Turismo, vaivenes y desigualdad: cómo repercuten las instituciones participativas y de transparencia en la actividad turística y su incidencia en la desigualdad en Latinoamérica (2002-2019)

Introducción

La desigualdad, la participación política, la corrupción y el turismo se han estudiado desde enfoques neoclásicos y desde enfoques heterodoxos, así como desde otras disciplinas de las ciencias sociales (Poprawe, 2015; Saha y Yap, 2015; Zhang, 2021; Torres y Corporan, 2021). Los enfoques están de acuerdo con la idea de que el turismo es una actividad económica que promueve el crecimiento económico y que, en mayor o menor medida, es vital en países de Latinoamérica. La problemática es que dicho crecimiento, según enfoques más heterodoxos y fuera de la economía, no viene acompañado con una mejora en el bienestar de la población en general ni un acceso equitativo a dichas rentas generadas, tanto directas como indirectas, de la actividad turística. La pregunta es si esta desigualdad es causada por mecanismos de participación política que no permiten involucrar al votante medio en las actividades del turismo y si los intereses representados dentro de dichos mecanismos políticos responden más a los de las élites políticas y económicas (Solano Cabrera, 2020; Oviedo-García et al., 2019) Por lo que cabe preguntarse si la interacción entre los mecanismos de participación y la actividad turística genera un impacto en la desigualdad, y si existe persistencia de este, debido a la debilidad institucional en Latinoamérica, causada por la corrupción y las derivas institucionales, producto del origen colonial de la región.

La investigación está dividida en cuatro (4) secciones: la primera, analiza la literatura existente sobre la relación entre desigualdad, turismo e instituciones, poniendo énfasis en las instituciones participativas y de control de la corrupción. La segunda parte consta de la estrategia empírica, fuentes de datos, así como el diseño y tipo de investigación. En la tercera sección se analizan los resultados estadísticos y los modelos econométricos utilizados; y, finalmente, una última sección que discute los resultados obtenidos con base en la literatura consultada. Para la investigación econométrica se utilizó fuentes de datos de 10 países de Latinoamérica durante un periodo de 18 años (2002-2019) para evaluar el efecto que genera el turismo —interactuando con las instituciones participativas y las que limitan la corrupción— en la desigualdad. Los resultados de la investigación arrojan que la actividad del turismo, interactuando con los mecanismos participativos en el corto plazo, generan un aumento en la participación del ingreso del 20 % más rico y disminuyen la participación en el ingreso del 20 % más empobrecido, indicando así que la actividad turística fomenta la desigualdad en el corto plazo. Ahora bien, la dinámica de largo plazo indica que los mecanismos de control de corrupción y partipación política, interactuando con la actividad turística, no generan un impacto en la reducción de la desigualdad, entendida como una disminución en la participación en los ingresos del 20 % más rico y un aumento en la participación del 20 % más pobre. Las implicaciones en materia de repensar la participación política (¿participación para quién?), sus mecanismos, la capacidad del Estado de construir mecanismos horizontales de rendición de cuentas, para evitar capturas de dichos procesos, y el rol que debe jugar en actividades económicas como el turismo, son diversas y amerita de líneas de investigación desde un enfoque más allá de lo económico.

Marco teórico y revisión de la literatura

Descentralización, participación política y desigualdad en Latinoamérica

Si bien, las mejoras en los mecanismos participativos otorgan una serie de ventajas que se exponen en la literatura de la descentralización, participación política y economía, así como en lo concerniente al federalismo fiscal (Musgrave y Musgrave, 1989; Oates, 1972; Tiebout; 1956), sus resultados han sido mixtos, especialmente en la región de Latinoamérica. Ivan Finot (2001; 2005; 2007) refiere que, aunque en Latinoamérica se han logrado avances en materia de generar procesos de elecciones de gobiernos subnacionales, así como una mejora significativa en la cobertura de las ayudas sociales, la participación social no es canalizada debidamente. Otras dificultades, menciona el autor, son los intentos de descentralización territorial del gasto, que han sido ofuscados por procesos de persistencia institucional de los elementos propios del previo modelo centralista-regional, y estas dependencias del camino resultan en desequilibrios fiscales, que traen como resultado el desatender deudas sociales históricas como es el caso de República Dominicana (Ceara-Hatton, 2015). A la luz de esto, no hubo mejoras sustanciales en la reducción de los déficits fiscales ni en la productividad y, lejos de disminuir la desigualdad y disparidades territoriales, estas terminaron aumentando (Finot, 2007).

