DEBATES Y DESAFÍOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIOS DE CUIDADO PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA PRIMERA INFANCIA¹

Introducción

En la contemporaneidad gobiernos, organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales, académicos y la sociedad civil en general reconocen la importancia de estudiar a la primera infancia como un factor relevante para el desarrollo social y humano de un territorio. De ahí que, el objetivo de este artículo es hacer un estado del arte de la literatura reciente sobre las discusiones en el entendimiento del cuidado de la primera infancia y las formas de llevarlo a cabo según la particularidad de cada contexto territorial. Para lo cual, se indagan investigaciones desde diferentes áreas del conocimiento realizadas en Latinoamérica, haciendo énfasis en Colombia.

Con la revisión emergen múltiples maneras de abordar la cuestión, por lo que se agrupan los estudios según similitudes temáticas y metodológicas, advirtiendo debates presentes y algunos aspectos que ameritan profundización. Este recorrido permite esbozar rasgos relevantes de los aportes de las ciencias médicas, la psicología, la nutrición, las neurociencias, la sociología, la antropología y la pedagogía. Tal interdisciplinariedad es importante al emerger el cuidado de la primera infancia como un asunto que trasciende el cuidado directo de niños y niñas, para relacionarse con asuntos macroeconómicos, de salud pública, seguridad, equidad de género, educación y demás temas de gobernanza de los Estados, los cuales requieren cada vez más de un refinamiento de las variables de evaluación del desarrollo infantil como medida del progreso nacional (Diálogo Interamericano, 2020). En este sentido, desde dicha interdisciplinariedad existe consenso en que una adecuada Atención y Educación de las niñas y niños de la Primera Infancia - AEPI actúa como un impacto positivo para su posterior bienestar psicosocial y desempeño educativo (Rozengardt, 2020).

Díaz-Cuadros et al. (2021) afirman que las virtudes de un cuidado de calidad en el desarrollo físico, cognitivo y afectivo-emocional impulsan personas autónomas, creativas y participativas que aportan significativamente al desarrollo social y económico de su territorio. En la primera infancia comienza el proceso de desarrollo de la identidad, a partir del relacionamiento con referentes culturales de todo tipo, así, desde los primeros años es posible guiar formas de vida que transformen el ciclo de reproducción de prejuicios sociales de exclusión (Vega et al., 2019), cuestión prioritaria para el desarrollo humano de sociedades más justas. Es necesario tener en cuenta que el rango de edad comprendido como primera infancia varía de país a país, no obstante, con la declaración de la Convención sobre los Derechos del Niño - CDN (1989) es claro el reconocimiento internacional acerca de la importancia de garantizar el derecho de los niños y niñas a crecer en ambientes protectores desde el momento de su nacimiento (Pineda et al., 2018).

Press et al. (2018) afirman que la AEPI se debe considerar como una actividad fundamental de reproducción del capital social, en la que los niños y niñas adquieren un sentido de pertenencia, a partir del cual se reconocen progresivamente a sí mismos como parte de una familia, un grupo cultural, un barrio y una nación, de lo cual se infiere que la relación entre prácticas de cuidado y pertenencia a un territorio es inseparable y se influyen mutuamente. En concordancia con esta visión, Ospina-Alvarado et al. (2020) argumentan que el territorio más allá de su concreción geográfica, también se representa como espacio vivido, en el cual sus significados adquieren valor a partir de los afectos y experiencias vitales en el relacionamiento con las personas, la naturaleza y los objetos.

Vergara (2013) aporta una distinción conceptual entre espacio, territorio y lugar, siendo el primero “la materia prima” donde transcurren las interacciones, el segundo, el espacio convencionalmente recortado en fronteras que determinan lo que cada persona puede hacer o no tanto por normas jurídicas como por roles sociales, y el tercero, el sentido atribuido por los sujetos de manera subjetiva al espacio, a partir de la presencia y el recuerdo. Por su parte, Rincón (2012) comprende al territorio como cada escenario de las relaciones sociales en el cual se despliegan determinados intereses y valoraciones individuales y colectivas sobre el mundo (territorialidad), lo cual conduce a su vez a un entramado tanto de conflicto y dominación como de cooperaciones y resistencias (multiterritorialidad).

Para Escobar (2016) el territorio se concibe como proyecto de vida, en el cual se conjugan la autonomía, la perspectiva de futuro como proyecto sociopolítico y el desenvolvimiento de las relaciones sociales; estas al no ser estáticas cambian al territorio conforme se transforman. Bruno et al. (2020) destacan que los entornos marginales y de pobreza, junto con la migración, condicionan las acciones de cuidado que pueden desplegar las familias debido a un constante sentimiento de peligro. En la misma vía, Benavides et al. (2020) conciben el cuerpo y la familia como una extensión del territorio ancestral, los cuales también deben ser cuidados y defendidos desde una mirada intercultural provista por los saberes de los pueblos primitivos, como, por ejemplo, en Colombia, los pueblos Nasa y Embera-Katío, víctimas de desplazamiento forzado.

Por otra parte, Rogero-García y Andrés-Candelas (2017) advierten que la violencia que sufren las niñas y niños no se reduce únicamente al maltrato por parte de personas adultas, sino que también proviene de la insatisfacción de sus necesidades básicas a causa de la inexistencia o baja calidad de instituciones encargadas de su educación, atención y protección. En este sentido, este texto se justifica porque en la actualidad, se ha posibilitado el principio de la corresponsabilidad, que demanda mayor involucramiento por parte del Estado, el mercado y organizaciones comunitarias en la provisión de espacios para el desarrollo infantil desde la primera infancia (Franco y Llobet, 2019; Zibecchi, 2020).

