POPULARIDAD PRESIDENCIAL Y ÉXITO O DERROTA DEL PARTIDO EN EL GOBIERNO. EL CASO DE REPÚBLICA DOMINICANA 2004-2020

Introducción

Desde los años 30 del siglo xx es regularmente medida la popularidad presidencial (Mueller, 1970)¹. Sin embargo, hasta finales de la década de los años 70 los politólogos consideraban que la aprobación del mandatario de turno (popularidad) no guardaba relación con el éxito o derrota del partido en el gobierno (Lewis Beck y Rice, 1982). Lee Sigelman (1979) alertó por primera vez que el nivel de aprobación del gobernante de turno tiene la capacidad de predecir la posibilidad de reelección del mandatario de turno. Cuatro años más tarde, en colaboración con Brody (1983), Sigelman documentó que la popularidad del mandatario también permitía anticipar la victoria o derrota del candidato presidencial del partido en el gobierno, aunque este no fuera el titular del poder ejecutivo. Los hallazgos fueron confirmados por Lewis Beck y Rice (1982 y 1984) dando lugar a la elaboración de diferentes modelos de pronóstico electoral. Inicialmente, los modelos se basaron solo en la variable popularidad presidencial, para luego combinarla con otras como la tasa de crecimiento del producto interno bruto (Lewis Beck y Rice, 1984) y el número de mandatos del gobernante de turno (Abramowitz, 1988). Los modelos demostraron una efectividad considerable para anticipar el resultado electoral del candidato del partido del gobierno en el contexto de los comicios presidenciales en Estados Unidos. Desde entonces, los politólogos no están obligados a depender de los resultados de las encuestas de intención de voto para construir pronósticos electorales con niveles satisfactorios de certeza.

Para el caso latinoamericano, Echegaray (1996) fue el pionero en investigar la asociación entre popularidad presidencial y el éxito o derrota del candidato oficialista. El autor investigó las elecciones presidenciales latinoamericanas de 1982 a 1994 encontrando que “es la evaluación de la labor del presidente más que cualquier experiencia económica específica lo que emerge como el mejor predictor de cuan bien el candidato del oficialismo saldrá parado en la elección” (Echegaray, 1996, p. 610). Gramacho (2007) también reporta que la comparación entre el éxito o derrota del candidato oficial y la aprobación del gobierno en encuestas de opinión pública “sugiere una fuerte asociación positiva. No sólo los presidentes suelen recibir porcentajes de votos semejantes a su nivel de aprobación, sino que los candidatos oficialistas tampoco se alejan mucho de ese marco” (Gramacho, 2007, p. 17).

Por su parte, Díaz (2019 y 2019a), con base en una muestra integrada por la totalidad de los comicios presidenciales competitivos (38) celebrados en siete países de la región (Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Costa Rica y México) desde el inicio de la transición a la democracia en 1983 hasta 2018, comprobó que en el 89.47 % de los casos la popularidad del gobernante de turno anticipó el éxito o la derrota del partido en el gobierno, una alta popularidad fue seguida por el triunfo del candidato oficial y una baja por la derrota.

Uno de los propósitos de la presente investigación fue comprobar si esa pauta aplica también para el caso de los comicios presidenciales competitivos celebrados en República Dominicana². El procedimiento seguido consistió en contrastar la aprobación de los mandatarios, previo al inicio de las campañas, con el resultado que obtuvo en la elección presidencial el oficialismo³. Los datos de la aprobación de los mandatarios fueron tomados del banco de datos de la Universidad de Georgia, Student Innovation Fellowship (SIF), en específico de CID, la casa encuestadora más longeva en Centroamérica y el Caribe, única con registro sistemático de la aprobación y la desaprobación de los mandatarios dominicanos desde el año 2003.

No estimamos los resultados de las elecciones presidenciales de 1978 por constituir el inicio de la transición desde el régimen autoritario a la democracia. En ese contexto, los registros de la opinión pública no resultan creíbles. Se trata de “opinión en el público y no del público” (Sartori, 1992). No fueron considerados a su vez los resultados de los comicios presidenciales de 1990, 1994 y 1996, pues con el retorno al poder de Joaquín Balaguer en 1986, no se mantuvieron las normas de competitividad electoral establecidas a partir de 1978 (Espinal, 2003). Con respecto a los comicios presidenciales de 1982, 1986 y 2000, lamentablemente, no encontramos datos sobre la popularidad de los mandatarios de turno⁴.

El resultado que arrojó el análisis de la experiencia dominicana es que en el 60 % de los casos, el éxito oficialista fue precedido por una alta popularidad del titular del ejecutivo, o viceversa, su derrota fue antecedida por una baja aprobación. Registramos una tendencia incipiente, pero mayoritaria hacia la asociación entre nuestras variables sin alcanzar la consistencia observada en otros países de la región. En los comicios presidenciales de 2004, 2008 y 2016 comprobamos asociación entre popularidad presidencial y resultado electoral del oficialismo. En cambio, en las elecciones presidenciales de 2012, el gobernante PLD consiguió retener el poder a pesar de que el mandatario de turno, Leonel Fernández, contaba con una aprobación baja: 34 %. En tanto, en los comicios presidenciales de 2020 el PLD fue derrotado pese a la alta aprobación del titular del ejecutivo, Danilo Medina.

El siguiente objetivo fue verificar si para el caso de las elecciones presidenciales competitivas de República Dominicana aplica la explicación aportada por Díaz (2019 y 2019a), en cuanto a que la retención del poder por el partido en el gobierno, pese a que el mandatario de turno cuenta con una baja aprobación, obedece a que la oposición no constituye una opción de gobierno creíble. El pilar del argumento descansa en la concepción de que si la oposición no es fiable será incapaz de ganarse la confianza y por tanto los votos de los ciudadanos racionales (Downs, 1973). El procedimiento seguido fue comprobar la presencia en los comicios presidenciales de 2012 de los indicadores empíricos que evidencian que la oposición no constituye una alternativa gubernamental creíble. La verificación arrojó que los indicadores empíricos resultaron ajenos a la participación del PRD en esas elecciones. La organización partidista no procedía de uno los extremos del espectro ideológico desde donde defendió posturas antisistema, contaba con amplia experiencia de gobierno a nivel nacional, pues había detentado las riendas del país durante tres mandatos, 1978-1982, 1982-1986 y 2000-2004 y sus líderes no estaban asociados con el pasado autoritario relativamente reciente en ese país pues el PRD “cautivó el imaginario popular en la lucha contra los remanentes de la dictadura y fue el principal propulsor de la alternativa democrática” (Espinal, 2008, p. 145).