La descentralización política en Latinoamérica solo ha ocurrido, salvo algunas puntuales excepciones, en la dimensión del gasto y en una combinación entre descentralización del gasto y la descentralización administrativa. Estas formas de descentralización no son del todo muy participativas. Inclusive, en casos como Argentina —donde existe un Estado federal y aparente autonomía territorial— la implementación de regímenes de coparticipación choca con otros elementos del diseño normativo, haciendo al régimen federalista más débil, privilegiando más la concentración de poder en manos del ejecutivo (Benvenuti, 2007). Además, estas formas de descentralización que han surgido no permiten que las decisiones sean tomadas de manera autónoma por los locales. Los aportes “locales”, condición necesaria para el ejercicio democrático y para una verdadera descentralización, son modalidades que provienen en esencia de fondos de desarrollo y, en mucho de los casos, las decisiones son tomadas centralizadamente (Finot, 2002). Bajo esos esquemas de descentralización política del gasto, y la combinación entre descentralización política del gasto y descentralización operativa, terminan generando, además de los problemas ya mencionados, incentivos para la corrupción y captura política de las políticas públicas.

Corrupción y desigualdad

La corrupción es, como O’Donnell sugiere (2001), una variedad de ventajas ilícitas que los funcionarios obtienen para sí mismos y sus asociados, sean públicos o privados. La corrupción tiene un efecto negativo en las instituciones (O’Donnell, 2001) e incluso puede que sea un fenómeno inevitable (Rose-Ackerman, 2013). Autores exponen que la corrupción es el coste de intentar lidiar con las fallas del mercado (Acemoglu y Verdier, 2000). Ahora bien, la corrupción y sus mecanismos (sobornos, extorsión, etc.) tienen consecuencias en la asignación y distribución de recursos, en la provisión y producción de bienes sociales y, además, tienen un efecto pernicioso en los costes transformacionales de las empresas al distorsionar las inversiones y la asignación del capital humano; dichos efectos pueden ocurrir aún en ausencia de desregulación económica (North, 1990). Esto es un indicativo de que hay variedades de mecanismos de transmisión que explican la relación entre desigualdad y corrupción.

Al estudiar en contextos experimentales la corrupción, Fried et al. (2010) ilustran cómo la riqueza de los agentes, que es percibida por servidores públicos (en este caso, policías de tránsito), es un factor que incide en la capacidad de exigir sobornos, es decir, hay una relación entre el nivel de pobreza percibido y la probabilidad de exigir sobornos. Similares estudios en ese sentido son los de Banerjee et al. (2009), desde el contexto experimental. Ahora bien, el tipo o la forma en la que se manifiesta la corrupción puede tener efectos diferenciados en la desigualdad. En un análisis de 16 países asiáticos y 18 países latinoamericanos durante el periodo 1996-2009 se observa que, si bien la corrupción genera un efecto pernicioso en las expectativas distributivas de las políticas públicas de los gobiernos, ciertas formas de corrupción pueden aminorar la desigualdad (Wong, 2017). Por ejemplo, la práctica de compra de votos puede disminuirla, pero tiene como resultado la creación de alianzas clientelares. En cambio, si la corrupción toma forma de malversación de fondos para mejorar los beneficios de las élites políticas y económicas, esto tiene como resultado un aumento de la desigualdad. En esta misma línea, Acemoglu et al. (2011) poseen una teoría sobre la emergencia y persistencia de Estados ineficientes basados en esquemas de patronaje, los cuales son una forma de corrupción, y su relación con la desigualdad. En transiciones de regímenes no democráticos a democráticos, donde los ricos detentan el poder, ante la amenaza de políticas redistributivas, estos implementan tácticas para que la asignación de burócratas sea ineficiente. La burocracia es requerida para la implementación de dichas políticas redistributivas. Por ello, como sugieren los autores, el proceso de redistribución se hace ineficiente y, mediante captura política y garantía de rentas (sobornos, malversaciones, etc.) a los burócratas, se crean incentivos para un crecimiento excesivo de dicha burocracia, perpetuando la existencia del marco institucional que garantiza la ineficiencia de estas políticas redistributivas, aun cuando las clases más ricas ya no detentan el poder. Otros resultados empíricos en el mismo tenor sobre la percepción de la corrupción y el apoyo de parte del votante medio al soporte de políticas redistributivas en América Latina (Hauk et al., 2022), muestran que la corrupción afecta la confianza institucional, lo cual es consistente con los trabajos de O’Donnell (1994; 2001), y disminuye las preferencias por políticas redistributivas.