Esta comprensión de corresponsabilidad con la infancia es gracias a la emergencia de procesos constitutivos en las últimas décadas, que han moldeado el entendimiento sobre la primera infancia y la importancia de su cuidado y protección integral, entre otras transformaciones sociales como lo explica Rozengardt (2020):

El reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres y el incremento de su participación en la vida social, cultural, política, económica, los avances en la disputa de la perspectiva de género y de la distribución de las responsabilidades del cuidado [...] Los cambios en la estructura y organización económica de las unidades familiares y el surgimiento de nuevas conformaciones y formas de agrupamiento humano (pp. 11-12).

De tal manera, este artículo adscribe una visión integral del cuidado, educación y protección de la primera infancia, a partir de una perspectiva multiterritorial (Rincón, 2012), consistente en el reconocimiento de la diversidad de escalas espaciales de actuación, de la multiplicidad de actores implicados y sus posibilidades de transformación. Dicha noción de territorio evoca cuestionamientos por formas de tramitación del conflicto, la inequidad y la desatención infantil, así como maneras de aprovechar los recursos y habilidades técnicas y humanas que posibiliten distinguir en cada caso las acciones que están encaminadas hacia un beneficio cabal para las niñas y niños, en especial los más vulnerables. Por todo lo expuesto, amerita la pregunta ¿cómo se construyen territorios de cuidado para potenciar el desarrollo humano de la primera infancia?

Contexto. Un breve panorama del cuidado de la primera infancia en la región

La investigación sobre el cuidado por parte de los estudios de género lleva aproximadamente 40 años de desarrollo, sin embargo, en Latinoamérica el “descubrimiento” de este campo ocurrió hace 20 años, siendo el subcampo del cuidado de la primera infancia, sus prácticas y organización social una de sus principales líneas temáticas (Batthyány, 2020).

Durante las últimas tres décadas, los Estados han pasado poco a poco de un modelo tutelar basado en la explícita maternalización de las mujeres y en la intervención de la infancia a partir de la lucha contra la criminalidad —mediante la creación de tribunales para menores y centros de reeducación, afectando principalmente a la infancia pobre y marginal— a un modelo de protección basado en la garantía de los derechos humanos y el sostenimiento familiar, mediante la integralidad, intersectorialidad y corresponsabilidad² de actores público-privados que se articulan alrededor de tres principales áreas: salud, cuidado y restitución de derechos vulnerados (Sánchez, 2019).

No obstante, semejante tránsito tiene como trasfondo un período de casi dos siglos y medio. En principio, la modernidad se cimentó sobre el afán, en el contexto de la Revolución Francesa y posteriormente en América Latina durante y después de las independencias, por reestablecer los lazos comunitarios que se percibían cada vez más desestructurados —producto de profundas transformaciones históricas—, mediante la atención de la familia como eje de promoción de la fecundidad para el poblamiento de vastos territorios y la socialización de valores morales ligados a una ciudadanía liberal naciente, con la ayuda institucionalizada de la Iglesia Católica y la voluntad de las damas de las clases altas de la sociedad (Sánchez, 2019; Rozengardt, 2020).

No es sino hasta entrado el siglo xx y durante su primera mitad, que se presenta el auge de lo que se ha denominado el modelo tutelar sobre la primera infancia, en el cual el Estado asumió un enfoque mixto entre las acciones correccionales y filantrópicas a través de la medicalización de la reproducción (obstetricia, ginecología y puericultura, ramas masculinizadas de la medicina), la eugenesia (proyecto político, sanitario, educativo y punitivo sobre nativos y extranjeros para la purificación de la raza nacional), la promoción de la familia patriarcal y la judicialización/reeducación de la infancia criminalizada (Sánchez, 2019).

Es a partir de la irrupción de la CDN (1989) que se posibilita un cambio de paradigma que viene a cuestionar los focos de intervención, los instrumentos y recursos estatales hacia la primera infancia, entre otros factores, por la ampliación de derechos de mujeres, niñas y niños, la disputa entre lo público y lo privado, las demandas ante la concentración de la riqueza y la desigualdad y la demostración científica de la relevancia de los primeros años de vida (Rozengardt, 2020).

Así es como en la actualidad, desde la definición holística de la AEPI como el conjunto de servicios dirigidos a la atención y cuidado de la primera infancia, cuyo objetivo es garantizar la supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, se ha ido ampliando la oferta de servicios estatales de todo tipo: licencias de maternidad/paternidad, transferencias monetarias condicionadas, visitas al hogar de salud materno-infantil, apoyo psicosocial a las familias, aporte de suplementos alimentarios, legislación a favor del trabajo doméstico remunerado, creación de guarderías y formalización de las cuidadoras comunitarias, reducción de la jornada laboral, pausas para amamantar, financiamiento de servicios de cuidado por parte de establecimientos laborales, centros de atención institucional y la educación preescolar y primaria, entre otros (Rozengardt, 2020).

Sin embargo, pese a los esfuerzos, la pandemia de COVID-19 y la inestabilidad político-económica en América Latina han puesto de manifiesto la histórica sobrecarga de las responsabilidades del cuidado en las mujeres, y aunque se han hecho avances para transformar los patrones culturales, las Encuestas de Uso del Tiempo siguen mostrando una muy baja participación de los hombres en esta labor (Rogero-García y Andrés-Candelas, 2017; Batthyány, 2020; Zibecchi, 2020).

Así mismo, se dificulta el objetivo de universalidad en el acceso a un programa de desarrollo educativo para la primera infancia en Latinoamérica, dado que, aunque entre 2015 y 2020 cerca de 2,1 millones de niños se incorporaron a un programa de este tipo, hasta el momento, solo el 18,6 % de los niños entre 0 y 2 años tiene cobertura, lo que significa que si se mantiene ese ritmo de crecimiento “para el 2030 se alcanzaría a cubrir apenas una cuarta parte de la población” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2022a, p. 45).