Benito (2014) sugirió la división interna de la organización como la posible causa principal de la derrota del candidato presidencial de entonces Hipólito Mejía y el PRD. Jiménez (2016) argumenta que el PLD devino durante los mandatos segundo y tercero del presidente Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012), en un partido cartel, sacrificando la equidad que debe caracterizar la competencia electoral. Mientras las interpretaciones de Espinal (2008) y Cabrera (2012) asocian la derrota del PRD con la desconfianza que representaba para el votante una nueva candidatura presidencial de Hipólito Mejía, quien había conducido al país a la crisis económico social más aguda desde el inicio de la democratización en 1978⁵.

Las explicaciones aportadas por los autores son ampliamente debatidas. El aporte de la investigación al respecto reside en proveer un marco teórico a las interpretaciones de Espinal (2008) y Cabrera (2012). Significa que la experiencia de las elecciones presidenciales en República Dominicana en 2012, apunta al enriquecimiento de los indicadores empíricos que permiten testear la hipótesis de que la oposición no es una opción de gobierno creíble. En ese sentido, la oposición también puede constituirse en una alternativa gubernamental no creíble cuando como consecuencia de un desastroso desempeño gubernamental, la mayoría de los ciudadanos racionales la considera responsable de haber arrastrado al país a un escenario de aguda crisis económico social negándole su respaldo en las urnas.

Por último, con base en el análisis de los comicios presidenciales de 2020 en los que el PLD no consiguió retener el poder pese a que el mandatario de turno, Danilo Medina, contaba con una alta aprobación, sometemos a comprobación la explicación de que la división del partido o coalición de gobierno tiene la capacidad de anular la asociación entre popularidad presidencial y el éxito o derrota del oficialismo. El procedimiento seguido fue comprobar la presencia en los comicios presidenciales de 2020 de los indicadores empíricos que evidencian la afectación del partido o coalición de gobierno por un proceso de división interna en el momento en que enfrenta la contienda electoral. En este caso, la verificación arrojó que los indicadores empíricos no resultaron ajenos a la participación del PLD en esas elecciones. El proceso de selección del candidato presidencial del PLD fue impugnado públicamente por el entonces presidente de la organización y a su vez contendiente en las primarias, Leonel Fernández. El también ex mandatario renunció a su cargo y a la militancia en el PLD integrándose a una fuerza política opositora como candidato presidencial, desde donde fustigó el desempeño del partido en el gobierno siendo respaldado por un grupo de diputados, senadores y funcionarios partidistas de su antigua organización. En general, las explicaciones sugeridas por analistas y politólogos locales en relación con el desenlace de los comicios, tienden a enumerar un nutrido grupo de causales sin todavía generar un proceso de diferenciación de la capacidad explicativa de las mismas. Nuestra comprobación no apunta a demostrar que la división del partido en el gobierno es la causa exclusiva del desenlace de los comicios presidenciales de 2020. En cambio, verifica la validez de la explicación de que la división del oficialismo tiene la capacidad de anular la asociación entre popularidad presidencial y éxito o derrota del partido en el gobierno y en ese sentido anuncia su derrota electoral.

Marco teórico

Para Mueller el término aprobación presidencial contiene, la opinión individual o agregada, sobre la gestión de un mandatario de manera general, sin énfasis primario en algún tema o cuestión electoral (Mueller, 1973). Se trata de una opinión personal o colectiva sobre el desempeño del presidente, no asociada específicamente a un tema, sufragio o comicios que, como acertadamente expone Beltrán (2015), aunque

puede estar influido por la identificación de las personas con los distintos partidos políticos o contener juicios sobre la personalidad del gobernante, resume en un juicio sumario simple lo que la mayoría piensa del desempeño del gobierno y, de manera indirecta, sobre su percepción del estado general del país (Beltrán, 2015, párr.3).

La revisión de la literatura arroja también que popularidad y aprobación presidencial habitualmente son empleados como sinónimos. La aprobación del gobierno es la medida más antigua de popularidad presidencial.

Con mucho, la mayoría de los estudios utilizan datos de encuestas recopilados por la compañía Gallup. Desde agosto de 1937 la pregunta de la encuesta dice lo siguiente: Usted aprueba o desaprueba la forma en que (nombre del presidente) está conduciendo el gobierno (Berlemann y Enkelmann, 2014, p. 13).

Lo que distingue la medición de la aprobación es que la forma en que se formula la pregunta está concebida para que principalmente dé lugar a dos opciones de respuesta: aprobación o rechazo. Este instrumento es el más estable y el más utilizado para estudios de popularidad presidencial (Cohen, 1999; Gronke y Newmann, 2000).

Un indicador cercano al de popularidad presidencial es el de evaluación presidencial. La principal diferencia reside en la escala de respuestas disponibles para los individuos (De Paula, 2013). La evaluación del presidente permite al entrevistado manejar un número mayor de respuestas posible. En su fórmula cuantitativa se pide al entrevistado que atribuya al presidente una calificación en una escala que va de 0 hasta 100, mientras, en la versión cualitativa, el entrevistado es preguntado sobre cómo evalúa el desempeño de un presidente específico teniendo cinco posibilidades de respuesta: óptimo, bien, regular, mal y pésimo (De Paula, 2013).

Que la popularidad del presidente se mida a través de una pregunta sencilla realizada a una muestra representativa de ciudadanos (¿En general usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo el presidente?), no significa que su composición también lo sea. En la literatura, por ejemplo, se han identificado tres componentes principales de la aprobación: el desempeño; la personalidad; y el partidismo (Romero, 2009).

El desempeño constituye el componente indiscutido de la aprobación y también el más ampliamente investigado (Mueller, 1973; Brody, 1991; Buendía, 1996; Lewis-Beck y Stegmaier, 2000; Stimson, 2004; Magaloni, 2006). Por su parte, la personalidad tiene en cuenta aspectos como el magnetismo o carisma, la forma de interactuar con el público (Kernell, 2006) y el estilo de gobernar (Neustadt, 1991). Como tercer componente destaca la predisposición a aprobar la gestión del mandatario si milita o representa al mismo partido con el que se simpatiza. “Quienes se identifican con el partido del presidente tenderán a evaluarlo mejor que quienes simpatizan con partidos de la oposición o se consideran independientes o apartidistas” (Somuano, 2018, p. 661).

