La inclusión educativa en Honduras: más allá de un simple discurso

Introducción

La inclusión educativa es un concepto que ha presentado diversas perspectivas a lo largo de la historia. Este término surgió en el ámbito de la educación especial, por ello, en sus inicios, fue entendido desde una visión restringida, dirigida principalmente hacia el alumnado en situación de discapacidad. Hoy en día, en ciertos contextos, esto ha cambiado, pues algunos sistemas de enseñanza han intentado impulsar la inclusión en sus prácticas pedagógicas cotidianas, con la finalidad de atender a todos los colectivos en condición de vulnerabilidad que participan en los mismos y no solo a un único grupo (García-González et al., 2018; Lledó Carreres et al., 2011; Llorent et al., 2020; Paz-Maldonado y Flores-Girón, 2021; Paz-Maldonado et al., 2022; Silva-Peña y Paz-Maldonado, 2022).

A pesar de que existe evidencia científica sobre la evolución de la inclusión educativa (Bell-Rodríguez, 2020; Hernández Izquierdo y Marchesi, 2021; Martínez-Usarralde, 2021; Ndembele y Hernández de la Torre, 2020; Nones-Budde et al., 2023; Santos-González, 2022), en diversos países continúa prevaleciendo la visión centrada en la discapacidad, lo que conduce a utilizar el término solamente hacia tal colectivo, siendo este uno de los constantes errores que se cometen a la hora de buscar generar transformaciones educacionales. Similar situación ocurre en Honduras, aunque los antecedentes investigativos acerca del tema son escasos o casi inexistentes (Paz-Maldonado, 2020).

Igualmente, cada vez más, la inclusión educativa está presente en los discursos brindados por los responsables de dirigir los sistemas educativos, así como en los medios de comunicación donde, en el caso de Honduras, diariamente adquiere mayor relevancia. En este panorama surgen una serie de equivocaciones que se reproducen instantáneamente en la opinión colectiva, pues se confunde el concepto con otros similares, entre ellos: la integración y la educación inclusiva.

Por consiguiente, el objetivo de este artículo es analizar el significado de la inclusión educativa en el contexto hondureño. Para lograr dicho propósito, el texto se divide en tres apartados. Primero, se realiza un breve planteamiento de los intentos por establecer la inclusión. Luego, se describen los detalles ligados con el conocimiento de esta conceptualización. En último término, se establecen los obstáculos y retos que conlleva alcanzar la inclusión educativa en el contexto hondureño.

Intentos por establecer la inclusión educativa en Honduras

Los intentos por establecer la inclusión en Honduras son recientes, pues datan aproximadamente del año 2005, cuando se inició con la aprobación de distintas normativas nacionales relacionadas con este aspecto (Paz-Maldonado, 2020). Sin embargo, desde el 2014, en los espacios televisivos, programas radiales, redes sociales y plataformas institucionales se acrecentó la promoción acerca de la instauración de medidas “inclusivas” por parte de la administración gubernamental de ese momento, debido a la creación de leyes, acuerdos y reglamentos. Asimismo, se apoyó a varias dependencias del gobierno ligadas con la atención de la población en ámbitos como el social, sanitario, económico, político y educativo, con la finalidad de justificar y hacer realidad esa “visión inclusiva” que, constantemente, se publicitaba.

Respecto al marco normativo, en un intento por generar la inclusión educativa, se localizan una serie de leyes, acuerdos y reglamentos, pero, en la mayoría de estos documentos, el concepto “inclusión” es casi inexistente. En primer lugar, la Constitución Política de la República de Honduras sostiene una visión de igualdad de derechos humanos y menciona el fomento de la educación como una de las principales obligaciones del Estado con los diferentes colectivos en condición de vulnerabilidad (Decreto N.º 131, 1982). Asimismo, en el año 2005, se estableció la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, con la finalidad de promover los derechos de este grupo social en distintas áreas, siendo la principal normativa aprobada en materia de discapacidad (Decreto N.º 160-2005, 2005).

También, en el año 2011, con la intención de respaldar el derecho universal a la educación, se aprueba la Ley Fundamental de Educación para los niveles de prebásica, básica y media. Esta normativa llegó a reemplazar a la antigua Ley Orgánica de Educación que estuvo vigente desde 1966. El concepto de inclusión fue entendido como sinónimo de igualdad de oportunidades para acceder a la enseñanza (Decreto N.º 262-2011, 2012).