Además, se deben tener en cuenta los efectos de la cuarentena en el corto y largo plazo en términos de retroceso educativo, entornos estimulantes, interacciones sociales, acceso a prestaciones fundamentales, aumento de la violencia en el hogar, sobreexposición de los niños y niñas a las pantallas y un deterioro generalizado de la salud mental (UNESCO, 2022a).

Con todo esto, hoy en día se reconocen distintas esferas del cuidado —salud, nutrición, higiene, desarrollo cognitivo, social, físico y afectivo— y por tanto se justifica la multiplicidad de enfoques de intervención y conceptualizaciones sobre el cuidado de la primera infancia. De este modo, Sánchez (2019) identifica tres grandes líneas de investigación sobre las políticas, las cuales generalmente se superponen y están dirigidas a atender dichas esferas del cuidado: 1) Análisis de situación, orientado a conocer las causas de la vulnerabilidad social de las familias con niños de primera infancia y su impacto en los indicadores de desarrollo infantil y condiciones básicas de bienestar; 2) Análisis institucional, orientado a la descripción de arreglos institucionales, instrumentos jurídicos, niveles de descentralización y articulación de las políticas, así como de los servicios formales e informales de educación; 3) Análisis de intervenciones, divididos en integrales, no exhaustivos y parciales, cada uno mirando en mayor o menor grado las estrategias, acciones y mecanismos de coordinación, ya sea de la política en su conjunto o un segmento de ella.

En este sentido, este artículo pretende contrastar estas líneas de investigación y sus aproximaciones metodológicas, a la luz de la transversalidad de una dimensión clave como es lo territorial, con la finalidad de entenderla mejor y aportar a su integración dentro del mapa de la AEPI.

Metodología

Como punto de partida se tiene el paradigma constructivista con la intención de recuperar reflexivamente las producciones científicas sobre el cuidado de la primera infancia que se vienen trabajando desde distintos contextos de enunciación histórica, social, cultural y política en la región (George, 2019). Para ello, se revisan artículos científicos, libros, tesis de posgrado, informes técnicos y una ponencia, contando con un total de 27 documentos de hasta cinco años de publicación. La búsqueda se hizo en bases de datos y repositorios digitales a nivel regional y de habla hispana como el Repositorio Digital de la CEPAL, la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de CLACSO, Redalyc, Scielo y el Repositorio Institucional CINDE, también en Google Académico; mediante los criterios de palabras clave como: “primera infancia”, “cuidado del niño” y “territorio”, indexadas en el tesauro de la UNESCO.

Para el análisis de la información se elaboró una matriz de antecedentes que permite contrastar las hipótesis, argumentos, marcos teóricos, estrategias metodológicas, hallazgos y conclusiones de las investigaciones examinadas, incluyendo observaciones propias sobre similitudes y diferencias, debates principales y aspectos a profundizar. Siguiendo a Londoño et al. (2014) para garantizar la integridad ética y metodológica del estado del arte, más que un inventario de textos se pretendió alcanzar un enfoque contextualizado que organizara las posibilidades de comprensión y alternativas de acción sobre el tema.

En esta vía, el propósito fue presentar los desafíos y recomendaciones para el correcto desarrollo humano de la primera infancia suscitadas en la información revisada, a partir de un modo de comprensión territorial, es decir, reconociendo los actores, sus formas de relacionamiento y maneras de superar la vulneración infantil según cada ámbito de acción espacial de relevancia. Así, el aporte de este estado del arte es recopilar las investigaciones en función de similitudes metodológicas y georreferenciales, clasificándolas en las categorías: familia/escuela; políticas públicas; educación no formal; territorios diversos, las cuales se desglosan a continuación.

Hallazgos y discusión

Este apartado se presenta en cinco secciones que abordan las concepciones encontradas sobre la primera infancia, sus enfoques de intervención y el tipo de cuidados desplegados por cada ámbito de acción territorial.

¿Qué se entiende por primera infancia?

Como ya se mencionó no hay consenso para delimitar su rango de edad, variando según cada país. En México y Argentina va desde el nacimiento hasta los cinco años (Gobierno de México, 2020; Ministerio de Economía, 2021), en Colombia va hasta los seis años (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2022) y en El Salvador incluso hasta los nueve años (Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia [CONNA], 2018). Desde el punto de vista de la pediatría y la psicología se hace una distinción de la primera infancia con la etapa de bebé, por lo que esta se considera desde uno o dos años hasta los cinco o seis, etapa en que niños y niñas se vuelven menos dependientes de la ayuda de sus padres y progresivamente mejoran sus habilidades motoras, intelectuales y sociales (American Psychological Association [APA], 2022).

En cambio, la UNESCO (2022b) desde el punto de vista de la pedagogía, delimita la primera infancia desde los cero hasta los ocho años, es decir, hasta lo que correspondería al tercer grado, considerando la importancia para los niños y niñas del juego apropiado y un plan de estudios sólido.

Las diferencias en estas delimitaciones de edad tienen implicaciones en los resultados esperados de desarrollo sociocognitivo. Así, se habla de hitos que deben cumplir los niños y niñas en determinado tiempo, que para la primera infancia tienen que ver en general con aprender a caminar e ir al baño, garabatear, saber su nombre, tener un repertorio de palabras en aumento, imitar movimientos, jugar cooperativamente, entre otros (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2019).