Una de las pautas del comportamiento electoral más añeja es que la elección presidencial versa sobre el desempeño del gobierno. “La decisión de votar se adopta según la política que el gobierno haya seguido durante el período electoral (mandato). Se trata de una reacción del votante a la actuación efectiva del gobierno” (Downs, 1973, p. 257). Entonces, puede entenderse de dónde proviene la capacidad anticipativa de la popularidad presidencial. Si la aprobación del mandatario de turno tiene la capacidad de anticipar el éxito o la derrota del oficialismo se debe, en gran medida, a que de un modo aproximado refleja la percepción que los ciudadanos tienen en general sobre el desempeño del gobierno.

Desde Downs (1973) se reconoce que la elección versa sobre el desempeño del gobierno. Teóricamente, gobiernos que mejoran el bienestar de los electores deben recibir como premio su respaldo, mientras gobiernos que no lo consiguen deben ser castigados en las urnas. Entonces, con mayor razón conviene esclarecer por qué razón, en la práctica, gobiernos mal evaluados resultan premiados y gobiernos bien evaluados, en cambio, son castigados por los votantes.

El propio Downs aporta pistas con respecto a la razón por la que gobiernos mal evaluados pueden resultar premiados. En su modelo, votante racional es la condición natural del ciudadano. Significa que el ciudadano vota por el partido que en su opinión le proporcionará mayor renta de utilidad durante el próximo mandato⁶. El votante siendo racional sabe que ningún partido será capaz de hacer todo cuanto dice que hará, por tanto, él estima lo que harán realmente los partidos una vez en el poder. Como uno de los contendientes ya está en el poder sus resultados en el período que finaliza son el mejor indicador de lo que hará en el futuro. El votante estima también los resultados que el partido de oposición habría conseguido en el período que concluye de haber ocupado el poder, siempre que lo considere fiable. Un partido de la oposición es fiable “si sus declaraciones de política al comienzo del período electoral, incluidas las de su campaña previa a las elecciones, sirven para prever con exactitud su comportamiento (o sus declaraciones, si no resulta elegido) durante el período” (Downs, 1973, p. 112). Si el partido de oposición no es fiable será incapaz de ganarse la confianza y por tanto los votos de los ciudadanos racionales (Downs, 1973).

El carácter fiable de la oposición emerge como requisito para que el partido en el gobierno pueda resultar reemplazado. Son escasos los estudios dirigidos a precisar cuáles características reflejan que la oposición no constituye una alternativa gubernamental creíble. Díaz (2019) destaca que el escenario proclive es aquel en el que siendo desaprobatoria la percepción de los ciudadanos con respecto al desempeño del partido en el gobierno, la oposición resulta, sin embargo, incapaz de obtener el respaldo de la mayoría de los votantes una vez celebrados comicios competitivos y transparentes. En este sentido, la definición operativa que empleamos es la siguiente: se pone de manifiesto que la oposición no constituye una alternativa de gobierno creíble cuando siendo, en general, desaprobatorio el desempeño del partido en el gobierno en el mandato que finaliza el oficialismo consigue retener el poder una vez celebrados comicios competitivos. En tanto, los indicadores empíricos del “status” no creíble de la oposición son: 1) que la fuerza política que opta por hacerse con las riendas del poder por la vía electoral carezca de experiencia de gobierno a nivel nacional, constituyendo a su vez una organización que en su origen y durante etapas de su formación se ubicó en los extremos del espectro ideológico desde donde defendió posturas antisistema; 2) que el liderazgo opositor, si bien declara respetar la institucionalidad democrática, sin embargo, sus miembros ocuparon puestos de responsabilidad durante el régimen no democrático anterior y en el imaginario político se les asocia responsabilidad directa o indirecta con la prolongación de esa experiencia autoritaria relativamente reciente (Díaz, 2019 y 2019a).

Por su parte, la argumentación de Panebianco (1986) acerca de que la cohesión interna reduce las áreas de incertidumbre incrementando las posibilidades de triunfo para las organizaciones partidistas, resulta indispensable para comprender la razón de que gobiernos bien evaluados resulten castigados por los votantes. La participación del oficialismo en la contienda afectado por un proceso de división tiende a situarlo en situación de inferioridad. La fractura desconcentra el voto progubernamental, con independencia de que el gobernante de turno se encuentre bien evaluado. Por división del oficialismo entendemos su participación fracturada en el proceso electoral como consecuencia, generalmente, del rechazo de referentes o líderes del partido o coalición de gobierno al proceso de selección del candidato presidencial. Expresa la falta de solución de determinados conflictos internos de la organización que afloran en la propia contienda electoral comprometiendo el propósito de conservar el poder. Sus indicadores empíricos lo constituyen la desaprobación e impugnación pública del proceso de selección de candidato presidencial del partido en el gobierno por líderes, legisladores o altos funcionarios pertenecientes a la propia organización y el abandono del partido o coalición de gobierno por los referentes señalados que crean o se integran a fuerzas electorales alternativas para competir en la elección presidencial, desde las que abiertamente manifiestan una visión crítica del desempeño gubernamental (Díaz, 2019 y 2019a).

Resultados del contraste

Antes de mostrar los resultados aclaramos que para considerar como alto o bajo el nivel de aprobación de un mandatario nos guiamos por la clasificación aportada por Díaz (2019). La clasificación considera que un mandatario se encuentra mal evaluado cuando su aprobación previa al inicio de la campaña electoral es inferior al 40 %, indicando que los ciudadanos que desaprueban la gestión superan significativamente a los que aprueban el desempeño del titular del ejecutivo. En tanto, considera que la aprobación del gobernante de turno es alta siempre que su popularidad sea superior al 45 % lo que tiende a reflejar que el número de personas que aprueban su desempeño es significativamente superior al número de personas que lo desaprueban. La situación de los mandatarios de turno con una aprobación superior al 40 y menor al 45 % es de naturaleza diferente. Refleja un estado de igualación creciente entre los ciudadanos que aprueban y los que desaprueban a los mandatarios, lo cual conduce a clasificarlo como de desempeño intermedio o regular.