Dos años más tarde se instauraba la Ley de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad y Equidad de la Educación, tomando como un aspecto central la equidad educativa, con el afán de favorecer a los diversos grupos sociales excluidos del sistema nacional de educación (Decreto N.º 265-2013, 2014). En el mismo año se creaba el Reglamento de Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad, Necesidades Educativas Especiales y Talentos Excepcionales para regular la inclusión de dicho estudiantado. En este reglamento se declara la educación inclusiva como sinónimo de inclusión educativa y se ofrecen algunas recomendaciones para propiciar una enseñanza inclusiva (Acuerdo Ejecutivo Nº 1365-SE-2014, 2014). Junto con ello, aparece el Reglamento de Formación Inicial Docente, donde se promueve el respeto a la diversidad en el proceso pedagógico desarrollado por el profesorado en los niveles de prebásica, básica y media (Acuerdo Ejecutivo Nº 1364-SE-2014, 2014).

Además, el país se ha adscrito y comprometido con algunas acciones internacionales, entre ellas se destacan: Declaración Universal de los Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948), Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 1990), Declaración de Salamanca (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 1994) y el Foro Mundial sobre la Educación Dakar (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2000). Estas acciones fueron desarrolladas para impulsar la inclusión educativa en el mundo y construir mecanismos que beneficiaran a toda la población.

De igual forma, en el plano de la enseñanza gubernamental, la Secretaría de Educación y algunas universidades públicas han realizado esfuerzos asociados con la firma de convenios con organismos internacionales para desarrollar iniciativas en pro de la calidad educativa, aumentar la cobertura educacional, crear nuevas instancias de atención al estudiantado, mejorar el acceso a la enseñanza y ejecutar procesos de formación docente. No obstante, hasta el momento, gran parte de estos esfuerzos siguen sin alcanzar transformaciones reales que superen el simple discurso instaurado en el país acerca de la inclusión (Licona, 2022; Paz-Maldonado, 2020).

La inclusión educativa. Un concepto desconocido en Honduras

En Honduras existe poca claridad respecto a lo que significa la inclusión educativa, puesto que, erróneamente, se utiliza como sinónimo de integración educativa y en algunos casos se denomina educación inclusiva, siendo esta disparidad uno de los principales problemas epistemológicos mostrado en las diferentes normativas nacionales antes mencionadas, dado que, desde tal perspectiva de inclusión, se realizan acciones en el sistema educativo nacional. Por tanto, es determinante plantear las diferencias que existen entre integración educativa, educación inclusiva e inclusión educativa para no continuar cometiendo errores.

La integración educativa es un concepto que quedó en el pasado, pues consistía en posibilitar el acceso del alumnado en situación de discapacidad procedente de escuelas especiales a los establecimientos regulares, sin ofrecer las condiciones mínimas para garantizar una enseñanza-aprendizaje acorde con las necesidades de este grupo (Pellicano, et al., 2018). A propósito de la educación inclusiva, esta sería lo ideal, lo que se espera alcanzar, pero implica un cambio radical del sistema educativo, se tendría que potenciar la educación como el principal canal para eliminar las desigualdades existentes en el país (Paz-Maldonado, 2020, 2021). No obstante, instaurar un sistema educativo inclusivo se considera una utopía en gran parte del mundo y está lejos de poder concretarse, principalmente en los países de América Latina, donde los sistemas educacionales se convierten en reproductores de desigualdades (Anderete Schwal, 2020; Gómez-Arteta y Escobar-Mamani, 2021; Paz-Maldonado et al., 2021).

En cambio, la inclusión educativa es un concepto que, similar a los anteriores, surgió en el ámbito de la discapacidad, pero hoy en día se ha extendido a otros grupos sociales (Camilloni, 2008; Cobeñas, 2020; Paz-Maldonado, 2020; Silva-Peña y Paz-Maldonado, 2022). La inclusión educativa es lo más próximo a lograr, ya que consiste en la ejecución de acciones que permitan mejorar las condiciones de los diferentes colectivos en condición de vulnerabilidad que asisten a los centros de enseñanza, en sus distintos niveles. Ahora bien, la inclusión educativa para que pueda ser efectiva y consiga los cambios propuestos debe estar fundamentada en la justicia social (Paz-Maldonado y Silva-Peña, 2021; Silva-Peña et al., 2017). Una justicia social que propicie el reconocimiento y la participación de todos los seres humanos, una justicia social práctica que, constantemente, se intenta alcanzar en el quehacer pedagógico, la investigación, la gestión y el liderazgo dentro de los establecimientos formativos (Silva-Peña & Paz-Maldonado, 2019, 2022). Asimismo, tendrá que visualizarse desde una perspectiva amplia, debido a que, al enfocar su accionar solamente en un único grupo social, se comete el error de segregar y reproducir la exclusión de otros colectivos, que también son invisibilizados directa o indirectamente por la propia institucionalidad, por el propio sistema.

Entonces, es necesario preguntarse, ¿cuál de estos tres planteamientos guían el accionar educativo en Honduras? La respuesta a ello es que Honduras se encuentra distante a la etapa de integración educativa, casi en el borde de la normalizada exclusión. La desigualdad social impacta negativamente en los aprendizajes de los educandos que asisten a los centros de los diversos niveles formativos (Paz-Maldonado et al., 2021). Por ende, para alcanzar la inclusión educativa se debe transitar un largo camino, pues no es una cuestión fácil de obtener, porque su búsqueda conlleva enfrentar obstáculos y afrontar retos.