En este orden de ideas, la primera infancia es la etapa inicial más temprana en el ciclo vital de los seres humanos, subdividida en rangos de edad que varían según la forma en que es concebida. Por ende, más allá de una definición cerrada, lo importante en el acercamiento a esta categoría es dotarla de contenido en función de la concepción que se tenga sobre los niños y niñas más pequeños y de las acciones que se orienten para su protección.

Familia y Escuela

Una perspectiva muy difundida es la de la primera infancia como sujeto de derecho protegido internacionalmente. Díaz-Cuadros et al. (2021) afirman que desde la CDN (1989), el desarrollo integral en la primera infancia se concibe como un derecho impostergable, a partir del cual los Estados y demás actores sociales deben propiciar ambientes protectores y ricos en prácticas de cuidado y experiencias pedagógicas. Sin embargo, Pineda et al. (2018) cuestionan que, en la práctica, persiste una visión adultista que invisibiliza la participación de niños y niñas en los procesos políticos y toma de decisiones democráticas a todos los niveles, por lo que se discute si un exceso en la mirada de derechos contribuye a una concepción pasiva de los niños como sujetos políticos con motivaciones propias y habilidades para transformar el tejido social. En concordancia con esta segunda visión, Castañeda y Pirateque (2015) argumentan que los niños y niñas desde la primera infancia son capaces de asumir roles sociales, reconocer la importancia de valores y normas de convivencia, así como expresar inconformidades y deseos para la mejora de su bienestar, habilidades clave para el pleno ejercicio de su ciudadanía.

Por otra parte, en lo que concierne al cuidado de la primera infancia en la escuela y la familia, es común encontrar en la literatura referencias a la teoría ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner. Desde este enfoque, Akar (2019), Anzola (2019) y Silva et al. (2019) proponen la relevancia de comprender los modos en que se relaciona una persona como ser biopsicológico con los ambientes que le rodean, ya que se influyen mutuamente. Dicho enfoque teórico implica una serie de estructuras concéntricas que denomina micro (familia, escuela), meso (comunidad cercana), exo (industria, medios de comunicación, servicios sociales), macro (actitudes e ideologías políticas) y cronosistema (patrones culturales y memoria histórica), las cuales adquieren significado en cada espacio y tiempo determinado. Todas estas estructuras están interrelacionadas entre sí, pero se concibe al microsistema, es decir, las relaciones proximales y el rol de los cuidadores principales como el mecanismo central del desarrollo humano.

La familia como territorio inmediato de soporte también ha sido ampliamente estudiada desde la teoría del apego de Bowlby. Esta advierte la importancia de interacciones basadas en el amor, aceptación, goce y protección en el vínculo madre (o cuidador equivalente) bebé para el desarrollo de la autoconfianza, tolerancia a la frustración y resiliencia ante momentos adversos, proceso que comienza en la infancia y repercute en todo el ciclo vital (Balzaretto y Silva, 2019).

Investigadores como Benavides et al. (2020) y Bruno et al. (2020) encuentran cómo los contextos de pobreza actúan como factores estresores que inciden negativamente en la seguridad de un cuidado de calidad y muestran cómo en los casos de madres solteras es común que estas dediquen menos tiempo a la alimentación, a la recreación y a actividades afectivas con sus hijos debido a largas jornadas de trabajo. Al respecto existe una tensión acerca de la resignificación de la condición biológica de la maternidad. Mientras algunas investigaciones justifican formas alternativas de provisión del cuidado en tanto sirvan para liberar el tiempo de las mujeres (Rogero-García y Andrés-Candelas, 2017), otras cuestionan los enfoques que apuestan a transformar per se los acuerdos familiares y reflexionan sobre la elección de la maternidad como una forma de subjetividad femenina válida (Bruno et al., 2020).

Se puede decir que, si bien el mandato social de la división sexual del trabajo define a las mujeres como las principales responsables del cuidado y hay quienes asumen la maternidad como el mayor logro de sus vidas, para otras esto significa una situación no deseada de dependencia y vulnerabilidad. Tener en cuenta esto para conseguir estrategias de intervención más respetuosas, implica considerar las propias significaciones atribuidas a las prácticas del cuidar en cada arreglo familiar, indagando por las relaciones de sostén, si las hay, en la ardua labor del cuidado: padre, abuelas y abuelos, hermanas y hermanos, tías y tíos, otros hijos, amigos, vecinos (Akar, 2019).

Otras investigaciones han explorado el microsistema de Bronfenbrenner y el traslado del apego de base segura a los entornos escolares. Por ejemplo, Castañeda y Pirateque (2015) indagan las formas de apropiación del territorio de niñas y niños de cinco y seis años en un colegio de la ciudad de Bogotá. La investigación muestra que estos son capaces de representar a través del dibujo figuras de apego en su cotidianidad como familiares, maestras, mascotas y elementos naturales, así como lugares de su casa, colegio y barrio. Esto se debe entender como una interiorización no solo de espacios y rutas de acceso, sino también de convenciones como prohibido/ permitido o seguro/inseguro y del reconocimiento de su pertenencia a grupos sociales como niños, hijos, amigos y estudiantes, dando cuenta del desarrollo de una identidad.

Por su parte, Anzola (2019) analiza la escuela como territorio de vida y advierte la importancia de un currículo escolar inclusivo. Desde la indagación por las nociones de “lo vivo” en una escuela maternal, reflexiona sobre la importancia que tienen los maestros en el aprendizaje de los niños y niñas acerca de la complejidad de la vida. Propone la enseñanza situada del arte, la biología, el medio ambiente y de otras culturas, no solo con la finalidad de motivar el pensamiento científico, sino también como estrategia de sensibilización y empatía con todo lo que nos rodea.