Los resultados del contraste muestran que la asociación entre popularidad presidencial y éxito o derrota del partido en el gobierno en los comicios presidenciales en República Dominicana se produjo en la mayoría de los casos analizados (60 %). Sin embargo, la asociación no alcanza la consistencia comprobada en otros países de la región.

Como se deduce a partir de la observación del cuadro 2, en los países latinoamericanos incluidos en el mismo tienden a predominar las elecciones presidenciales donde se reporta asociación entre popularidad presidencial y el éxito o derrota del partido en el gobierno. Respecto a República Dominicana, en dos de los cinco casos contrastados la asociación fue inconsistente. En los comicios de 2012 la popularidad del mandatario, Leonel Fernández, debió traducirse en la obtención de un caudal de votos menor por el candidato presidencial del partido o coalición de gobierno, Danilo Medina, condicionando su derrota electoral. Sin embargo, el gobernante PLD consiguió retener el poder. Mientras en las elecciones presidenciales de 2020, el escenario fue diametralmente opuesto, la alta popularidad del titular del ejecutivo, Danilo Medina, no fue seguida por el éxito de la coalición gubernamental. En los siguientes apartados analizamos ambos casos. El propósito es comprobar si la explicación aportada por Díaz (2019 y 2019a), referida a los factores con capacidad de anular la asociación entre popularidad presidencial y éxito o derrota del partido o coalición de gobierno en América Latina, resultan o no válidos para el caso dominicano. Por esa razón, la estructura de los dos apartados es similar. Primero ofrecemos un panorama del contexto de cada uno de los comicios presidenciales y del nivel de aprobación del mandatario de turno. Luego, y en segundo lugar, exponemos los resultados electorales del oficialismo y la oposición. Tercero, comprobamos si en los comicios se manifestaron o no los indicadores empíricos de la explicación cuya validez o falsedad perseguimos verificar. Cuarto, analizamos las explicaciones aportadas por autores locales. Y, finalmente, en quinto lugar, exponemos las conclusiones.

El caso de los comicios presidenciales de República Dominicana en 2012

En mayo de 2012 el propósito del gobernante Partido de la Liberación Dominicana fue ganar su tercera elección presidencial consecutiva. El PLD se había impuesto en los comicios celebrados en 2004 y 2008⁷. En el espectro ideológico, el PLD, se autoproclamó de centroizquierda en sus estatutos, pero a partir de 1996 luego de su alianza con el PRSC, se convirtió en punto de atracción de fuerzas conservadoras. Desde entonces, el PLD se ha desideologizado gradualmente, “virando desde el marxismo de las fuerzas vinculadas a Juan Bosch en la década de 1970 al pragmatismo conservador actual” (Benito, 2010 y 2015)⁸. Por su parte, en su origen el PRD fue un partido de corte socialdemócrata, que evolucionó, al igual que los demás partidos mayoritarios, hasta ser un partido “tomatodo” (catch-all) en el centro derecha. Espinal (2010) ha caracterizado al tipo de sistema de partidos dominicano como de bipartidismo satelital, una configuración en el que en torno a los dos partidos mayoritarios se aglutinan muchos partidos pequeños. El PLD y el PRD compiten por atraer a los pequeños partidos que gravitan a su alrededor y cuyo apoyo sentencia en las urnas la alternancia o la continuidad (Benito, 2015). En los comicios presidenciales de 2012 el PLD acudió a las elecciones en alianza con otros trece partidos minoritarios, mientras que el PRD, participó con el respaldo de cinco partidos pequeños (Pérez Rubiera, 2012).

Aunque durante los ochos años de mandato sucesivo de Leonel Fernández, la economía dominicana creció a un ritmo promedio de 5.5 % anual (Banco Mundial, 2020), hacia finales del segundo período existían fuertes indicios de desgaste gubernamental, reflejados en el aumento de la percepción ciudadana de corrupción gubernamental (Jiménez, 2010), el crecimiento de los niveles de endeudamiento del Estado, la multiplicación de las protestas sociales y la caída en el nivel de aprobación del gobernante de turno.

Para Lozano (2012), los aumentos en la tasa de crecimiento fueron consecuencia de una política que combinaba el agotado esquema exportador de servicios, caracterizado por la ineficiencia y la baja productividad, con una lógica de eficiencia tributaria y una política de endeudamiento que le permitía sostener subsidios masivos, al tiempo que se embarcaba en ambiciosos programas de inversión, desatendiendo urgencias en materia de políticas sociales, como eran los casos de la educación y la salud. El autor destaca a su vez que, si bien el mandato marca una etapa de estabilidad y crecimiento económico, aunque con enorme endeudamiento, las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, la falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de su gestión.

Simultáneamente, la desaprobación del mandatario tuvo la siguiente dinámica: el 15 de junio de 2011 alcanzó un pico de 63 %. El 15 de septiembre registró 54 %. El 24 de noviembre, 53 %. Mientras el 10 de febrero de 2012, 50 % de los encuestados desaprobaron el desempeño presidencial (SIF).

En ese contexto, el candidato presidencial del opositor PRD, el expresidente Hipólito Mejía (2000-2004), arrastraba un poderoso inconveniente:

El 2003 encontró a la República Dominicana sumida en la mayor crisis económica de las últimas dos o tres décadas. Esto tuvo resultados catastróficos para la imagen de Mejía, quien a pesar de haberse diligenciado el favor del Congreso para reinstaurar en la Constitución la posibilidad de reelegirse, terminó perdiendo las elecciones de 2004 frente a Leonel Fernández y abandonando el poder como un cadáver político (Cabrera, 2012, p. 26).