Obstáculos y retos que se deben afrontar para alcanzar la inclusión educativa en Honduras

Lograr la inclusión educativa en Honduras requiere enfrentar un sinnúmero de obstáculos que dificultan llevar a cabo cambios profundos; entre estos se encuentran los problemas estructurales que confronta el país, el escaso conocimiento sobre el significado de inclusión educativa, la falta de compromiso de las autoridades educacionales, la poca sensibilización de la población, la inexistencia de políticas educativas inclusivas, las agendas impulsadas por los organismos internacionales en materia de formación que restringen la gobernanza en el sistema educativo nacional, la carente preparación docente en el tema, las deplorables condiciones de los establecimientos educativos, la cultura conservadora, la no asignación de presupuestos para impulsar la misma.

Por otro lado, los retos para establecer un sistema educativo inclusivo son: democratizar la educación, mitigar las problemáticas estructurales, crear un sistema educativo propio, generar compromisos con todos los sectores para construir un plan educativo a largo plazo, posibilitar la participación de expertos nacionales en apoyo a las instancias gubernamentales que lo requieran, aprobar políticas educativas inclusivas, instalar procesos formativos dirigidos al personal docente que labora en los diversos establecimientos educativos, brindar mayores oportunidades en el acceso a la educación, efectuar distintas acciones para erradicar problemas prioritarios, previamente identificados, y asignar partidas presupuestarias para promover una enseñanza inclusiva.

Hasta el momento en Honduras la inclusión educativa es solamente un simple discurso que se viene reproduciendo en las diversas administraciones gubernamentales sin ninguna claridad, pues son mayores los obstáculos y desafíos que los propios avances realizados. En ese sentido, la política educativa y los establecimientos de enseñanza han brindado poca importancia al tema (Licona, 2022; Paz-Maldonado, 2020). Además, las escasas medidas implementadas no han tomado en cuenta los problemas estructurales asociados a la pobreza, desigualdad, exclusión, injusticias que prevalecen en el contexto hondureño y que impactan negativamente en la intención de instaurar un sistema educativo inclusivo, bajo una perspectiva de justicia social (Paz-Maldonado, 2020, 2021; Paz-Maldonado & Silva-Peña, 2021; Paz-Maldonado et al., 2021; Silva-Peña & Paz-Maldonado, 2019).

Consideraciones finales

El objetivo de este artículo fue analizar el significado de la inclusión educativa en el contexto hondureño. El análisis se centró en los aspectos relacionados con los intentos por establecer la inclusión, el escaso conocimiento sobre el concepto, los obstáculos y retos que se deben afrontar para promover un sistema educativo inclusivo desde una mirada de justicia social.

Los intentos por establecer la inclusión en Honduras se vienen llevando a cabo desde el año 2005, pero con escasa claridad acerca de lo que significa la misma, pues se sigue considerando un aspecto ligado a la discapacidad. De igual forma, mediáticamente la inclusión educativa toma cada vez más repunte en los discursos gubernamentales y los medios de comunicación, pero estas posturas reproducen un enfoque errado que la población asume como lo correcto. Entonces, la inclusión educativa tendrá que trascender esta postura mediática admitida en las sociedades actuales y no debe visualizarse solamente como un elemento teórico, ya que se convierte en un insumo para posibilitar nuevos cambios (Sverdlick, 2019).

Conseguir la inclusión educativa en el sistema de enseñanza hondureño comprende enfrentar diversos obstáculos, siendo uno de ellos los problemas estructurales que impactan de manera negativa en las prácticas pedagógicas, la cultura institucional y la concepción que se va construyendo sobre lo que verdaderamente significa tal concepto. También, deben afrontarse múltiples retos que busquen mitigar las desigualdades y posibilitar nuevas oportunidades. Poner atención en estos aspectos facilitará desarrollar iniciativas que involucren a toda la comunidad educativa en la lucha por instaurar establecimientos inclusivos, a pesar de que Honduras, al igual que otros países, se encuentra en un entorno complejo (Ravet y Mtika, 2021; Robinson-Pant, 2020; Schuelka y Engsig, 2022).

En definitiva, para construir un sistema educativo inclusivo desde la mirada de la justicia social es fundamental posibilitar el reconocimiento y la participación de todos los grupos sociales en la toma de decisiones, y dejar el asistencialismo en el pasado (Murillo y Hernández-Castilla, 2011; Paz-Maldonado & Silva-Peña, 2021; Paz-Maldonado et al., 2021; Silva-Peña et al., 2017; Simón et al., 2019). Esto permitirá transitar del discurso mediático a las acciones reales que tanto se necesitan en Honduras para originar cambios profundos.