Con lo expuesto hasta aquí, el tipo de cuidado en este ámbito territorial puede ser entendido como todas aquellas actitudes, comportamientos, saberes y lazos de proximidad y dependencia que satisfacen requerimientos físicos, emocionales y cognitivos de la primera infancia, ya sea de manera remunerada o no, incluyendo las tareas necesarias para asegurar el cuidado y aprendizaje como, por ejemplo, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar, el mantenimiento de estructuras físicas y la vinculación entre conceptos y sensaciones.

Es de anotar que el enfoque metodológico más utilizado para el análisis de esta sección es el cualitativo, con diseños etnográficos, entrevistas y cartografías sociales, privilegiando el uso del arte y el juego debido a que estos trabajos interpretan prácticas humanas con la finalidad de profundizar en la comprensión in situ de sus problemas de investigación. Siguiendo a Sánchez (2019) estos trabajos corresponden a los análisis de situación.

La primera infancia en las políticas públicas

Además del enfoque de derechos, se ha justificado en las políticas públicas la intervención de la primera infancia desde la perspectiva de las neurociencias, es decir, la importancia del desarrollo cerebral durante los primeros años para el resto de la vida; de la economía, la rentabilidad en costo-beneficio de la inversión en las capacidades de los niños y niñas; y, la demografía, el crecimiento poblacional para el equilibrio fiscal y pensional (Sánchez, 2019).

Sánchez (2019) propone para el análisis de su intervención el modelo teórico “Cadena de Valor Público”, el cual pretende describir minuciosamente la acción estatal en flujos de acción, divididos principalmente en servicios de salud, cuidado y restitución de derechos, que a su vez abordan focos especializados según la etapa del ciclo vital: etapa pregestacional; etapa gestacional; parto y un mes posterior; primer año de vida; ingreso al sistema educativo formal.

De este modo, se pretenden explicar las acciones estatales hacia problemas tan variados como la salud sexual reproductiva, la violencia intrafamiliar, la educación inicial, la soberanía alimentaria, la vacunación infantil, su explotación sexual y laboral, entre otros. No obstante, varios autores reconocen las dificultades en Latinoamérica para coordinar estos esfuerzos.

En esta vía, Batthyány (2020) observa cómo en la región, el modelo de bienestar europeo opera de manera mucho más reducida y con tensiones entre la formalidad y la informalidad, debido a los bajos niveles de financiamiento y a la segmentación de las pocas acciones existentes, además, en muchos casos estas siguen reproduciendo las inequidades de género. Un ejemplo de esto lo establece Pineda (2020), quien analiza la situación de los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar en Colombia, una modalidad de cuidado comunitario con supervisión estatal. Encuentra cómo el Estado durante décadas ha subvalorado y precarizado el trabajo de las madres comunitarias, mujeres encargadas del cuidado de niños y niñas de sus barrios y veredas en su propia casa, de manera “voluntaria”, sin recibir prestaciones sociales, aportes a la salud, ni pensiones.

Rozengardt (2020) compara los sistemas de protección social en la región. Encuentra que, a pesar de sus diferencias, tienen como características similares una gama heterogénea de servicios informales, altos niveles de fragmentación en las políticas, bajos niveles de rendición de cuentas, baja participación democrática, poco reconocimiento de voces distintas a las gubernamentales, entre ellas las de los niños y niñas, vacíos legales y altas tasas de desigualdad en la calidad, cobertura y financiamiento, sobre todo en zonas rurales.

Ejemplos de esto los aporta un estudio reciente sobre el panorama de la educación de la primera infancia, desarrollado por la Red para Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe (RedLEI). Nanne-Lippmann (2022) resalta cómo entre algunos países son comunes las dificultades para la coordinación institucional y para la permanencia de docentes calificados. A partir de casos como los de Guatemala y Nicaragua, menciona cómo muchas veces las directrices que se emiten desde los Ministerios de Educación respecto a los programas educativos para niños de cero a tres años, están desarticuladas de las actividades adelantadas por el Ministerio de la Familia en Nicaragua y la Secretaría de obras sociales de la esposa del presidente en Guatemala, evidenciando la inexistencia de una institución encargada de coordinar todas las actividades que garanticen una atención integral para las edades más tempranas. Así mismo, debido a las escasas asignaciones presupuestales de estos países, solo se exige a los docentes de las instituciones públicas de educación en primera infancia una formación inicial de secundaria, desincentivando la profesionalización y perpetuando los bajos estándares.

Otros casos interesantes son República Dominicana y Costa Rica. Si bien son de los países con mejor desempeño en Centroamérica y el Caribe en lo que respecta a las buenas prácticas de atención y educación en la primera infancia, con importantes avances en el diseño e implementación de políticas integrales e inclusivas, todavía hay espacio para la mejora institucional en el ciclo de la evaluación y rendición de cuentas, puesto que República Dominicana está dentro de los pocos países que firmaron la Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia en América Latina y el Caribe (2017), que aún no cuentan con una encuesta nacional para la medición del desarrollo infantil (Diálogo Interamericano, 2020) y Costa Rica, aunque cuenta con el Programa Estado de la Nación para hacer seguimiento a los programas, este es realizado por un centro de investigación externo, por lo que hasta la fecha no existe un sistema de información centralizado que integre las diferentes categorías (Nanne-Lippmann, 2022).

Por su parte, Pineda et al. (2018) advierten cómo a pesar de los avances en las legislaciones nacionales a la luz de la CDN (1989), no siempre logran ser materializados en los territorios alejados, como es el caso de la trifrontera amazónica entre Brasil, Colombia y Perú. Observan que, las acciones de las entidades municipales son reactivas y no proactivas y proponen establecer líneas de comunicación directa entre las mismas a pesar de pertenecer a países distintos, con la finalidad de combatir la explotación sexual, violencia intrafamiliar, trabajo infantil y consumo de drogas entre los niños, niñas y adolescentes de este territorio particular.

