dependen. Estamos atravesando un momento sin precedente en la historia de la tierra, donde las corporaciones tienden a concentrar su control aun más sobre recursos, no solo los minerales, combustibles fósiles y material genético de organismos vivientes; y también sobre la investigación científica, instituciones públicas y el conocimiento tradicional indígena.

El sistema de patentes fue parte del sistema de colonialismo que justificó la hipótesis de la superioridad racial y la inferioridad de los «salvajes y primitivos» africanos, asiáticos, americanos y otros. Fue un sistema que justificó el colonialismo económico que sirvió para desposeer y robar, además de servir para redimir y civilizar al salvaje para justificar la empresa colonialista de la adquisición de tierras y la desculturización de la gente, considerada por los europeos como retrógrados y primitivos (Rosset, 2003).

La patente sobre las plantas y semillas es un sistema perverso que se ha conformado en perjuicio de los países subdesarrollados, que ahora trata de complementar sus ventajas a través de tratados de libre comercio con diversos países. Con los TLC se van adaptando los escenarios y conforme a la posibilidad de presionar, obtienen ventajas indudables.

La introducción en la agricultura de semillas transgénicas que las transnacionales han protegido con patentes de genes, que arbitrariamente han saqueado de variedades tradicionales, agudiza los problemas de la revolución verde y genera otros impactos inherentes a la ingeniería genética. Esto expone nuestras variedades tradicionales a la contaminación genética, hace a los agricultores totalmente dependientes de las transnacionales, favorece el agronegocio y conduce a la pérdida irreparable de la soberanía alimentaría (Altieri,1999).

La UPOV ofrece beneficios solo a las corporaciones transnacionales que comercian semillas, que podrán cobrar por «el nuevo invento», en detrimento de los pequeños y medianos agricultores y la pérdida de la biodiversidad (Vía Campesina, 2004).

De esta forma, se introduce una nueva era de colonialismo, en la que todos los organismos vivientes y el conocimiento indígena se reducen a artículos comercializables, que son controlados por el comercio occidental, creando uniformidad, estandarización de alimentos y sus monocultivos, tanto en la naturaleza, como en la sociedad.

Soberanía alimentaria: concepto y características

El concepto de soberanía alimentaria se entiende como un nuevo tipo de estrategia de desarrollo que afronte la problemática vigente de saqueo por parte de las corporaciones privadas. Además se considera como la mejor vía para erradicar el hambre y la malnutrición, garantizando una seguridad alimentaria duradera y sustentable, priorizando la producción local, tomando en cuenta las explotaciones campesinas familiares diversificadas y agroecológicas, asegurando a este sector el acceso y control de la tierra, el agua, las semillas, los bosques, la pesca, entre otros recursos que les permite desenvolverse.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales (Pengue, 2000).

La soberanía alimentaría es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, a decidir en qué medida quieren ser auto‐suficientes, a impedir que sus mercados se vean inundados por productos excedentarios de otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del ‘dumping’… La soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, más bien defiende la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables (Declaración sobre la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, por Vía Campesina y otros).

La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaría supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones (Vía Campesina, 2004).

La soberanía alimentaria es la condición para la seguridad alimentaria en su doble condición de cantidad suficiente y calidad de los alimentos, manteniendo el control nacional de los recursos agrogenéticos, asociado al conocimiento apropiado de su manejo. La soberanía alimentaria como derecho ciudadano es la autodeterminación de los pueblos para ejercer su derecho a la alimentación desde sus propios medios ecológicos, sociales, culturales y económicos.

La FAO entiende la seguridad alimentaria en términos globales y meramente cuantitativos (cantidad total de alimentos), homogeneizando culturas y criterios productivos y sobre la base de un mercado a escala planetaria. Por el contrario, para las comunidades campesinas, soberanía alimentaria es el derecho de cada nación y cada identidad cultural, para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de sus pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural.

La soberanía alimentaría sostiene que la alimentación de un pueblo es un tema de seguridad nacional, de soberanía nacional. Si para alimentar a su población, una nación debe depender de los caprichos del mercado internacional, o de la voluntad de una super‐potencia al utilizar los alimentos como instrumentos de presión internacional, o de la imprevisibilidad y los altos costos del transporte de larga distancia, ese país no está seguro, ya sea con respecto a la seguridad nacional o a la seguridad alimentaría (Pengue, 2000).