Turismo y desigualdad en países en vías de desarrollo y en Latinoamérica

Uno de los grandes problemas que ha tenido que enfrentar Latinoamérica es que, a pesar de dicha diversidad en materia de recursos estratégicos, geopolíticos y naturales que posee el turismo, las políticas económicas de fomento al sector no han surgido de un proceso del todo orgánico y consensuado desde la base social sino que, como menciona Carlos Icaza (Wallingre et al, 2018), tras la Segunda Guerra Mundial surgen una serie de organismos internacionales, como es la ONU y organizaciones del turismo que han instaurado, independientemente de la cultura y de la deriva institucional de dicho país en cuestión, un modelo de sociedad mercantil basada en el capitalismo norteamericano. Esta hegemonía se ha impuesto, no solo a nivel económico, sino en materia de discursos que han calado en el imaginario colectivo de los espacios más urbanizados de los países de Latinoamérica y el Caribe. Este imaginario, como expone el autor, implica naturalizar una forma única de concebir el turismo, el cual carece de integración con las comunidades cercanas a dichos espacios turísticos. Un ejemplo de ello es la República Dominicana (Oviedo-García et al., 2019), donde los autores demuestran, por medio de un modelo autoregresivo de rezagos distribuidos (ARDL), que los ingresos provenientes del turismo en el largo plazo aumentan la pobreza y la desigualdad de los ingresos. Parte de la explicación brindada por los autores es que, pese a los avances en materia financiera y las reformas legales para garantizar la inversión extranjera directa en el país, el turismo está integrado dentro de un marco jurídico-político que no permite una correcta articulación entre las comunidades cercanas a los complejos habitacionales del modelo de turismo “todo incluido” o de enclave que se ha implementado en el país desde 1991.

Con base en lo anterior, los resultados de Oviedo-García et al. son consistentes con los que expone Ghosh y Mitra (2021) sobre la relación entre turismo y desigualdad. Usando data de 41 países entre 1995-2016, los resultados arrojan que existe una relación heterogénea entre desigualdad y turismo, dependiendo de los países en términos de su nivel de renta y desarrollo institucional. Al analizar el caso de países desarrollados, se encontró una relación similar a la curva de Kuznets. En el caso de los países en vías de desarrollo se encontró una curva de Kuznets invertida, donde a partir de cierto umbral de actividad turística, la misma termina aumentando la desigualdad. Algunas de las razones expuestas por los autores es el carácter eminentemente oligopólico de los mercados de turismo en los países en vías de desarrollo y que el marco jurídico-político no permite una competencia en igualdad de términos entre las empresas grandes de turismo, y las comunidades y empresas locales. Las consecuencias de la desigualdad en los países son diversas, desde mayor nivel de conflicto y polarización (Alesina y Ferrara, 2005), cohesión social (Chauhan et al., 2022), desarrollo autónomo de la persona (Du et al., 2021) y afecta de manera diferenciada a la niñez y la adolescencia (Du et al., 2019).