López (2020) contrasta normativamente las falencias en la aplicación de la política pública colombiana para la primera infancia “de Cero a Siempre” en una zona rural y propone estrategias de comunicación para la sensibilización de los hombres sobre la distribución equitativa de responsabilidades, la importancia de destinar espacios de esparcimiento en el hogar y formas de prevención del abuso sexual. Sin embargo, una limitante de este estudio es que no mide el impacto de estas estrategias, que aparecen como insuficientes ante los problemas descritos de acceso a salud y educación para la primera infancia.

La mayoría de estos trabajos son cuantitativos y comparan bases de datos regionales, nacionales y locales, como son los casos de Pineda et al. (2018), Sánchez (2019), Rozengardt (2020), Diálogo Interamericano (2020) y Nanne-Lippmann (2022), quienes pretenden analizar las políticas integralmente. Mientras que, Pineda (2020) y López (2020) desarrollan trabajos no exhaustivos y parciales de corte cualitativo sobre segmentos de la política. No obstante, es transversal a todos un análisis institucional en términos normativos.

A la luz de los estudios examinados emerge una realidad, la incapacidad de las familias más vulnerables de transformar por sí solas las problemáticas en los arreglos del cuidado. Es por esto que el cuidado en este ámbito de análisis territorial se comprende como el entramado dinámico de servicios estatales, en conjunción con otras formas de organización social, que propenden porque las familias generen por sí mismas las atenciones necesarias y se vean apoyadas en esta labor. A continuación, se exploran esas otras formas de organización social que ayudan al Estado y a las familias en la provisión del cuidado de la primera infancia.

La primera infancia en la educación no formal

Estudios específicos sobre este asunto han sido adelantados principalmente en Uruguay y Argentina. A partir del concepto organización social del cuidado, se analiza cómo se construye Estado mediante prácticas comunitarias de cuidado. La principal característica de la educación no formal es la heterogeneidad en la oferta, por lo que esta sección estudia las formas de organización de una amplia gama de actores sociales surgidas durante la segunda mitad del siglo xx en respuesta a la falta de presencia estatal, entre ellos “mujeres organizadas, comunidades, movimientos sociales, estados nacionales y locales, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales locales y globales, iglesias, organizaciones de base, partidos políticos, movimientos guerrilleros, empresas privadas y otros diversos actores” (Rozen- gardt, 2020, p. 11).

Se parte de la premisa de que lo no formal como campo de estudio debe ser entendido no de forma independiente o en oposición a la oferta formal, sino revalorizando su importancia. Por lo tanto, es necesario indagar los alcances que la organización social le ha dado a los derechos de los niños y de las mujeres, e incluso cómo estos pueden chocar en ocasiones. De esta manera, hay dos debates que se mantienen en la actualidad, el primero, tiene que ver con si existe diferencia entre cuidar/atender y educar. El segundo, si la tendencia de algunas políticas sociales definidas como maternalistas³ sirve para explicar el activismo que realizan las organizaciones de madres comunitarias en función del cuidado de los niños y niñas (Franco y Llobet, 2019).

Acerca del primer debate se discute que la oferta informal ha sido planificada como una solución “de los pobres para los pobres” en la que la atención de la primera infancia se hace sobre la base de saberes populares que no responden a la organización curricular, espacios y estándares de medición de la educación formal (Rozengardt, 2020). Sin embargo, con la revalorización de la oferta informal, se reconoce la imbricación de la atención, la crianza y la educación.

Así, desde el punto de vista de la educación integral se educa a través del acto de cuidar, entendido como la satisfacción de las necesidades inmediatas (comida, aseo, abrigo), las cuales son necesarias para el desarrollo emocional, cognitivo y social. También, en la medida en que se propicien espacios seguros, los niños tendrán la libertad de hacer actividades exploratorias, elegir, conocerse a sí mismos y a los demás y equivocarse sin ser juzgados, fomentándose con esto una educación en valores (Vega et al., 2019).

El segundo debate responde al carácter político de la lucha de las madres comunitarias. Desde la perspectiva de estos estudios, no se observa una limitación de su autonomía, sino, por el contrario, una gestión del cuidado que no se puede desligar de su incidencia política para subsistir: formar una cooperativa, hacer grupos de apoyo para reconstruir una casa, completar formularios para la vinculación a programas sociales, relaciones cara a cara con profesionales para hacer seguimiento de la salud o maltrato hacia un niño o niña del barrio, entre otros aspectos del cuidado comunitario.

Las redes que se despliegan producto de esta gestión en el territorio atienden a criterios de proximidad espacial y afinidad temática, tanto de forma horizontal con la comunidad como vertical con los gobiernos locales y siempre buscando responder a las necesidades de la gente (Franco y Llobet, 2019; Zibecchi, 2020).

Estas investigaciones coinciden en que, para la construcción de mejores territorios de cuidado de la primera infancia, es necesario seguir impulsando el reconocimiento del trabajo de las madres comunitarias como agentes educativas, exigiendo su formalización laboral, el pago de las prestaciones sociales históricamente negadas, ofertas de capacitación, su participación en las políticas públicas y mayores recursos e instrumentos institucionales.

De manera crítica, es de resaltar que, los análisis planteados son realizados en zonas urbanas marginales y valdría la pena señalar si son pertinentes para otras dinámicas contextuales. También, es común que, al enfocarse en los centros de desarrollo infantil comunitarios, desatienden el análisis de la oferta privada de cuidados. De acuerdo con Pineda (2020), existe un subregistro de esta en la región y conocerla más contribuiría a la consolidación de Sistemas Nacionales de Cuidado que no sigan arrastrando las desigualdades de cobertura por motivo de ingresos económicos.