Asimismo, la soberanía alimentaria no se refiere únicamente a la producción de alimentos para quitar el hambre a la población, sino que también implica asegurar a la población que está consumiendo alimentos óptimos para la salud biológica, mental y espiritual del ser humano. En este sentido, es preciso incidir en un cambio paradigmático en la forma en que se produce el alimento, la forma en que se distribuye, la forma en la que se intercambia, la forma en la que se consume el alimento y, también, la forma en la que el consumidor se relaciona con el proceso de producción del alimento.

Pero, la soberanía alimentaría va más allá del concepto de seguridad alimentaría, lo cual ha sido despojado de su verdadero significado por las diversas maneras en que el concepto ha sido manipulado por diferentes intereses creados. Si bien, la seguridad alimentaría significa que cada niño, cada mujer y cada hombre deben tener la certeza de contar con el alimento suficiente cada día. Pero el concepto no dice nada con respecto a la procedencia del alimento o la forma en que se produce. De ese modo, las transnacionales argumentan que la importación de alimentos baratos desde los Estados Unidos es una excelente manera que tienen los países pobres de lograr seguridad alimentaría, más que si la producen ellos mismos (Antle,1998). Pero la importación masiva de alimentos subsidiados abaratados socava a los agricultores locales, obligándolos a abandonar sus tierras y condenándolos a la miseria. Ellos engrosan las cifras de los hambrientos, ya que su seguridad alimentaría se pone en manos del mercado, cuando migran a los barrios urbanos pobres, en donde no pueden hallar un empleo asalariado que les permita vivir bien. Para lograr una seguridad alimentaría real, los pueblos de las áreas rurales deben tener acceso a tierra productiva, y a recibir precios justos por sus cosechas que les permita gozar de una vida digna.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a proteger, apoyar y promover sus propios sistemas de producción agraria, sobre la base de una producción basada en el modelo social de agricultura, destinada a abastecer su mercado interior de alimentos en la cantidad y calidad suficientes. Para ello, los pueblos deben definir su propia política agropecuaria, y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, a decidir querer ser auto‐suficientes, a impedir que sus mercados se vean inundados por productos excedentarios de otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del ‘dumping’ de empleo, pesquera, alimentaría y de tierras de manera tal que sea ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para si y sus condiciones únicas. Por eso, la soberanía alimentaría debe plantear un desarrollo hacia dentro (http://www.foodsovereignty.org/).

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de agricultura y alimentación, a proteger y regular su producción y el comercio agrícola interior para lograr sus objetivos de desarrollo sostenible, a decidir en qué medida quieren ser autónomos y a limitar el dumping de productos en sus mercados (Pengue, 2000).

Este concepto de la soberanía alimentaria, se plantea no sólo como una alternativa para los graves problemas que afectan a la alimentación mundial y a la agricultura, sino como una propuesta de futuro sustentada en principios de humanidad, tales como los de autonomía y autodeterminación de los pueblos. Se trata más bien de un principio, de una ética de vida, de una manera de ver el mundo y construirlo sobre bases de justicia e igualdad.

Considerando la imperativa construcción de una política de soberanía alimentaria, es necesario velar por ciertos criterios: (Stédile, 2007)

• Defensa de la soberanía nacional contra posibles vertidos o chantajes políticos basados en un bloqueo económico;

• Contribuir al equilibrio internacional de los salarios;

• Reducción de la vulnerabilidad de los pueblos a las epidemias;

• Protección de los recursos acuíferos y su calidad;

• Protección del medio ambiente en general contra escurrimientos, eutrofización, voltatilización de nitritos, polvo atmosférico;

• Mantenimiento de una comunidad ecológica de enemigos naturales de las plagas y enfermedades de las plantas de cultivo;

• Preservación de nuestra capacidad productiva frente a la erosión, la salinización, la acidificación, compactación;

• Protección de la salud de los agricultores y consumidores;

• Potenciar el empleo, los ingresos para agricultura y vida rural. 

La soberanía alimentaria es un tema de seguridad nacional, mientras que las transnacionales responden a los caprichos del mercado internacional, manejado por ellas, para alimentar a la población mundial, llegando incluso a utilizar a los alimentos como instrumentos de presión internacional. «La soberanía alimentaría no existe sin democracia, ni al margen de la producción nacional, ello significa defender precios justos y mercados para la producción, de las semillas y los recursos naturales. La soberanía alimentaría es parte de la lucha contra el ALCA, contra el neoliberalismo y contra la deuda externa» (Vía Campesina, 2004).

Optar por la soberanía alimentaria implica, un giro radical de las políticas productivistas mercantiles actuales, bajo cuyo dominio la crisis alimentaria y el hambre no cesan de aumentar.