Los comicios presidenciales se celebraron el 20 de mayo de 2012. Tomaron parte 24 partidos, pero solo PLD, PRD y cuatro partidos minoritarios presentaron candidaturas propias. El candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, ganó la elección con el 51,21 % de los votos, mientras el PRD y sus aliados, representado por Hipólito Mejía, quedaron en segundo lugar con el 46.95 %. En condiciones normales de competencia electoral, es de esperar que la percepción del desempeño del partido en el gobierno reflejada en la baja aprobación presidencial tenga su reflejo en una reducción sustantiva del caudal de votos del candidato presidencial del oficialismo induciendo su derrota en las urnas. La evaluación retrospectiva conduce a que segmentos decisivos de votantes tiendan a concluir que, respaldando a un candidato de continuidad, la situación general del país y la personal difícilmente tenderán a mejorar durante un nuevo gobierno oficialista. Sin embargo, la baja aprobación del mandatario de turno no anuncia la eventual pérdida del poder por parte del partido en el gobierno si la oposición constituye una opción de gobierno no creíble (Díaz, 2019). La verificación arrojó que los indicadores empíricos de la condición de no creíble de la oposición no se manifiestan en la participación del PRD en las elecciones presidenciales de 2012. El PRD contaba con experiencia de gobierno a nivel nacional. Desde el retorno de la democracia la organización partidista había llevado las riendas del poder en tres mandatos, careciendo de antecedentes de constituir una fuerza política antisistema. Sus líderes no estaban asociados con el pasado autoritario en ese país. El PRD no solo cautivó el imaginario popular en la lucha contra los remanentes de la dictadura siendo el principal propulsor de la alternativa democrática, sino que durante la salida definitiva del período de retroceso (1986 y 1996), resultó ampliamente perjudicado. El entonces gobernante, PRSC, para impedir el inminente triunfo del candidato presidencial del PRD, declaró su apoyo al candidato del PLD, Leonel Fernández.

Paralelamente, de la revisión bibliográfica de autores locales que conocen a profundidad el trasfondo de los comicios presidenciales en ese país fluyen evidencias de que el PRD y especialmente su candidato presidencial, Hipólito Mejía, arrastraban la desconfianza de una parte decisiva del electorado como consecuencia de su desempeño gubernamental desastroso en el cuatrienio 2000-2004. Espinal (2008) resalta el vínculo entre la gestión fallida de dos de los gobiernos del PRD y las derrotas electorales sufridas por esa organización en diferentes elecciones. Los gobiernos de Salvador Jorge Blanco (1982-1986) e Hipólito Mejía (2000-2004) “registran las peores evaluaciones de los diversos gobiernos dominicanos democráticamente elegidos. Este fardo explica las derrotas en las elecciones presidenciales de 2004 y de 2008, y en las legislativas y municipales de 2006” (Espinal, 2008, p. 147). La situación fue aprovechada por su principal adversario desde los comicios presidenciales de 2008, cuando el slogan del partido vencedor, PLD, fue: «Cuando el PRD sube el país baja» (Espinal, 2008). La autora también registra que desde la crisis de 2003 la figura de Mejía, “genera un alto nivel de rechazo en un amplio segmento de la población” (Espinal, 2008, p. 153) y que incluso su efecto fue contraproducente en la campaña de Maldonado, candidato del PRD en los comicios presidenciales de 2008.

Cabrera (2012) destaca que, por parte del PLD, específicamente, por algunos de los partidos aliados, ejecutaron una campaña dirigida a tratar de traer a los electores los desaciertos de la administración de Mejía. El autor, no descarta como causa principal de que la mayoría de la población decidiera respaldar con su voto al candidato del PLD, Danilo Medina, el temor a regresar a un gobierno como el protagonizado por Hipólito Mejía en el cuatrienio 2000-2004.

Coincidimos con los autores que consideran que la crisis económica que estalló en el mandato de Hipólito Mejía dejó una huella indeleble de rechazo a su gestión en la memoria del votante dominicano. La crisis desencadenó una fuerte devaluación de la moneda, originó una aguda recesión y la caída de las reservas internacionales lo que tuvo efectos perniciosos sobre las condiciones de vida de la mayoría de la población. La repercusión inmediata fue impedir su propia reelección en las presidenciales de 2004. Un resultado extremadamente inusual. La pauta es que, en América Latina, los mandatarios de turno que se presentan a reelección sucesiva suelen conseguirlo⁹. Mientras que las repercusiones a mediano y largo plazo fueron jugar en contra de las aspiraciones del candidato del PRD en los comicios de 2008 (Espinal, 2008) y tirar por la borda la oportunidad que se presentó a la organización en las elecciones de 2012 cuando la percepción ciudadana del desempeño del gobernante PLD era insatisfactoria.

La experiencia de las elecciones presidenciales de República Dominicana en 2012, sugiere que la oposición también deja de constituir una opción de gobierno creíble si en el pasado relativamente reciente, como resultado de un desastroso desempeño gubernamental, la mayoría de los votantes la consideran responsable de haber arrastrado al país a un escenario de aguda crisis económico social.

Benito (2014) ha sugerido la división interna del PRD como la posible causa principal de la derrota de Hipólito Mejía en 2012. El PRD tiene un largo historial de rupturas. Desde su fundación evidenció una fuerte tendencia a la división interna, en especial, durante las elecciones primarias. Ciertamente, rumbo a los comicios de 2012 tuvo lugar una confrontación del luego candidato, Hipólito Mejía, con el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado. El segundo, se las había agenciado para ser declarado candidato presidencial del partido, violando los estatutos de la organización. La reclamación de Mejía ante la justicia electoral prosperó. Vargas Maldonado no fue reconocido como candidato presidencial, siendo derrotado en la interna de la organización por Hipólito Mejía. No obstante, el resultado de las primarias no eliminó la tensión. Partidarios de la facción que encabezaba Vargas Maldonado protestaron al sentirse desplazados e iniciaron una peregrinación en busca de oportunidades en las listas del oficialista PLD (Benito, 2013). Sin embargo, la evidencia apunta a que la división del partido no se consumó al menos antes de las elecciones. Aunque Vargas Maldonado no fue integrado a la fórmula presidencial y al comando de campaña, no se constató la existencia de una crítica pública sistemática y directa desde el interior de la organización al programa y a las actividades proselitistas del candidato presidencial del partido. Incluso Vargas Maldonado, que conservó la responsabilidad de presidente del PRD, votó a favor del candidato presidencial de su organización (El Día, 2012). Tampoco, referentes clave del partido abandonaron la organización para conformar una nueva alternativa político electoral y no existe evidencia de que aquellos que en definitiva se sumaron directamente al adversario principal representaran una sangría sustancial. Pero el dato definitivo es que, con un proceso de ruptura interna consumado, difícilmente el PRD hubiera alcanzado la condición de partido mayoritario (sin aliados) con mayor caudal de votos en los comicios presidenciales de 2012.