Al respecto, es interesante ver cómo en investigaciones realizadas en países donde la oferta está altamente privatizada como Australia y Nueva Zelanda, se denuncia por el contrario que el neoliberalismo ha propiciado la mercantilización de la primera infancia y la consecuente falta de reciprocidad entre los centros privados, debido a que sus relaciones se dan sobre la base de la competencia económica y no como un servicio para el bien común, favoreciendo el quebrantamiento de los vínculos sociales y el sentido de pertenencia de las niñas y niños (Press et al., 2018). Esto es una muestra más de cómo el contexto configura por completo otras dinámicas de cuidado.

En definitiva, el principal aspecto a destacar del cuidado en este ámbito territorial es la contribución de la organización comunitaria, encabezada por mujeres, a la capacidad de reproducción y mantenimiento de la sociedad, principalmente de los sectores más desfavorecidos. Para ello, estos trabajos utilizan una metodología cualitativa de corte histórico-descriptiva de los movimientos sociales, inscribiéndose en los análisis de intervenciones parciales y no exhaustivas.

Interseccionalidad y territorios diversos

Atendiendo a la crítica de la necesidad de explorar los arreglos de cuidado en territorios diversos, cada vez hay más trabajos que parten de la interseccionalidad para desarrollar sus análisis, ya sea en lugares distintos a la educación-crianza urbana o abordando preguntas diferentes a las que agendan dichas investigaciones.

Desde este enfoque se reconoce la existencia de desigualdades estructurales que adquieren una manifestación y significado en cada contexto. Con esto se trata más que de “enumerar y hacer una lista inacabable de todas las desigualdades posibles, superponiendo una tras otra” (Bruno et al., 2020, p. 42), de comprender su materialización en las prácticas y arreglos de cuidado.

En este sentido, aunque estas investigaciones coincidan muchas veces con el contexto urbano marginal, se diferencian de los trabajos sobre educación no formal porque lo que enfatizan son las historias de vida particulares, sus condicionantes, dificultades añadidas y otras formas posibles de ser. Por ejemplo, Ospina-Alvarado et al. (2020) indagan cómo familias con niños de la primera infancia víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado colombiano, manifiestan sentimientos contradictorios entre la nostalgia, la rabia y el temor cuando recuerdan los hogares de donde fueron desplazados por la violencia. Encuentran que una de las maneras en que las familias buscan la dignificación de sus vidas, es a través de prácticas de solidaridad en los nuevos territorios de acogida, aportando a la construcción de paz, participación ciudadana y procesos de memoria colectiva.

Bruno et al. (2020) miran cómo las desigualdades migratorias, de pobreza y de género se interceptan, condicionando las posibilidades y entendimientos del cuidado. En el caso de madres bolivianas solteras y migrantes en Buenos Aires, cuyos hijos van a centros de desarrollo infantil comunitarios, encuentran que estas se ven obligadas a migrar por la pobreza y a pesar de haber perdido las redes de apoyo familiares en sus territorios de origen y llegar a laborar casi siempre en trabajos precarizados de cuidado, conciben el apoyo prestado por dichos centros como una ayuda y no como un derecho. Al respecto reflexionan sobre cómo una mirada intercultural debe buscar “una universalidad que no atropelle las diferencias y que, a su vez, no desatienda los conflictos” (Bruno et al., 2020, p. 35).

Beltrán (2018) se adentra en las selvas del pacífico colombiano para describir las maneras en que las comunidades negras desarrollan prácticas de crianza en íntima relación con el río Atrato. A diferencia del paradigma occidental, se observa una crianza que se enmarca en el afrontamiento de riesgos como una forma de autocuidado. Esto se ve por ejemplo en el hábito de llevar a los niños y niñas desde muy pequeños a que naden en el río para que no se ahoguen; en efecto, rápidamente se convierten en hábiles nadadores sin la necesidad de supervisión de un adulto. Además, cuestiona cómo desde una mirada hegemónica del desarrollo se concibe a estas poblaciones como carentes, y, por el contrario, resalta sus tradiciones que conviven en armonía con la naturaleza como un proyecto de resistencia política contra el extractivismo y la globalización.

Por último, Benavides et al. (2020) analizan el choque cultural que viven las comunidades indígenas Nasa y Embera-Katío, que migran a la ciudad de Bogotá. Hallan que en este tránsito hay alteraciones en sus prácticas de cuidado, desde el olvido o imposibilidad de realización de determinados ritos, pasando por la indigencia y desatención infantil, hasta el hacinamiento en albergues del Estado o habitaciones de alquiler pagadas día a día. Frente a estas problemáticas, proponen una educación intercultural que rescate los aportes de los saberes ancestrales a la sociedad contemporánea, así como el fortalecimiento de cabildos y jardines infantiles indígenas en las ciudades de acogida para el mantenimiento de sus tradiciones y lenguas nativas.

La mayoría de estos trabajos se diseñan como estudios de caso o etnografías, con un marcado interés por rescatar “la voz de los sin voz”, siendo conscientes de los posibles prejuicios de los investigadores. Así mismo, su fin último es contribuir a transformar situaciones injustas (Creswell & Creswell, 2018), correspondiendo a los análisis de situación.

En cuanto al tipo de cuidado, el aporte que hacen a su definición es comprenderlo como todas las luchas de dignificación que persiguen como proyecto político el sostenimiento de la vida en general, lo cual implica tanto el bienestar social como la conservación del entorno natural y de los saberes populares/ ancestrales, incluyendo en estos procesos prácticas menos dependientes de autocuidado infantil.