Por una alimentación responsable: la producción local

Los países deben asumir la responsabilidad de garantizar la alimentación para su población. El Estado tendrá el derecho y obligación de proteger o excluir los alimentos básicos de los tratados comerciales. Debe haber una democratización que involucre a pequeños productores en la creación de políticas agrícolas, pesqueras y ambientales, y sobre todo, en la reforma agraria. Ningún elemento de los acuerdos internacionales en materia de integración debe limitar la capacidad de los estados nacionales de impulsar y consolidar este proceso.

Considerando la imperativa construcción de una política de soberanía alimentaria, es necesario velar por ciertos criterios: (Rosset, P./ Martínez, M., 2007)

• Defensa de la soberanía nacional contra posibles vertidos o chantajes políticos basados en un bloqueo económico;

• Contribuir al equilibrio internacional de los salarios;

• Reducción de la vulnerabilidad de los pueblos a las epidemias;

• Protección de los recursos acuíferos y su calidad;

• Protección del ambiente en general contra escurrimientos, eutrofización, voltatilización de nitritos, polvo atmosférico; 

• Mantenimiento de una comunidad ecológica de enemigos naturales de las plagas y enfermedades de las plantas de cultivo;

• Preservación de nuestra capacidad productiva frente a la erosión, la salinización, la acidificación, compactación;

• Protección de la salud de los agricultores y consumidores;

• Potenciar el empleo, los ingresos para agricultura y vida rural.

Para ello, se deben prohibir o regular estos monopolios, decretando y aplicando leyes anti‐monopolio a nivel nacional e internacional, como un paso clave hacia la seguridad de que todos los agricultores puedan ganarse la vida con sus tierras, y que los consumidores puedan tener acceso a alimentos nutritivos, a precios asequibles (Stédile, 2007).

La soberanía alimentaría, como alternativa viable a las políticas neoliberales, involucra:

• Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los agroproductores a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los transgénicos para garantizar el libre acceso a las semillas, mantener el agua como un bien público y a repartirla de una forma sustentable.
• Derecho del campesino a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir, y cómo y quién se los produce.
• Derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarías demasiados baratas (dumping).
• Precios agrícolas ligados a los costos de producción; esto será posible siempre que los países o las uniones de países tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interno para evitar excedentes estructurales.
• Participación de los pueblos en la definición de la política agraria. Róger Martínez Castillo: Soberanía agroalimentaria: características, obstáculos y perspectivas
• Reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación (Galindo, et al., 2006).

La soberanía alimentaría no está en contra del intercambio de productos, sino de la prioridad dada a las agro‐exportaciones. El acceso a los mercados internacionales no es una solución para los campesinos, cuyo problema es antes que nada, la falta de acceso a sus propios mercados locales invadidos de productos importados a bajos precios.

La agricultura sustentable propone que los países en desarrollo deberían propiciar un modelo agroecológico que enfatice en la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, la sinergia entre cultivos, animales, suelos y otros componentes biológicos, así como en la regeneración y conservación de los ecosistemas (Altieri,1999).

Para que beneficie a los campesinos pobres, la investigación y el desarrollo agrícolas deberían operar sobre la base de abajo hacia arriba, construyendo sobre los recursos disponibles -la población local, sus conocimientos y sus agroecosistemas locales. Tomando las necesidades e intereses de los agricultores, mediante su participación. Es decir, desde la perspectiva agroecológica, las innovaciones tecnológicas deben (Guzmán, et al,2000):

- Ahorrar insumos y reducir costos.

- Reducir riesgos.

- Expandirse hacia las tierras marginales frágiles.

- Ser congruentes con los sistemas agrícolas campesinos.

- Mejorar la nutrición, la salud y el ambiente.

La única solución duradera para eliminar el hambre y reducir la pobreza es a través del desarrollo económico local. Una forma de lograr dicho desarrollo en las áreas rurales es crear circuitos locales de producción y consumo, donde los agricultores vendan sus productos y compren lo indispensable en poblaciones locales. El dinero circula varias veces dentro de la economía local, generando empleo en los pueblos y permitiendo a los agricultores ganarse la vida. Por el contrario, si lo que los agricultores producen es exportado, con precios del mercado internacional (precios bajos), y si la mayor parte de lo que compran es importado (a precios altos), todas las ganancias del sistema son extraídos de la economía local y contribuyen sólo al desarrollo de economías externas. Por lo tanto, la soberanía alimentaría, con su énfasis en los mercados y economías locales, es esencial para luchar contra el hambre y la pobreza.