La relación entre instituciones y desigualdad

La desigualdad como fenómeno dinámico no es ajeno al funcionamiento institucional, por lo que la persistencia de esta puede explicarse a través de procesos de persistencia e invariancia institucional, es decir, procesos de cambio institucional que no generan una redistribución del poder político de facto, como expone Acemoglu y Robinson (2008) y Acemoglu et al. (2021). Dentro de la literatura de principios de la década del 2000 ya se venía perfilando la relación entre instituciones y desigualdad (Chong y Calderon, 2000), también expuesta en obras como las de Acemoglu y Robinson (2019), donde la instauración de instituciones extractivas genera desigualdad que, sin un proceso de cambio estructural que los corrija, pueden persistir, y la diferencia en la dotación inicial de factores y el tipo de institución construida, pueden crear procesos persistentes de pobreza y desigualdad, como exponen Engerman y Sokoloff (2002, 2005). Algunos otros mecanismos, que explican la persistencia entre instituciones extractivas y la desigualdad, son la persistencia de las élites y sus expectativas adaptativas para crear fallas en el diseño institucional, que aminoran el efecto de políticas redistributivas (Acemoglu et al., 2011), así como la relación entre el cambio tecnológico y las instituciones extractivas, tanto políticas como económicas. Esto último es algo que Acemoglu y Robinson (2015) recalcan en sus críticas a la explicación de la desigualdad de economistas reputados como Thomas Piketty (2015), la ausencia del componente institucional. Además, en el contexto latinoamericano, los problemas de diseño institucional se explican, en parte, por el reemplazo constante y la alta volatilidad institucional de la región (Levitsky y Murillo, 2012), generando bajo enforcement institucional o instituciones que solo funcionan para un grupo selecto, por lo que las instituciones extractivas no solo están relacionadas con menor crecimiento económico (Acemoglu et al., 2001), sino también con la persistencia de desigualdad económica y social. Otros autores, desde otras perspectivas heterodoxas, han abordado también esta relación (Bértola y Ocampo, 2010; Bulmer-Thomas, 2017).

Estrategia empírica del modelo

Datos, muestra, técnicas y herramientas de la investigación

El enfoque del estudio es cuantitativo, emplea data longitudinal y corte transversal de 10 países de Latinoamérica, desde el año 2002 al 2019, para un total de 18 años. Los países incluidos están en la siguiente tabla:

Para representar la desigualdad se utilizan dos variables que examinan de manera adecuada los cambios en la distribución de los ingresos, estas son: la participación en el ingreso del 20 % más rico y la participación del 20 % más empobrecido que usa el Banco Mundial (BM). No se optó por usar el índice de Gini del BM porque el índice de Gini es más sensible a cambios en los valores medios de la distribución de los ingresos de los países y no en los valores extremos, salvo que se hagan ciertas modificaciones pertinentes. Chu y Wang (2021) han mostrado que, ante aumentos de los ingresos de la población rica, el Gini puede ser hasta siete veces menos sensible que los otros dos indicadores anteriormente mencionados. Por lo que se justifica el uso de dichas variables como mejores variables dependientes, ya que son un proxy más realista de la desigualdad.

Las variables independientes se dividen en dos categorías: 1) variables económicas y 2) variables institucionales. Dentro de las variables económicas tenemos el gasto de los turistas internacionales al año, extraída de los datos del BM. Dentro de las variables institucionales se tomaron los indicadores de gobernanza ideados por Daniel Kauffmann et al. (2005), los cuales se pueden clasificar en: 1) Control de la corrupción y 2) Voz y rendición de cuentas.