Conclusiones

Este artículo contribuye a la identificación del carácter teórico de investigaciones recientes en Latinoamérica, con énfasis en Colombia, sobre el cuidado de la primera infancia y su relación con el territorio, sus metodologías, debates y temas a profundizar, proyectados a futuras líneas de investigación e intervención.

Frente a la pregunta ¿cómo se construyen territorios de cuidado para potenciar el desarrollo humano de la primera infancia?, se clasificaron las reflexiones suscitadas en función de sus semejanzas epistemológicas y socioespaciales.

Se encontró para el territorio familia/escuela la importancia para las niñas y niños de los relacionamientos afectivos de base segura con sus cuidadores más cercanos para el desarrollo de la autoconfianza, es decir, sus familiares y maestros, así como la relevancia de un currículo escolar inclusivo que posibilite su pleno ejercicio de la ciudadanía desde edades tempranas.

Para el territorio referido a las políticas públicas, se observan como importantes logros en la región los esfuerzos de las últimas décadas, encaminados a alcanzar Sistemas Integrales para el cuidado de la primera infancia, pero persisten importantes dificultades que deben ser superadas para mejorar la calidad de los servicios, como la consolidación de un marco legal vinculante tanto a nivel nacional como regional que disponga cuotas presupuestales sostenidas en el tiempo, una mejor distribución de competencias y liderazgos institucionales, mayores espacios de participación ciudadana y sistemas de monitoreo a la implementación.

En cuanto al campo de la educación no formal, se resalta la importancia de reconocer los esfuerzos de los hogares comunitarios, jardines maternales y centros de desarrollo infantil encabezados por mujeres para el sostenimiento de las comunidades donde no llega la oferta estatal, con la finalidad de formalizar su trabajo, brindar oportunidades de capacitación y mejorar su integración con los servicios públicos y privados.

Respecto a las investigaciones que indagan por los territorios considerados diversos, se destaca la horizontalidad como forma respetuosa de construcción heterogénea y colectiva del conocimiento que debería ser extrapolada a cualquier tipo de intervención, en donde las explicaciones estructurales de injusticia cobran sentido mediante historias de vida particulares, las cuales están motivadas por la dignificación de la vida en todas sus dimensiones.

La dimensión territorial es relevante para el entendimiento del subcampo de la primera infancia, ya que según el ámbito de acción territorial se despliegan diferentes concepciones sobre la niñez, enfoques de intervención y formas de cuidado. Así, conociendo las particularidades de cada contexto, las necesidades de los actores y sus formas de relacionamiento, se identifican las falencias y posibles soluciones para mejorar la AEPI.

La perspectiva multiterritorial permite entender al territorio como un concepto híbrido que opera como contenedor a ser llenado. En él transcurren el tiempo, las personas, sus hábitos, creencias y expectativas, de modo que, si no se tienen en cuenta los espacios físicos y sociales no es posible identificar los factores condicionantes de una situación de vulneración de la primera infancia ¿cuáles son las causas de su falta de bienestar?: ¿la disfuncionalidad familiar?, ¿la falta de recursos?, ¿la falta de servicios estatales?, ¿la violencia?, ¿la discriminación?, ¿o todos ellos? La consideración de los territorios como contexto permite enfocar la respuesta a estas preguntas.

La maleabilidad e interdisciplinariedad de la noción territorial es ventajosa para el fomento del desarrollo humano en la primera infancia, si se acompaña con otras categorías conceptuales que lo sitúen en cada nivel. Esto implica dotarlo de adjetivos para comprender las prácticas y organización del cuidado en cada caso, sin perder de vista las mutuas influencias del territorio cuerpo, con el territorio familia, territorio espacio de formación, barrio, nación, etc.

La construcción de territorios de cuidado implica una cantidad importante de transformaciones, en frentes que exceden las acciones del cuidado directo, involucrando temas como la paz y reconciliación, memoria histórica, la corresponsabilidad social y de género, la lucha contra todo tipo de discriminación, la mejora de los ingresos familiares, la apropiación de formas sostenibles de explotación de los recursos, la evaluación constante de las políticas públicas, el fomento de la cultura científica y la participación ciudadana en espacios democráticos de toma de decisiones.

El cuidado integral de la primera infancia también implica tener presente la diversidad de las nociones del desarrollo, entre las que se cuentan el desarrollo del cerebro, de las relaciones interpersonales, de la identidad, de la mejora de capacidades y generación de riqueza, de la protección del medio ambiente y la justicia social.

Los debates identificados en la literatura revisada, con base en los cuales se desarrolla el presente análisis son: noción de ciudadanía de la primera infancia vs. su ejercicio real; cuidar/atender vs. educar; transformar per se los arreglos familiares existentes vs. comprender el impacto subjetivo de la maternidad en cada mujer; los derechos de los niños y niñas vs. los derechos de las mujeres.

Los temas que se sugieren para continuar investigando a partir de lo discutido son: 1. Qué se puede proponer desde el Estado, la comunidad y la familia para que los hombres se responsabilicen más de las tareas del cuidado; 2. El papel de la oferta privada de cuidados en la región; 3. Los efectos pospandemia en el aprendizaje; 4. Cómo asumir los elementos positivos y negativos del ineludible aumento del mundo digital como territorio tecnológicamente mediado desde la primera infancia.

Finalmente, una limitación del trabajo es la cantidad de investigaciones revisadas, puesto que con un volumen mayor se considerarían más países de la región y el mundo, ampliando los debates y abordando asuntos a profundizar. En todo caso, la indagación por los territorios de cuidado en la primera infancia se presenta como una línea de investigación que tiene mucho que ofrecer y este texto es una invitación a seguir desarrollándola.