Por su parte, Jiménez (2016) argumenta que el PLD devino durante los mandatos segundo y tercero de Leonel Fernández, en un partido cartel, proceso en el que la equidad que debe caracterizar la competencia electoral es sacrificada, debido a que la organización emplea ampliamente los recursos del Estado en las campañas, controla los medios principales de comunicación y los funcionarios de los principales órganos electorales como los magistrados del máximo órgano de justicia constitucional lo integran individuos que le son afines. Para Jiménez, la entronización del PLD en el poder tiene que ver con la interpenetración entre el partido y el Estado, el patrón de colusión inter-partidista sustentado por alianzas electorales entre el PLD y las organizaciones minoritarias y por pactos y acuerdos coyunturales individuales con líderes de los otrora partidos mayoritarios PRD y PRSC, lo cual fraccionó dichas organizaciones deviniendo en oposiciones débiles (Jiménez, 2016).

La emergencia del modelo de partido cartel fue sugerido por Katz y Mair (1995). Pero ante el escepticismo con que fue recibido por una parte de la academia los autores se vieron obligados a reconceptualizarlo en trabajos posteriores. El enfoque recibió, cuando menos, dos cuestionamientos centrales. En primer lugar, plantea con estrechez la relación entre Estado y Sociedad (Koole, 1996). En segundo, se le achaca la ausencia de claros indicadores empíricos para verificar la hipótesis. La operacionalización del concepto partido cartel es insuficiente y no consigue ser un adecuado contenedor de datos empíricos, verificables y generalizables. Más bien precisa de mayores pruebas y controles que validen su lógica explicativa y definan su por ahora nebulosa causalidad probabilística (Martínez, 2016).

Por otra parte, en los comicios presidenciales de 2012, el PRD no constituía una oposición electoralmente débil. Considerando los resultados que PLD y PRD obtuvieron sin alianzas, el PRD aventajó al PLD por 199 604 votos, un 4,4 % de los votos válidos. De forma que, pese a que el PRD fue el partido cuyo candidato fue derrotado, en la comparación partido a partido el principal partido opositor obtuvo más votos que el ganador de los comicios presidenciales, el PLD. En las elecciones celebradas con posterioridad a la introducción de la segunda vuelta, jamás había ocurrido algo semejante. Los partidos aliados habían sido determinantes solo para la obtención de la mayoría absoluta. Por el contrario, en 2012, sin los votos obtenidos por el candidato del PLD a través de los partidos aliados, Danilo Medina no hubiera superado en votos al PRD (Pérez Rubiera, 2012). La condición de oposición débil que señala Jiménez, el PRD la adquiere después de las elecciones presidenciales, en el año 2014, cuando diputados, alcaldes y altos dirigentes abandonaron el partido para fundar el Partido Revolucionario Moderno (PRM) (Gómez, 2017, pp. 47-49).

Tampoco parece razonable considerar que el aporte de los partidos aliados al triunfo electoral de Danilo Medina y el PLD significó el factor decisivo. Como acertadamente destacó Pérez Rubiera (2012), probablemente gran parte de los votantes de los partidos aliados hubiera votado por el mismo candidato mayoritario por el que votaron, aunque no existiera una alianza oficial. “Esto puede encontrar explicación en el postulado teórico del voto útil, según el cual los electores prefieren votar a candidatos con mayores posibilidades de alcanzar el poder” (Pérez Rubiera, 2012).

Resumiendo, la baja aprobación del mandatario Leonel Fernández no anticipó la derrota del PLD en las elecciones presidenciales de 2012. Sin embargo, en la participación del PRD en esos comicios se comprobó que no estuvieron presentes los indicadores empíricos del concepto de la oposición constituye una opción de gobierno no creíble. Esa situación invalidaría que la explicación sugerida por Díaz (2019) aplique para el caso dominicano. Pero, simultáneamente, el análisis del caso sugiere que un desastroso desempeño gubernamental de la oposición en el pasado más reciente que arrastró al país a un escenario de aguda crisis económico social, puede constituirse en un nuevo indicador empírico del concepto de referencia.

El caso de los comicios presidenciales de República Dominicana en 2020

En julio de 2020 el PLD acudió a su quinta elección presidencial consecutiva en calidad de partido gobernante¹⁰. Las fortalezas del PLD eran que su gestión se había desarrollado en un marco de relativa estabilidad y crecimiento económico ¹¹. El PLD enfrentaba una oposición debilitada donde su principal contendiente, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), constituía una organización de reciente formación (2014) que tomaba parte en su segunda elección presidencial. Mientras el gobernante de turno, Danilo Medina, luego de experimentar una caída de 28 puntos de su popularidad durante 2017 y 2018 (de 73 % en mayo de 2016 cayó a 45 % en marzo de 2018) su aprobación no solo no colapsó, sino que se recompuso arribando a la etapa previa al inicio de la campaña con una aprobación alta.

En los comicios presidenciales de 2016 Danilo Medina y el PLD se habían impuesto por un margen de 26 puntos sobre su principal contendiente Luis Abinader y el PRM. Sin embargo, previo a la contienda de julio de 2020 ciertos factores constituían una amenaza potencial a la continuidad en el poder del PLD. La percepción general era que la delincuencia y la corrupción estaban en alza (Latinobarómetro, 2018, pp. 61-62). La marca PLD había sido impactada negativamente por las secuelas del estallido del caso Odrebrecht. El 70 % de la población había manifestado su rechazo al proyecto reeleccionista del mandatario de turno antes que resultara cancelado por la negativa del gobierno de Estados Unidos de respaldar una reforma constitucional que habilitara a Danilo Medina a contender por un tercer mandato consecutivo (Espinal, 2019). Pero, ante todo, por primera vez, el PLD llegó dividido a la competencia electoral. A finales de 2019 el ex mandatario Leonel Fernández, quien fungía como presidente del PLD, abandonó la organización alegando fraude en las primarias a favor de Gonzalo Castillo, a la postre candidato presidencial del oficialismo y representante de la facción liderada por el gobernante de turno. A su vez, con el apoyo de la facción del PLD que encabezaba, el expresidente Leonel Fernández fundó el partido Fuerza del Pueblo (FP) convirtiéndose en candidato presidencial de la coalición PRSC y Aliados. Desde esa posición fustigó el desempeño gubernamental del PLD (Espinal, 2019a).