De esta manera, toda soberanía alimentaría nacional plantea las siguientes necesidades (Vía Campesina,2004):

a. Derecho a producir alimentos. Es necesario una política agraria construida desde un modelo sustentable social y ecológicamente.

b. Garantizar una actividad agropecuaria sustentable, con precios remuneradores del trabajo agrario. El agricultor debe poder vivir de su trabajo. Para ello es necesario regular o controlar la producción que ponga fin al modelo productivista y que frene los excedentes. Se debe producir para cubrir necesidades y no intereses.

c. Producción agroecológica y consumo responsable son básicos para la soberanía alimentaría. Esta se construye desde la cooperación de experiencias basadas en una relación entre productores(as) con consumidores(as) que se organizan colectivamente y se relacionan desde el reconocimiento y respeto mutuo en reciprocidad y transparencia.

d. Alimentación es todo un derecho humano que los Estados deben respetar, proteger y garantizar frente a violaciones. Los alimentos no deben ser considerados como una simple mercancía, por lo que se exige que la agricultura salga fuera de la OMC.

e. Repensar en un desarrollo rural, mediante políticas públicas, que generen un desarrollo rural que dignifique el trabajo de los agricultores, ganaderos, pescadores y todos los trabajos que han sido devaluados económica y socialmente. Un desarrollo rural que reconozca el papel de la mujer y su capacidad para liderar procesos políticos y económicos de cambio. Un desarrollo que potencie la capacidad de participación, decisión y autonomía de la población rural.

f. Construir nuevas relaciones, basadas en la coexistencia y cooperación entre el campo y la ciudad. Para generar relaciones de diálogo constructivo, es necesario que los y las habitantes tengan participación: hay que comunicar y difundir las experiencias positivas que hoy se están desarrollando y que proponen nuevas formas de producción, relación y construcción de alternativas. Se debe consolidar una red de experiencias de proyectos agroecológicos que incluyan formas de financiación y comercialización alternativas.

g. Crear un Banco de Tierras para estimular nuevos proyectos y elaborar una estrategia de resistencia para los espacios peri‐urbanos, mediante la recuperación de tierras productivas.

h. Despoblamiento, es necesario luchar contra la desidia y falta de iniciativa de las autoridades regionales y nacionales. La población rural debe tener acompañamiento y asesoramiento que les facilite la participación. Se comparten experiencias, que permitan propuestas económicas y políticas a las autoridades públicas. i. Proceso de desmercantilización de recursos tierra y agua. Su acceso es básico para el desarrollo de poblamiento y producción rural. Agua y Tierra deben ser bienes comunes, lo que implica que el acceso universal debe estar garantizado.

j. Precarización creciente de las relaciones laborales en el campo. Mientras el modelo agrario siga el camino del productivismo, la industrialización y capitalización creciente de las explotaciones, el temporerismo y eventualidad absoluta serán la forma de trabajo asalariado estructural en el campo. Por eso es necesario un modelo agrario familiar y sustentable social y ecológicamente que remunere el trabajo; que dignifique las condiciones de trabajo, mejorando la legislación laboral y garantizando su cumplimiento.

k. Circuitos cortos de comercialización donde la producción, distribución y consumo son funciones situadas al mismo nivel social y económico, y donde el proceso económico se define con la participación y capacidad de decisión de todas y todos los actores. La comercialización no define la relación, sino la distribución de la producción que asegura las necesidades de toda la población. Es necesario primero apostar por el comercio local, para acortar los ciclos de comercialización.

l. El modelo agrario dominante necesita de la biotecnología para desarrollarse. Los cultivos transgénicos son una amenaza para el desarrollo de un modelo alternativo.

m. La población rural permite la conservación de saberes, base de las culturas locales. Es un bien común, deber valorizarlo y conservarlo para aprender de el. El objetivo es recuperar, sistematizar, valorar y transmitir este conjunto de conocimientos y saberes rurales.

n. El patrimonio genético de las semillas y la diversidad cultural asociada a las variedades locales sufren una pérdida acrecentada por el olvido y favorecida por las grandes empresas dedicadas a su producción industrial. El conocimiento asociado a los agricultores mayores se pierde poco a poco. Las leyes de patentes atacan el derecho del agricultor de producir e intercambiar sus variedades y los bancos de germoplasma. Frente a esto, se plantea una red de semillas para el mantenimiento, conservación y reproducción de esta biodiversidad existente.