Según Kauffmann (2004), el índice de control de corrupción mide las percepciones que posee la ciudadanía respecto a la influencia que tienen las élites políticas y económicas en el Estado para usarlo en favor de sus intereses personales. Por otro lado, voz y rendición de cuentas (en inglés, voice and accountability) hacen referencia a la percepción sobre mecanismos de participación política y a instrumentos que permitan la articulación de manifestar las preferencias políticas; en este caso, elecciones libres y elementos que se observan en democracias poliárquicas, como la libertad de prensa, instituciones participativas y buena gobernabilidad democrática y gobernanza (Dahl y San Martín, 1989).

Sobre el tratamiento de valores perdidos

Las variables dependientes a utilizar en la investigación presentan valores perdidos, en el caso de Brasil (2010) y Argentina (2014). Dado que estos valores perdidos representan solo un 1 % de la muestra, se utilizó como técnica de imputación el introducir el valor medio de la serie de sus respectivos países. Igual se ejecutó el análisis con dichos valores perdidos y no cambió de manera significativa los resultados ni el sentido de los coeficientes ni el tamaño de los efectos observados.

Especificación del modelo y forma funcional

Partiendo de un modelo de datos de panel:

Donde Y_it es la variable dependiente que se observa para i individuos y para t periodos de tiempo; el término α_i refiere a los efectos inobservables que no varían en el tiempo; β es el parámetro o coeficiente del modelo, x_it es un vector de 1 x k variables independientes y u_it es el término del error. Partiendo de lo anterior, las ecuaciones¹ de modelo son:

$LnQ{T}_{it}={\beta }_0+{\beta }_1{(QT)}_{it-1}+{\beta }_2{(LnPI{B}_{pc})}_{it}+{\beta }_3{(Tur *\hspace{0.17em}Voz)}_{it}+{\beta }_4{(LnTur *\hspace{0.17em}Corr)}_{it}+ \delta (país{)}_i+u_{it}$ (2)

$LnQ{B}_{it}={\beta }_0+{\beta }_1{(QB)}_{it-1}+{\beta }_2{(LnPI{B}_{pc})}_{it}+{\beta }_3{(Tur *\hspace{0.17em}Voz)}_{it}+{\beta }_{4}Ln{(Tur *\hspace{0.17em}Corr)}_{it}+\delta (país{)}_i+u_{it}$ (3)

Donde QT y QB se refieren al porcentaje de ingresos del quintil más rico y más pobre, respectivamente (BM). Tur representa los ingresos provenientes del turismo; Corr el índice de control de corrupción (BM); PIB_pc hace referencia al PIB per cápita (año de referencia 2017, PPA); Voz hace referencia al indicador de voz y rendición de cuentas (BM). Por último δ(país) se refiere a un vector de variables dicotómicas que toman el valor de 1 para cada país de la muestra con el fin de ajustar por la heterogeneidad inobservable de cada uno. Esto se debe a que diagnósticos previos arrojan que existe correlación entre dicha heterogeneidad inobservable y las variables explicativas; otros problemas encontrados en la estructura de los errores es la presencia de heterocedasticidad agrupada, pero no de autocorrelación serial ni contemporánea. Para corregir esto último, se utiliza la transformación de Beck y Katz de los errores estándares corregidos (PCSE en inglés), el cual es idóneo ante problemas que presenta aplicar errores estándares agrupados en un panel con pocas unidades de observación². Por último, para controlar problemas de endogeneidad comunes en modelos dinámicos con transformación de efectos fijos —fenómeno reconocido como el sesgo de Nickell (1981)—, se utilizó la corrección de sesgo por Bootstrap (BCDFE) de Everaert y Pozzi (2007), la cual es mucho menos restrictiva acerca de las condiciones iniciales del sesgo que la conocida corrección de Kiviet (1995).