La división de los partidos mayoritarios ha sido una característica del sistema de partidos en República Dominicana posterior a la transición democrática. Tanto el PRSC como el PRD se transformaron en partidos minoritarios una vez que sufrieron procesos de fracturación interna. Pero la diferencia principal con respecto a las divisiones del PRSC y el PRD fue que el PLD lo hizo desde la condición de partido gobernante, lo que significaba poner en riesgo su continuidad en el poder.

En los comicios extraordinarios generales presidenciales celebrados el 5 de julio de 2020¹² resultó ganadora la fórmula Luis Abinader-Raquel Peña del PRM y seis partidos aliados, con el 52, 52 % de los sufragios. La fórmula oficialista integrada por Gonzalo Castillo-Margarita Cedeño de Fernández y apoyada por otras ocho fuerzas políticas, obtuvo el 37.46 %. Mientras, el expresidente, Leonel Fernández, candidato presidencial del PRSC y cinco partidos aliados obtuvo el 8,90 % (JCE, 2020). El PLD resultó derrotado. El traspaso de la popularidad presidencial en votos para el candidato presidencial del oficialismo esta vez no se produjo. Al igual que sucedió durante 2012, en 2020 la tendencia de la popularidad presidencial a asociarse con el resultado electoral del partido en el gobierno también se vio anulada, aunque por razones diferentes.

La experiencia comparada¹³ muestra que, cuando el partido o coalición de gobierno enfrenta la campaña electoral afectado por un proceso de división interna manifiesto o solapado, la alta popularidad del titular del ejecutivo no es seguida por el éxito del oficialismo. La división del partido en el gobierno es manifiesta si durante el período electoral el proceso de fractura que afecta a la organización es incapaz de ser contenido por sus estructuras convirtiéndose en objeto indiscutido de dominio para el grueso de la opinión pública. Son dos los indicadores empíricos que posibilitan comprobar la existencia de una división abierta en el partido gubernamental. La desaprobación pública e impugnación del proceso de selección del candidato presidencial del partido en el gobierno por líderes, legisladores o altos funcionarios pertenecientes al propio partido. Y el abandono del mismo por los referentes señalados que crean o se integran a fuerzas electorales opositoras para competir en la elección presidencial, desde las que abiertamente manifiestan una visión crítica del desempeño del partido o coalición de gobierno (Díaz, 2019 y 2019a).

Verificamos que ambos indicadores se manifestaron plenamente en el caso dominicano. El exmandatario y entonces presidente del PLD, Leonel Fernández, quien contendió en las primarias de su organización y que resultó superado por 26 000 votos por su contendiente Gonzalo Castillo, se negó a aceptar los resultados alegando que su adversario fue favorecido mediante irregularidades que afectaron la equidad y transparencia del proceso. En específico, Fernández alegó que se había orquestado un fraude en su contra a través del voto electrónico, renunciando a la presidencia y la militancia en el PLD (Espinal, 2019; Sánchez, 2020). La decisión dio lugar también a la renuncia de diputados, senadores y funcionarios del partido que decidieron respaldar las aspiraciones del ex mandatario de contender por la presidencia de la república desde el seno de una coalición opositora. Desde la posición de candidato presidencial de PRSC y Aliados, Fernández se dedicó a atacar su antigua casa. Los enfrentamientos con el PLD no cesaron, sino que cada vez fueron más agrios. Con la renuncia de Leonel Fernández, el PLD se encontró con una oposición más virulenta en el bloque opositor (Espinal, 2020). La verificación de la presencia incuestionable de los indicadores de una división abierta en el partido en el gobierno en República Dominicana nos facilitó pronosticar de forma inequívoca la derrota electoral del PLD, con base en la premisa de que la división del partido en el gobierno anuncia ese resultado con independencia de que el titular del ejecutivo cuente con una alta aprobación¹⁴.

En la interpretación de los analistas, politólogos y políticos dominicanos acerca de la derrota del PLD, salvo excepciones, predomina la enumeración de un grupo nutrido de causas. Hasta el momento de redactar este artículo todavía son escasos los intentos de jerarquizar la capacidad explicativa de cada uno de los factores señalados. Bolívar (2020) atribuyó el resultado a la división del partido, al reeleccionismo del mandatario Danilo Medina, a la falta de solución por el PLD de los grandes problemas nacionales, al agravamiento de la inseguridad, la inmigración descontrolada y la corrupción. Para Yaneassi Espinal (2020) la derrota del PLD obedece básicamente a 10 errores cometidos por la cúpula organización bajo el liderazgo de Danilo Medina, además de la división y el hartazgo de la población con un partido que gobernó 16 años. Enrique Sánchez (2020) consideró que la derrota es resultado del desgaste en el poder, la elección de un candidato presidencial que no era idóneo, el abandono del PLD por Leonel Fernández, la corrupción y la estrategia de campaña del PRM. Rosario Espinal (2020) destacó ocho factores que le parece claves para para entender el resultado electoral: el desgaste, la rebelión de la clase media, la división del PLD, la suspensión de las elecciones municipales, el factor externo, la oposición de grupos empresariales, el fortalecimiento del PRM, y la pandemia con su crisis económica. Mientras Pelegrín Castillo, ministro de energía y minas, atribuyó la derrota a la división, el socavamiento de la institucionalidad, las concesiones antinacionales, el viraje hacia una relación con China, la forma de hacer política centrada exclusivamente en lobbys, la falta de idoneidad del candidato presidencial, la pretensión reeleccionista, la pérdida del apoyo de las clases medias y al manejo gubernamental erróneo de la pandemia.

Una interpretación más puntual sobre las causas de la derrota del PLD la ofrecieron José Tomás Pérez, miembro del Comité Político del PLD y embajador en Washington, y el diario digital Barahona. Ambas explicaciones tienen en común partir de la premisa de que la gestión de Danilo Medina fue excelente. José Tomás Pérez (Listín Diario, 9 de julio de 2020) consideró que el PLD pierde el poder por la división del partido y la desvinculación de la organización con la sociedad ( Listín Diario, 9 de julio de 2020). Mientras Barahona señaló la división de su liderazgo, el desgaste en el poder y la capitalización de errores por parte de la oposición (Barahona, 7 de julio de 2020).