Conclusión

La reciente crisis financiera lo hace evidente: millones de millones de dólares se gastan para rescatar y proteger la propiedad privada, pero poco o nada se invierte para garantizar la protección de los recursos, equidad en el acceso y uso y control radicalmente democrático. Ni el mercado ni el Estado serán los actores principales del siglo 21, sino una ciudadanía sensibilizada por la riqueza inconmensurable que los «commons» brindan a todas y todos. Una ciudadanía que se hace cargo de ellos (Vía Campesina, 2004).

La práctica mercantilista de alimentos se basa en una lógica de producción con fines de satisfacer al mercado. Por eso, la exportación de nuestros recursos naturales, es como donar sangre, a cambio de nada. Pues, el hambre y la desnutrición son consecuencias de un orden económico internacional que sostiene y profundiza la pobreza, la desigualdad y la injusticia.

La soberanía alimentaría, cultural y patrimonial en sentido integral, no es un asunto de partidos, ni de instituciones, ni de clases: debe ser asumido por la población en su conjunto. Se necesita un modelo de agricultura sustentable que combine elementos del conocimiento tradicional y moderno. Complementando el uso de variedades, con tecnologías ecológicamente correctas, se asegura una producción agrícola sustentable. La adopción del enfoque agroecológico requiere de cambios políticos considerables en la estructura de la agricultura intensiva; pero dirigidos a corregir el deterioro ecológico y desigualdades en la distribución y acceso a recursos y al reconocimiento del Estado, de que el conocimiento tradicional es de vital importancia. El desafío consiste en maximizar el manejo del agroecosistema, mediante estrategias autónomas de desarrollo agrícola local. Algunos intentos han sido iniciados por ONGs latinoamericanas con buenos resultados (Altieri,et al,2000).

Sin un movimiento de consumidores que rompa progresivamente con la alimentación industrializada, no es viable una producción ecológica basada en la supervivencia de explotaciones agrarias pequeñas y medianas, la distribución en circuitos cortos, los alimentos de temporada y la dignificación de la vida en el campo. La seguridad alimentaria depende de la producción agroecológica y el consumo responsable, coordinados y autónomos de los poderes económicos y políticos globalizadores.

Se debe asegurar la producción auto‐alimentaría, para eliminar la pobreza y hambre. Sin embargo, es necesario replantear el desarrollo convencional, mediante cambios estructurales (institucionales, legislativos) donde el ciclo económico respete el ciclo ecológico. Estos cambios conllevan a una nueva relación socio‐económica y ambiental más justa y equitativa, donde se beneficie la mayoría y no solo una minoría. Se trata de tomar partido por una opción viable para el futuro de los seres humanos y ello se manifiesta en una real soberanía auto‐alimentaría.

El modelo agroindustrial se agota, no es la solución, como pretenden los gobiernos (de político‐empresarios); sino, que es la causa de los problemas socio‐ambientales actuales (Martínez,2005). Todos los problemas que pretendía resolver el modelo agroalimentario global se han agravado. La desnutrición no se reduce, pero sí aumenta la contaminación del agua, la tierra y el aire. La tecnología moderna agro‐ganadera, mediante la ingeniería genética, generan una mayor dependencia económica y tecnológica en países empobrecidos.

La concepción sustentable y su relación con su entorno, es fundamentalmente una opción de vida, una opción humana; y solo la agroecología como alternativa de desarrollo sustentable, nos la proporciona realmente.

Fuentes bibliográfícas

Altieri, M. (1999) Biotecnología agrícola: mitos, riesgos ambientales y alternativas. Universidad de California, Berkeley. PED-CLADES / FOOD FIRST.

 Thrupp, L.A. (1998) Cultivating Biodiversity: Agrobiodiversity for Food Security. Washington DC: World Resources Institute.

 Toledo, V.M. (1990) Modernidad y Ecología: la nueva crisis planetaria. En Ecología Políticanº3; pp.9-22.

  Unnevehr, L., M.I. Gómez y P. García (1998) The Incidence of Producer Welfare Losses from Food Safety Regulation in the Meat Industry, Review of Agricultural Economics, 20(1), 186-202.

  Vía Campesina (2002) Food Sovereignty. Panfleto distribuido en la Cumbre Mundial de la Alimentación +5, Roma, Italia. www.viacampesina.org

 Vía Campesina (2004) Declaración sobre la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. http://www.foodsovereignty.org

 Viscusi, W.K. (1993) The Value of Risks to Life and Health, J. of Economic Literature, 31, 1912-1946.

 Webber, D.J. (ed) (1990) Biotechnology: assessing social impacts and policy implications. Greenwood Press, Westport, CT.