Análisis de los resultados

Estadísticos descriptivos

Según el gráfico 1, para el año 2008 se muestra que la participación promedio en el ingreso del 20 % más pobre para los países de la muestra, que pertenecen a la región de Centroamérica y el Caribe, es de 3.88 %. Países que se encuentran por encima del promedio son República Dominicana (DOM), Costa Rica (CRI) y El Salvador (SLV). Ahora, para el 2018 se nota una mejoría en los indicadores en países como República Dominicana y El Salvador, mientras que en Panamá y Honduras se observan aumentos más leves de la participación en los ingresos del 20 % más pobre. En el caso de Sudamérica todos los países mejoraron al cabo de 10 años salvo Brasil, donde la participación en el ingreso del 20 % más pobre se redujo en un 0.1 %; cabe destacar que los países de dicha región tienen mejor desempeño en el indicador que los de Centroamérica y el Caribe.

La participación de los ingresos del 20 % más rico en el año 2008 es de un 54.27 % en promedio, siendo que casi todos los países —con la excepción de Argentina, que para el periodo se encuentra en un 49.4 %— la participación del 20 % más rico sobrepasa el 50 %. Para el 2018 algunos países, como es el caso de El Salvador (de 52.5 % en 2008 a 45.3 % en 2018), Perú (51.8 % a 47.9 %) y Uruguay (50.8 % a 45.9 %), la participación se redujo por debajo de los 50 puntos. Por último, en Brasil se redujo la participación en el ingreso del 20 % más rico de 58.6 % a 58.3 %, siendo una reducción de 0.3 % en 10 años.

La evolución del gasto del turismo internacional en Centroamérica durante el periodo 2002-2019 indica que, de manera general, ha sido de progresivo aumento, donde se destacan Panamá (PAN), Costa Rica (CRI) y República Dominicana (DOM).

La región de Sudamérica muestra similar tendencia, destacándose Brasil y Argentina que son economías de mayor tamaño en términos del PIB, a diferencia del resto de los países, pero que muestran una caída de dichos ingresos a partir del 2015, lo cual se debe, en el caso de Brasil, al desplome de la economía en aquel año y, a partir del 2017, en el caso argentino.

Comparando la región de Sudamérica en indicadores de institucionalidad, durante el periodo 2007-2011 y el periodo 2012-2016, se ilustra que han mejorado los mecanismos de participación política, dado que el rango intercuartílico disminuyó en la región, aunque hay datos atípicos que se encuentran por encima de los 75 puntos de 100 en el indicador. En cambio, el indicador de control de corrupción muestra una disminución en el 2007-2016 en comparación con el periodo 2007-2011 en la región. De manera similar, en Centroamérica y el Caribe se registra una disminución de la tendencia central —en términos de la mediana— del control de la corrupción de un periodo a otro; pero la gran mayoría de los países de la región se sitúan entre 20 a 45 puntos en el indicador para el periodo 20122016. En cambio, la participación política en Centroamérica y el Caribe, si bien la tendencia central en ambos periodos de observación se sitúa por los 53.99 puntos, el rango intercuartílico entre periodos se modificó, pasando de 50.48 a 66.83 puntos en el periodo 2007-2011, a rondar los valores entre 47.41 a 64.5, indicando que algunos países de la región se colocaron por debajo de la tendencia central para el periodo 2012-2016.

Estimaciones del modelo econométrico

En la tabla 2 se encuentran los resultados de las regresiones, donde, en todas las especificaciones, la variable dependiente rezagada es significativa tanto en los modelos dinámicos con errores estándar corregidos por heterocedasticidad como el que corrige por sesgo de Nickell. Ln(PIB)_it presenta significatividad en todas las especificaciones y con signos esperados, donde el crecimiento per cápita tiene un efecto redistributivo, disminuyendo —en el corto plazo— la participación en el ingreso del 20 % más rico.

En el corto plazo, el turismo interactuando con las instituciones participativas genera un aumento en la participación del ingreso del 20 % más rico, mientras que, en el corto plazo, la interacción entre los mecanismos de transparencia y la actividad turística no generan una disminución significativa de la participación en el ingreso del 20 % más rico. La dirección del efecto y la significatividad de los coeficientes no cambia, aun corrigiendo por sesgo de Nickell, aunque sí cambia el tamaño de los coeficientes.