Salvo en las dos últimas visiones, observamos una tendencia a la sobreexplicación en las interpretaciones mencionadas condicionada por la proximidad de las mismas con respecto a los resultados electorales, pero fundamentalmente debido a que la derrota electoral del PLD en los comicios presidenciales de 2020 aun no es analizada a la luz de la experiencia comparada. En todo caso, este trabajo no defiende que la división del partido de gobierno en República Dominicana es el único factor que incidió en el resultado electoral, sino que la experiencia comparada demuestra que la participación fracturada del oficialismo en el proceso electoral anuncia o anticipa su derrota electoral con independencia de que la aprobación del gobernante de turno sea alta.

Conclusiones

El análisis de las elecciones competitivas celebradas en República Dominicana entre 2004 y 2020 sugiere la confirmación en ese país de la pauta de que, en América Latina, la popularidad del gobernante de turno tiende a anticipar el éxito o la derrota del partido en el gobierno. Comprobamos una tendencia incipiente, pero mayoritaria hacia la asociación a pesar de que verificamos que la consistencia no es la observada en otros países de la región.

El contraste arrojó que en los comicios presidenciales de 2012 la asociación entre popularidad presidencial y éxito o derrota del partido en el gobierno fue inconsistente. La baja aprobación del mandatario Leonel Fernández no anticipó la derrota del PLD en los comicios. Aunque la teoría señala que la baja popularidad del titular del ejecutivo no anticipa la derrota del partido en el gobierno cuando la oposición no constituye una alternativa de gobierno creíble, comprobamos fehacientemente que en la participación del PRD en esas elecciones no se pusieron de manifiesto los indicadores empíricos de ese concepto invalidando que la explicación sugerida por Díaz (2019) aplique para el caso dominicano. Sin embargo, más que una refutación del enfoque teórico, el análisis del caso sugiere la viabilidad de enriquecer con un nuevo indicador empírico el concepto de referencia.

Las explicaciones de la derrota del PRD ofrecidas en la literatura resaltan como últimas causas la división interna del partido, la conversión del PLD en un partido cartel y el rechazo y la desconfianza que promovía en el electorado una nueva candidatura de Hipólito Mejía. Descartamos la variable división interna del PRD porque los indicadores empíricos de un proceso de esa magnitud no se manifestaron de manera incuestionable, en tanto la organización resultó la fuerza política (sin aliados) que alcanzó mayor votación en los comicios. La experiencia comparada muestra que ningún partido mayoritario afectado por un proceso consumado de división interna alcanza a ser la fuerza más votada en una contienda electoral competitiva caracterizada por una competencia bipartidista. Referente a la explicación fundada en que el PLD había devenido en un partido cartel con oposiciones débiles, alertamos que el concepto carece de referentes empíricos precisos lo que “suscita el riesgo de convertir a este nuevo modelo en una metáfora de fácil contagio” (Martínez, 2016) cuyo producto final es la cartelización dudosa de los partidos. En tanto, el propio caudal de votos registrado por el PRD en 2012 (sin aliados) superando en prácticamente 200 000 votos al partido vencedor de las elecciones, es la mejor evidencia de que la organización no constituía entonces una oposición débil. En cambio, la interpretación sugerida por Espinal y Cabrera asociada con el rechazo y la desconfianza que promovía en el electorado una nueva candidatura de Hipólito Mejía y el PRD, se adhiere al marco teórico aportado por Downs (1973) acerca de que el reemplazo del oficialismo no es viable si la oposición no constituye una alternativa gubernamental creíble para la mayoría de los ciudadanos racionales. En el mandato de Hipólito Mejía, el país había sufrido la crisis económica social más severa de la etapa democrática, que incluso tuvo el efecto inmediato de abortar las posibilidades de reelección sucesiva del mandatario en las presidenciales de 2004. Los resultados del análisis apuntan al enriquecimiento de los indicadores empíricos del concepto de oposición no creíble, al sugerir que a su vez, la oposición no representa una alternativa de gobierno creíble si, en el pasado relativamente reciente, tuvo un desempeño gubernamental desastroso, responsable de haber arrastrado al país a un escenario de aguda crisis económico social, que empuja a la mayoría de los votantes a desconfiar de sus posibilidades de gestionar con relativa eficiencia los asuntos públicos.

Finalmente, en los comicios presidenciales de 2020 el PLD resultó derrotado a pesar de la alta popularidad que exhibía el titular del ejecutivo, Danilo Medina. Al igual que sucedió durante 2012, en 2020 la tendencia de la popularidad presidencial a asociarse con el resultado electoral del partido en el gobierno también se vio anulada. En ese caso comprobamos la plena validez del presupuesto teórico de que la división del partido en el gobierno tiene la capacidad de anular la asociación entre popularidad presidencial y el éxito del partido en el gobierno cuando la aprobación del mandatario es alta. Verificamos que en la participación del PLD en las elecciones se pusieron de manifiesto de manera inobjetable los indicadores empíricos del concepto de referencia.

Por consiguiente, como resultado del análisis de la experiencia de los comicios presidenciales de República Dominicana reportamos dos comprobaciones válidas referentes a la teoría de alcance medio sometida a verificación. La popularidad presidencial tiende anticipar el éxito o derrota del partido en el gobierno y la división del oficialismo anula la capacidad anticipativa de la variable. Además, llamamos la atención sobre un posible enriquecimiento de los indicadores empíricos correspondiente al concepto de que la oposición no constituye una opción de gobierno creíble, elaboración que consideramos central en la teoría objeto de comprobación.

Datos de filiación

Orestes Enrique Díaz. Profesor Asociado de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara en México. Miembro del Sistema Nacional de investigadores. Sus líneas de investigación se centran en temas como: Función popularidad y función del voto. Sus publicaciones más recientes incluyen: Enigmas de la popularidad presidencial en América Latina, Universidad de Guadalajara (2019). Factores que determinaron la conversión de AMLO y Morena en una oposición creíble. Un análisis comparado, revista Apuntes Electorales (2020). Popularidad presidencial y éxito o derrota del partido en el gobierno. El caso de Chile, Revista mexicana de Estudios Electorales (2020).

Andrea Santibáñez Espinosa de los Monteros. Politóloga por la Universidad de Guadalajara. México. Miembro del Observatorio Político-Electoral de esa universidad. Sus líneas de investigación se centran en el “Liderazgo” y “Aprobación de los Gobiernos”. Formó parte de la Revista Sur Global con publicaciones sobre procesos de gentrificación y ciudad dual.