En la tabla 3 se muestran los resultados de las regresiones de panel dinámico para la variable participación en el ingreso del 20 % más pobre. La variable dependiente rezagada es significativa en todas las especificaciones. El Ln(PIB_pc)_it es significativo y con signos esperados, indicando que el crecimiento económico tiene un efecto redistributivo en el corto plazo en la participación en el ingreso del 20 % más pobre.

A su vez, la interacción de la participación política y los ingresos del turismo tienen un efecto negativo y significativo en el corto plazo, mientras que la interacción entre la mejora en mecanismos de transparencia —operativizado por el índice de control de la corrupción— no genera un efecto significativo en el corto plazo en la participación del ingreso del 20 % más pobre, tanto en la especificación de forma reducida con panel de errores estándares corregidos, como la que corrige por sesgo en datos de panel dinámico con transformación de efectos fijos. Los test de diagnóstico para las especificaciones (4) y (5) arrojan que los modelos no sufren de autocorrelación serial ni correlación contemporánea.³

Relación de largo plazo en las variables. Estimar los coeficientes de interés en el largo plazo (β_lp) para modelos con un rezago se hace mediante:  ${\beta }_{\mathrm{l}p}=\beta x_{it}/1-y_{it-1}$ , donde x_it es la variable explicativa de interés, mientras que y_it-1 se refiere a la variable dependiente con un rezago.

En el largo plazo, el PIB per cápita tiene efecto en disminuir la participación en el ingreso, mientras que la interacción de los ingresos del turismo con mecanismos de control de corrupción y de participación política no tienen un impacto en el largo plazo en disminuir la participación en el ingreso del 20 % más rico.

Para el modelo, en el cual la variable dependiente es la participación en el ingreso del 20 % más pobre, hay similitud en los resultados; la interacción entre el turismo y la participación, aunque tienen signos esperados, su impacto no es significativo en términos estadísticos. Un crecimiento del PIB per cápita está asociado a un aumento en la participación de los ingresos del 20 % más pobre.

Conclusiones

El presente trabajo busca indagar en el efecto que genera —de manera simultánea— la participación, los mecanismos de transparencia y el turismo en la desigualdad en países de Latinoamérica. Con base en los resultados y los argumentos mostrados por Finot (2002; 2007), la participación política no genera los resultados esperados que sí se han visto en otros países, en cuanto a reducciones de las desigualdades. Además, basado en lo considerado por Acemoglu y Robinson (2008), Acemoglu, et al. (2021), la persistencia de la desigualdad sucede a pesar de la actividad turística y, como mecanismo de transmisión ante este fenómeno, son instituciones deficientes que no impactan adecuadamente en personas de bajos ingresos, pero sí en el quintil de mayor ingreso, ya que los mecanismos participativos y de transparencia poco eficaces y el oportunismo de las élites han dado como resultado que la descentralización política no genere un impacto real en la desigualdad. Esto es consistente con lo expuesto por Levitsky y Murillo (2012), en donde los problemas de diseño institucional y la volatilidad institucional no permiten un buen enforcement institucional en la región latinoamérica. La prueba de ello es que el turismo aumente la participación de los ricos y disminuya la de la gente empobrecida en el corto plazo.. En el largo plazo ni la participación política ni los mecanismos para evitar prácticas de corrupción —aún controlada por la heterogeneidad inobservable que puede contemplar, por ejemplo, las diferencias en el nivel de descentralización política y su capacidad de respuesta ante problemas de los territorios de los respectivos países— redistribuye la riqueza de manera adecuada. Esto corrobora la necesidad de pensar en la corrupción más allá de generar regímenes de consecuencias fuertes, sino también que la lucha contra la corrupción —siguiendo a Banerjee et al. (2009)— implica un cambio del ecosistema, donde la región pase a tener una institucionalidad menos volátil y con mayor efectividad, para que así la participación política involucre de manera adecuada a las personas empobrecidas en el sector turismo.